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El Gobierno socialista de Portugal supera la crisis política con sus socios de izquierda apoyado por la derecha

Miles de profesores llegados de todo Portugal llenaron el pasado mes de marzo el centro de Lisboa para protestar contra la ley sobre la actualización del salario de los profesores, que hoy ha sido rechazada en el Parlamento luso.

EFE

El Gobierno socialista de Portugal ha superado este viernes la crisis política abierta en el país con ayuda de la derecha, que cambió su voto y no permitió que la polémica ley sobre el salario de los profesores fuese aprobada en el Parlamento.

Los socialistas y los dos partidos conservadores, el PSD (centro-derecha) y el CDS-PP (democristianos), se han unido en la Cámara para tumbar la medida, que buscaba contabilizar de forma íntegra la antigüedad de los docentes, incluidos más de nueve años congelados durante la crisis.

Tras la reculada de la derecha, la ley solo ha recibido el apoyo de los socios de la izquierda radical del Gobierno socialista –Bloque de Izquierda, comunistas y ecologistas– y no ha sido aprobada.

“Fue una victoria de la responsabilidad”, ha asegurado el primer ministro, el socialista António Costa, durante una declaración al país tras la votación en la que ha dado por cerrada la crisis de gobierno.

El propio Costa desató la tormenta política hace una semana cuando amenazó con dimitir, a cinco meses de las elecciones, si la ley de los profesores era aprobada en la votación final en la Asamblea de la República.

La amenaza llegó después de que los socialistas se quedasen solos en la comisión de Educación, donde el resto de partidos votaron a favor de la propuesta para enviarla a la votación final en el pleno.

Sin embargo, tras la amenaza de Costa, la derecha anunció que votaría en contra si la medida no incluía una salvaguarda financiera que asegurase la estabilidad del país y, después de que el resto del Parlamento no aceptase esta condición, finalmente cambió de sentido su voto.

“Creo que los portugueses quedaron perplejos con la votación del PSD y el CDS en la comisión”, consideró este viernes Costa, que ya había criticado duramente la posición de la derecha durante la última semana por apoyar la recuperación íntegra de la antigüedad de los profesores cuando en el pasado no la habían defendido.

El Gobierno portugués alega que no es posible contabilizar todo el tiempo de servicio de los docentes porque pondría en peligro las cuentas públicas y la credibilidad del país, postura en la que volvió a insistir Costa este viernes.

“La única preocupación que tuvimos fue evitar al país una crisis financiera y de la credibilidad externa”, defendió el primer ministro, que no quiso comentar si sale reforzado de la crisis, como parecen indicar los sondeos.

Una encuesta publicada esta semana por medios locales apuntaba a que el 57 % de los portugueses consideran que el Gobierno lleva la razón en el conflicto, mientras que el 32,9 % piensan que la tienen los otros partidos.

La derecha, no obstante, considera que el Ejecutivo de Costa creó “artificialmente” la crisis con la amenaza de dimisión y que con ello “perjudicó la gobernación del país”.

“El país quedó agotado en discusiones estériles y poco serias”, afirmó el líder parlamentario del PSD, Fernando Negrão, a la salida de la votación, cuando negó que hayan actuado como la “muleta” del Gobierno al votar en contra de la norma.

La caída de la ley mantiene en vigor el decreto aprobado por el Ejecutivo, que sólo reconoce dos años, nueve meses y 18 días del tiempo de servicio de los profesores, el periodo que considera viable financieramente.

Sin embargo, el fin de la crisis política no acaba con el conflicto con los docentes, que siguieron la votación desde las galerías del Parlamento y acompañaron después la salida de los diputados con gritos de “mentirosos” y “ladrones”.

El secretario general de la Federación Nacional de Profesores (Fenprof), Mário Nogueira, el principal rostro de las reivindicaciones de los docentes, aseguró a la prensa a su salida de la Asamblea de la República que van a continuar la lucha y que “el Partido Socialista y el Gobierno lo van a pagar muy caro”. EFE

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