“Hemos retrocedido a leyes casi medievales”: la escalada represiva de Meloni enciende las alarmas en Italia
Las protestas por el encarecimiento del coste de la vida y los disturbios de este otoño en ciudades del norte de Italia han desatado una nueva ola de medidas represivas por parte del Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, acusado de abocar al país a una deriva autoritaria y una erosión cada vez mayor de derechos por los partidos de la oposición, grupos de derechos humanos y juristas.
La última arremetida se dio el 21 de octubre, cuando el Ejecutivo aprobó un decreto ley que extendió a los menores de edad las medidas de retención preventiva ya aprobadas en febrero para adultos, como respuesta al asalto de comercios en Milán del 17 y 18 de octubre. La norma es de las más severas entre los países europeos con modelos similares y da amplios poderes a la policía para retener a personas que no cometieron delitos, lo que, según los críticos, supone una restricción grave de las libertades fundamentales y el derecho a la protesta.
El decreto ley incluyó el despliegue de 500 militares, que el Gobierno mandó a Milán tras los disturbios del 17 y 18 de octubre, algo que los opositores consideraron más bien una demostración de fuerza de carácter electoralista. Ante la convocatoria de más protestas en toda Italia el 24 de octubre, agentes desplegados en varias ciudades prácticamente blindadas por el dispositivo de seguridad comenzaron a aplicar las medidas restrictivas del nuevo decreto.
Según denuncia la red de defensa civil Hub for Defenders, los agentes llevaron a cabo identificaciones y retenciones en comisaría por motivos racistas o discriminatorios, como llevar indumentaria negra o la kufiya, el pañuelo tradicional vinculado a la solidaridad con la causa palestina, muy visible en las movilizaciones estudiantiles e izquierdistas de estos últimos tiempos en la Italia de Meloni.
Menores retenidos
El 24 de octubre, los agentes pararon a más de 5.000 personas para identificarlas y retuvieron a unas 370 de forma preventiva, de las cuales 110 eran menores de edad, según cifras de la prensa local. El Ejecutivo buscó evitar más brotes de disenso tras la convocatoria de protestas a través del Movimento 17 Ottobre, grupo surgido días antes por redes que ganó mucho peso en menos de una semana, hasta que su organizador fue detenido y acusado de incitación a la violencia organizada y a delinquir con finalidad terrorista.
Uno de los afectados fue Giovanni, estudiante de 16 años de Roma, quien pide ser identificado con un nombre ficticio por temor a represalias. Estuvo retenido junto a otros cuatro amigos en una comisaría casi tres horas, después de que los agentes les identificaran y cachearan en el centro de la capital, donde los chicos esperaban para saber desde dónde partirían las manifestaciones en un sábado con múltiples marchas paralelas. Ese día, los agentes paraban e identificaban a muchas personas racializadas, según observó elDiario.es.
“Cuando nos registraron, un agente vio que una amiga llevaba una kufiya en el bolsillo y se lo dijo a su jefe como si fuera un petardo, un cuchillo o drogas, algo que justificara retenernos”, cuenta Giovanni a elDiario.es. Añade que otra amiga llevaba una braga de cuello, un tipo de prenda por la que la policía paró esos días a mucha gente. Los agentes se llevaron a comisaría a los cinco estudiantes, tres de ellos menores y alumnos del Instituto Pilo Albertelli, en el corazón de Roma, sin ofrecerles explicaciones.
Tuvimos una terrible sensación de impotencia. No habíamos hecho nada, pero no podíamos negarnos a ir a comisaría porque habría supuesto resistencia a la autoridad
“Pregunté al agente de paisano que nos paró la razón de todo eso. No nos podían parar por llevar un calentador de cuello o una kufiya. Insistí, pero vi que se acercaba otro agente con la porra en su mano que se me quedó mirando fijamente de camino a la comisaría. No nos tocaron, pero fueron muy agresivos”, denuncia el joven. “Una compañera se puso a llorar por la ansiedad. Tuvimos una terrible sensación de impotencia. No habíamos hecho nada, pero no podíamos negarnos a ir a comisaría porque habría supuesto resistencia a la autoridad”, agrega.
Antes de llegar a la comisaría, los cinco estudiantes avisaron por teléfono a sus padres, pero los agentes no permitieron la entrada a los progenitores hasta casi dos horas más tarde, lamenta Giovanni, que percibe la actitud de las autoridades como “una declaración de guerra” contra cualquier forma de disidencia. En total, asegura que estuvieron unas tres horas retenidos, en lo que ve como “un secuestro” que limitó su derecho a protestar.
“Severas restricciones de libertad”
La historia de Giovanni es similar a la de otras personas que en algunos casos sufrieron incluso abusos más graves, alega a elDiario.es Lorenza Fiaschetti, una de las coordinadoras de Hub for Defenders (Polo para defensores), una red formada por varios grupos de derechos humanos de Italia que ofrece acompañamiento y asistencia legal.
Fiaschetti denuncia que uno de los aspectos más preocupantes es que “la retención preventiva se aplica ante una presunta peligrosidad, por la cual pueden llevarte a comisaría sin que hayas cometido ningún delito ni seas investigado”. Puede extenderse hasta 12 horas, y en casos excepcionales, 24 horas. Indica que, por el momento, se ha aplicado “sobre todo para impedir la participación en protestas, no para prevenir delitos”. La medida buscar crear “un efecto disuasorio” y puede implicar “severas restricciones de libertad” para que “una persona se lo piense dos veces antes de salir a manifestarse”, lamenta la coordinadora. Sin embargo, resalta que muchas de las personas retenidas de las que Hub for Defenders tiene constancia no preveían participar en ninguna de las manifestaciones.
Más allá de la kufiya, “algunos fueron retenidos por llevar capucha negra o bien por motivos raciales”, tanto menores como mayores de edad, como es el caso de un británico que visitaba Milán el 24 de octubre. “Era un turista que vino para ver un partido de fútbol. Estaba en el centro cuando fue llevado a comisaría, donde lo retuvieron 23 horas. Iba con dos amigos blancos. A ellos no les hicieron nada, solo se lo llevaron a él, que es negro. Le acabaron liberando sin cargos, porque obviamente era inocente”, cuenta Fiaschetti. Según denuncia, no se le proporcionó traductor, por lo que “no entendió nada”, y tenía marcas de las esposas en las muñecas.
La sección italiana de la ONG Amnistía Internacional (AI), que forma parte de Hub for Defenders, cuestiona también la legitimidad de estas retenciones desde que se aprobaron en febrero, así como que se extendiera la medida a los menores. Denunció que genera “preocupación respecto a su necesidad, proporcionalidad y protección del interés superior del niño”. La Asociación Nacional de Magistrados, que aglutina a jueces y fiscales italianos, también consideró que contraviene la Constitución del país y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Según Fiaschetti, en octubre hubo menores que estuvieron retenidos entre siete y 12 horas. “En muchos casos no se notificó a sus padres, que solo supieron dónde estaban sus hijos por la geolocalización de sus teléfonos”, agrega, resaltando que la policía no avisó a los progenitores pese a que está obligada a hacerlo porque son menores.
Más mano dura
El Gobierno de Meloni ha aprobado ocho paquetes legales en materia de seguridad desde 2022. Con ellos creó más delitos, agravó sanciones y endureció penas de cárcel, una realidad que la entidad en defensa de los derechos de los presos Antigone ha calificado de “estado perpetuo de expansión punitiva”. Según datos de la ONG, el Ejecutivo introdujo más de 55 nuevos delitos y leyes complementarias, unas 60 circunstancias agravantes y más de 65 endurecimientos de penas, con cambios significativos en el código penal y las normas de orden público. Durante los pasados cuatro años de gobierno de la líder ultraderechista, los presos en las cárceles italianas aumentaron un 17%, mientras que la población menor de edad en situación de reclusión subió en torno al 50%.
Ante esta realidad, grupos de la sociedad civil ven el decreto ley aprobado en octubre como la preocupante culminación de una deriva iliberal inaudita en la democracia parlamentaria surgida en Italia tras el final del fascismo. Cuando se aprobaron las recientes medidas, los destrozos de comercios en el llamado 'cuadrilátero de la moda' de Milán impregnaban el discurso del Gobierno sobre seguridad. Los saqueos a negocios de la capital financiera italiana el fin de semana del 17 y 18 de octubre llevaron a identificar y denunciar a 273 personas, el 80% de ellas menores. Finalmente, 32 implicados en los incidentes fueron arrestados formalmente, de los cuales 23 eran menores.
Antes de los acontecimientos de Milán, el Ejecutivo estaba tramitando un proyecto de ley para la retención de menores y aceleró su aprobación por decreto después de aquellos disturbios. El paquete de medidas incluyó un nuevo delito sobre la participación violenta en manifestaciones. “Si en una marcha o manifestación te unes a un grupo de cinco o más personas y te pones a lanzar piedras, petardos o palos, poniendo en riesgo la seguridad de todos, te expones a penas de hasta cinco años de prisión y multas de 20.000 euros”, anunció la propia Meloni por redes sociales.
Las penas aumentan para quiénes lleven el rostro cubierto, causen heridas a otros o provoquen destrozos en grupo, y también se puede procesar de oficio a los acusados de herir a policías que prestan servicio. El decreto va un paso más allá al establecer que los menores de entre 14 y 17 años son imputables penalmente, a no ser que sus abogados logren demostrar lo contrario, una medida que invierte el criterio legal vigente y que ha sido blanco de las críticas por parte de grupos que creen que con ella se violan los derechos de los niños.
También se podrán imponer multas de entre 500 y 1.000 euros a los padres de menores que cometieron actos violentos contra personas o bienes, incluso si se determina que no se puede imputar judicialmente al menor. A su vez, se permite el arresto diferido —que no se produce cuando el delito se comete in fraganti, sino después— para casos de saqueos, ataques a instalaciones de uso público o participación violenta en manifestaciones. Para estos casos, se podrán adoptar procesos judiciales acelerados tras la obtención previa de pruebas como vídeos.
Para Patrizio Gonnella, presidente de Antigone y docente de Sociología del Derecho en la Universidad Roma Tre, los decretos de estos años son “los mayores ataques a la libertad de manifestación” en la historia de la República italiana, creada en 1946 con unos fuertes valores democráticos, que reforzó posteriormente la Constitución de 1948. “Hemos retrocedido a una legislación casi medieval”, por la que se aplica a los menores “un sistema mucho más duro, más similar al que se aplica a los adultos”, agrega el experto. Gonnella alerta de que la retención preventiva de menores “es peligrosa” y “puede ser terriblemente traumática”.
El discurso centrado en la seguridad, la mano dura contra la delincuencia o el mantenimiento firme del orden público han sido claves en la agenda de Meloni desde que llegó al poder. Las movilizaciones de colectivos diversos que salieron a protestar en distintos puntos del país en octubre —cuando se produjeron disturbios en ciudades como Turín o los saqueos en Milán— rompieron con la imagen de disciplina y orden que busca proyectar Meloni, que según los críticos busca mantener la mano dura en un contexto electoral, a la espera de los comicios generales de 2027, para los que aún no hay fecha.
0