De la esperanza a la frustración: solicitantes de asilo que obedecieron las reglas de Trump quedan ahora descalificados por sus nuevas directrices
La administración de Trump ha declarado por un largo tiempo que existe una forma correcta para pedir asilo en los Estados Unidos: llegar a un punto de entrada oficial en la frontera e invocar ese derecho de acuerdo con las leyes estadounidenses de protección humanitaria.
Sin embargo, hoy en día, a miles de personas se les impide entrar al país, precisamente por haber obedecido esas reglas.
De acuerdo con una política emitida por la administración la semana pasada, la mayoría de los migrantes que han atravesado un tercer país, México, por ejemplo, no tendrá permitido ni siquiera solicitar asilo en un cruce fronterizo oficial.
Lo anterior incluye a miles de solicitantes de asilo provenientes de países como Cuba, Venezuela y Camerún, quienes ya esperaban en ciudades fronterizas mexicanas para poder cruzar en puntos de entrada estadounidenses cuando la nueva reglamentación entró en efecto.
Debido a que la administración de Trump ha limitado estrictamente la cantidad de solicitantes de asilo permitidos en la mayoría de los puertos de entrada más activos de la frontera México/EE.UU., dichos migrantes se han ido inscribiendo en listas de espera no oficiales aparte de esperar meses para entrar legalmente a Estados Unidos con esa calidad migratoria.
Una de las consecuencias no muy notadas de la nueva política es que muchas de las personas que decidieron no entrar ilegalmente al país, ahora pagan un precio adicional por haber obedecido las reglas. Si hubieran entrado a los Estados Unidos ilegalmente al llegar, sus peticiones de asilo habrían sido por lo menos escuchadas de acuerdo con las reglas en vigor en ese tiempo. Pero, al optar por posponer su entrada al país para activar su derecho de asilo, quedan ahora sujetos a nuevas pautas que los regirán cuando en efecto entren, reglas que descalificarán a casi todos.
La administración los hizo esperar. De hecho, durante las últimas semanas el gobierno ha admitido a menos solicitantes de asilo hasta en el cruce fronterizo más ocupado de todos, San Ysidro, California. En nueve de los catorce días anteriores a la implementación de la nueva regla, no se permitió que ningún buscador de asilo pasara al puerto de entrada, según Ryan Krause, observador de derechos humanos del organismo de abogacía Al Otro Lado.
Con la nueva reglamentación se erigió un muro frente a cualquier buscador de asilo no mexicano que haya esperado.
Esa nueva reglamentación ya enfrentó retos a nivel judicial en audiencias llevadas a cabo esta semana en juzgados federales de Washington, D.C. y el Distrito Norte de California. Los defensores de los derechos de migrantes dicen que eso ocasionará que personas víctimas de persecución sean deportadas a sus países de origen, en contravención de las leyes internacionales. La administración de Trump declara que sí está cumpliendo con estas al permitir que los migrantes pidan un amparo humanitario de menor grado llamado “aplazamiento de la expulsión”, para la cual es más difícil calificar aun si se le ha vetado el asilo a la persona.
Mark Morgan, comisionado suplente de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, incluso señaló que la administración de Trump espera que un juez federal suspenda la regla en lo que el tema se somete a evaluación jurídica.
La reglamentación ya tiene efectos en la vida real en el lado mexicano de la frontera, ya que aumenta la frustración que ya sienten los migrantes atorados en las ciudades fronterizas, indican los defensores de los derechos. También ha elevado la posibilidad de que los migrantes que han estado esperando pacientemente en la frontera, sencillamente se den por vencidos y crucen ilegalmente.
La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza no respondió a nuestra solicitud de comentarios acerca de cómo la reglamentación nueva les corresponderá a migrantes que ya esperan en los puertos de entrada, ni tampoco a preguntas acerca de los motivos por los cuales los funcionarios en esos lugares aceptaron menos solicitantes de asilo que de costumbre durante las semanas anteriores al cambio súbito en los reglamentos.
“Entiendo su frustración”, comentó a ProPublica Enrique Valenzuela del Consejo Estatal de Población en Ciudad Juárez, México. “Las personas que han esperado dos o tres meses dicen: ‘¡Oigan! ¡Hemos estado esperando aquí! No cruzamos por otro lugar. No nos están dando la parte buena del trato’”.
Los migrantes que accedieron a esperar son los que tienden a confiar más en el sistema y a preocuparse por hacer las cosas a través de los mecanismos legales ya establecidos. “La gente dice: ‘Yo estoy aquí haciendo las cosas legalmente. Confío en que las cosas se pondrán mejor. Todo lo que puedo hacer es esperar’”, agregó Krause. “Ya atravesaron diez países africanos y selvas panameñas. Muchos han sido víctimas de robo, o han visto morir a sus amigos en el camino. Quizás ellos mismos por poco escaparon la muerte. Han vivido penurias espantosas y una trayectoria increíblemente ardua. No se les sacudirá fácilmente con el proceso de aquí”.
Aun así, la regla nueva es lo más reciente que se les presenta para desgastarles la determinación.
Limitar la cantidad de solicitantes de asilo a quienes se les permita cruzar en un puerto de entrada diariamente, práctica conocida como calibración (metering, en inglés), es algo que se viene haciendo bastante en muchos cruces fronterizos, desde 2018, sobre todo en lugares altamente congestionados como El Paso, Texas y San Ysidro.
Aduanas y Protección Fronteriza, organismo encargado de supervisar dichos puertos de entrada, insiste que estos sencillamente carecen de recursos para procesar a todos los solicitantes de asilo que desean entrar al mismo tiempo. Cada puerto tiene, por ejemplo, una cantidad limitada de celdas provisionales. La capacidad varía considerablemente de puerto a puerto, y de un día a otro; y, los funcionarios deben equilibrar su deber de procesar solicitantes de asilo con tareas adicionales como inspeccionar vehículos para detectar drogas.
Muchos defensores de los derechos humanos señalan que eso no importa, sino que el gobierno tiene la obligación de permitir que la gente pida asilo. Grupos dirigidos por Al Otro Lado presentaron una demanda en el sur de California para desafiar el mecanismo de calibración, aunque el caso no ha avanzado tan rápido como las demandas de mayor perfil en contra de las políticas migratorias.
El gobierno estadounidense no selecciona a quién le permite cruzar en cierto momento. Los funcionarios solo informan a sus contrapartes en México la cifra de personas que tendrán permitido pisar suelo en los Estados Unidos. Las autoridades mexicanas, los organismos de sociedad civil y los propios solicitantes de asilo, se encargan de lo demás. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, la lista administrada por el Consejo Estatal de Población cuenta actualmente con unos 5,500 nombres.
Aunque las listas más largas son las de esa ciudad (frontera con El Paso) y de Tijuana (frontera con San Diego y el puerto de entrada de San Ysidro), existen otras listas de espera con cientos de personas hasta en poblados pequeños fronterizos con puertos de entrada menos importantes. Por ejemplo, actualmente hay unos cuatrocientos migrantes que esperan en los albergues de Piedras Negras, Coahuila, para poder cruzar la frontera en Eagle Pass, Texas.
Algunos son mexicanos, pero muchos provienen de otros países por lo que quedan dentro de la nueva prohibición de asilo.
Krause agregó que, durante los seis días después de entrar en vigor la nueva política, en el puerto de entrada de San Ysidro se le permitió la entrada a aproximadamente treinta a cuarenta migrantes no mexicanos. Se trató más bien de extranjeros de países como Camerún, Haití, Eritrea y Venezuela, así como de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador). Todos llegaron a Tijuana durante la primera semana de abril, habiéndose inscrito en la lista de espera entre el 2 y el 6 de ese mes.
Cualquiera de ellos habría podido cruzar antes del 16 de julio si los funcionarios del puerto de entrada de San Ysidro los hubieran admitido al llegar, o si se hubiese mantenido el ritmo de las entradas de la primavera de 2019, cuando se admitía un promedio de cuarenta personas diariamente.
Fue en el verano, hacia mediados de junio, cuando la cantidad de admisiones disminuyó de manera drástica. Entre el 1º y 15 de julio, se admitió un promedio de seis solicitantes de asilo por día, dijo Krause; y, cuando las cantidades se volvieron a agilizar la semana pasada, los migrantes admitidos quedaron sujetos a la reglamentación nueva. Por lo menos los no mexicanos.
El gobierno estadounidense no se encarga de organizar las listas de espera y ninguno de los inscritos cuenta con protección alguna como buscador de asilo. Las listas son simplemente un esfuerzo, a menudo instigado por los mismos solicitantes de asilo, para tratar de poner orden en el proceso. Incluso en algunos lugares las listas ahora están siendo gestionadas por otras instituciones como el Consejo Estatal de Población en Juárez.
Entretanto, los puertos de entrada añadieron otra exigencia a estos recursos limitados, al devolver solicitantes de asilo a México después del trámite inicial, con el fin de que esperen allí hasta sus audiencias en el tribunal de migración bajo el programa de la administración de Trump conocido como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, Migrant Protection Protocols).
Veinte mil solicitantes de asilo fueron devueltos a México desde que se implementaron los MPP en enero, con la mayoría de estos enviados en los últimos meses cuando el programa se amplió agresivamente. Sus peticiones de asilo avanzan en los tribunales de migración estadounidenses, pero los peticionarios en sí tienen permitido entrar a los Estados Unidos únicamente para presentarse a sus audiencias. Comparecen en el puerto de entrada en la fecha programada y se les escolta cuando entran al país. Luego son devueltos al terminar el trámite con instrucciones de regresar en la fecha de la siguiente audiencia.
Un vocero del Departamento de Justicia confirmó a ProPublica que los solicitantes de asilo que hayan entrado por primera vez a los Estados Unidos antes del 16 de julio, no quedarían sujetos a la nueva reglamentación de asilo aunque hayan estado en México cuando las pautas nuevas entraron en vigor dentro de los MPP.
Exactamente el mismo personal y los mismos espacios utilizados para procesar solicitantes de asilo nuevos, se usan ahora para mover de ida y vuelta a personas con casos de asilo existentes. “Optaron por utilizar la capacidad limitada de la CBP para procesar el regreso de la gente”, dijo Kennji Kizuka de la organización Human Rights First.
Muchos migrantes deciden no esperar. En Juárez, Valenzuela, del Consejo Estatal de Población, señaló que es probable que de mil a cinco mil quinientas personas inscritas actualmente en las listas de espera ya hayan cruzado ilegalmente a los Estados Unidos.
Existen motivos persuasivos para tratar de pasar por un puerto de entrada. En primer lugar, la administración aún espera restablecer la reglamentación emitida en octubre que prohibiría el asilo a personas que crucen ilegalmente. Esa pauta fue suspendida judicialmente varios días después de su emisión, y su apelación será escuchada en el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de EE.UU. el próximo otoño.
Sin embargo, la mayor lentitud de las admisiones durante las semanas previas a la nueva reglamentación (sobre todo en Tijuana), seguida por la modificación súbita que descalificó a una gran cantidad de solicitantes de asilo en forma retroactiva, son elementos que han creado confusión, frustración y hasta desesperación, agregó Krause.
Hay quienes “evalúan de alguna forma la posibilidad de cruzarse antes de que se haga más difícil”, dijo Valenzuela. “Yo les pido constantemente que sean pacientes, que mantengan la calma. Pero es difícil convencerlos cuando ya llevan esperando dos o tres meses”.
Los organizadores se topan ahora con la tarea de aconsejar paciencia a migrantes que vociferan enojados con videos en los medios sociales, o que acuden a ellos para tratar de entender los rumores de los cambios que se avecinan en las leyes que obstaculizarán aún más su entrada a los Estados Unidos. Cambios como lo dictado la semana pasada.
“La gente ha perdido la fe en el sistema y en confiar en el proceso”, indicó Krause acerca de los migrantes que esperan en Tijuana. También señaló que incluso últimamente escucha muchas más preguntas acerca de cómo funcionan las leyes canadienses.
Actualización del 25 de julio de 2019: El pasado miércoles, el juez Jon S. Tigar del Distrito Norte de California, dictó una orden para prevenir temporalmente que la administración de Trump descalifique a extranjeros no mexicanos para pedir asilo en base a la reglamentación del 16 de julio. El dictamen del Juez Tigar menciona específicamente la manera que esa nueva regla podría afectar negativamente a migrantes que se encuentren esperando en los puertos de entrada (refiriéndose a un artículo escrito por esta misma reportera para otro medio con el tema de la política de “calibración”, metering, en inglés). El juez también señaló que, de acuerdo con esa regla, quienes hayan esperado en México durante más de treinta días para pedir asilo en algún puerto de entrada de los Estados Unidos, quedarían impedidos para solicitar asilo tanto en ese país como en México:Actualización del 25 de julio de 2019:dictamen del Juez Tigar un artículo escrito por esta misma reportera para otro medio
El acta administrativa contiene evidencia de que el gobierno implementó una política de calibración (metering*, en inglés) que "obliga a los migrantes a esperar semanas o meses para poder pisar suelo estadounidense y ejercer su derecho de pedir asilo". AR 686.
El acta indica también que México exige que los refugiados en busca de protección presenten su petición al respecto dentro de los treinta días de haber entrado al país. AR 703. En el caso de los solicitantes de asilo que hayan renunciado a su habilidad para buscar protección en México, pero que quedaron siendo víctimas de la política de calibración del gobierno estadounidense, la justicia pesa en forma particularmente fuerte a favor de la imposición de una regla que ahora descalificaría su petición de asilo en base de una política potencialmente ilícita.*
El dictamen permanecerá en efecto en lo que el Juez Tigar evalúa el caso con mayor profundidad para tomar una decisión final, a menos de que la administración de Trump logre que esta orden provisional sea revertida por apelación. El jueves, la Casa Blanca emitió un comunicado para informar que: “Tenemos la intención de perseguir todas las opciones disponibles para abordar esta orden sin mérito y para defender las fronteras de la Nación”, lo cual sugiere que dicha apelación se avecina. Los solicitantes de asilo que optaron por esperar en puertos de entrada no podrán aún saber a ciencia cierta si las reglas cambiarán nuevamente antes de que se les permita entrar a territorio estadounidense.comunicado
Traducido por Mati Vargas-Gibson
Este artículo fue publicado originalmente en ProPublica. Puedes leer el original aquí.ProPublicaaquí
