El Gran Hermano ruso: el país aprueba una ley que reduce las libertades y la privacidad
El Parlamento ruso ha aprobado duras medidas antiterroristas que varios activistas de derechos humanos, como el filtrador de la NSA Edward Snowden, dicen que reducirán las libertades personales y la privacidad.
La cámara baja del Parlamento aprobó este viernes, por 325 votos frente a uno, la “ley Yarovaya”, un paquete de enmiendas propuestas por Irina Yarovaya, miembro del partido gobernante, United Russia. Esta diputada es conocida por anteriores medidas severas contra los manifestantes y las ONG.
Snowden, que vive en Rusia desde que recibió asilo en 2013, tuiteó este sábado que la “ley del Gran Hermano” es una “violación de derechos inviable e injustificable que quitará dinero y libertades a todos los rusos sin mejorar la seguridad”.
La ley convierte en delito no avisar a las autoridades de información “fiable” sobre planes de atentados terroristas, revueltas armadas, secuestros y otros crímenes. Expresar en Internet aprobación hacia el terrorismo se podrá castigar ahora con hasta siete años de cárcel.
Esta legislación también obliga a los proveedores de teléfono e Internet a almacenar grabaciones de todas las comunicaciones durante seis meses y todos los metadatos durante tres años, así como a ayudar a los servicios de inteligencia a descodificar servicios de mensajería encriptada. Las empresas de telecomunicaciones se han quejado de que suelen ser los usuarios y no los proveedores quienes poseen las claves de cifrado y de que almacenar tal cantidad de información requerirá nuevas y costosas infraestructuras.
También parece que la ley carga contra los opositores al Kremlin y los manifestantes. La pena máximo por extremismo, un cargo cada vez más utilizado contra los usuarios de redes sociales críticos con la actitud de Rusia en Ucrania, se incrementa de cuatro a ocho años de cárcel. Alentar a la gente a participar en “disturbios masivos” se convierte en un delito punible con entre cinco y diez años de prisión. Otra enmienda restringe el trabajo misionero a zonas designadas específicamente, lo que ha levantado críticas de las instituciones musulmanas, judías y ortodoxas rusas.
Esta ley, aprobada presumiblemente como respuesta al bombardeo de un avión ruso de pasajeros mientras sobrevolaba Egipto el pasado octubre, será aprobada casi con toda seguridad por la cámara alta y sancionada por el presidente ruso, Vladimir Putin.
La directora de programas para Rusia de Human Rights Watch, Tanya Lokshina, la considera un ataque a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia y al derecho a la intimidad y cree que da a las fuerzas de seguridad unos poderes irracionalmente amplios.
“Lo que está haciendo es básicamente restablecer una disposición muy infame de la legislación soviética, y es problemática porque no hay claridad legal”, dice Lokshina respecto a a la obligación de avisar a las autoridades de crímenes planeados por otros. “Está diseñada claramente para aplicarla de forma selectiva”.
Antes de la votación se eliminó una medida que habría permitido retirar la nacionalidad a los rusos por una convicción terrorista o por la pertenencia a un ejército, tribunal o servicio de seguridad de otro país.
Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo
