Israel ha acelerado desde el inicio de la guerra en Gaza la construcción de asentamientos en Jerusalén Este

El gobierno israelí está acelerando la construcción de asentamientos en Jerusalén Este y, desde que comenzó la guerra en Gaza, se han aprobado o avanzado más de 20 proyectos que suman miles de viviendas, según muestran documentos de planificación urbana.

Detrás de los proyectos más polémicos y grandes hay ministerios y agencias del gobierno israelí, a veces en asociación con grupos de la derecha nacionalista conocidos por sus intentos de expulsar a los palestinos de su casa en varias partes de la ciudad.

Es probable que la rápida aprobación o construcción de estos asentamientos que son ilegales según el derecho internacional perjudique aún más la relación de Israel con la Administración de Joe Biden, cada vez más molesta por la actuación del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, cuando han pasado ya más de seis meses desde el comienzo de la ofensiva en la Franja, después de los ataques sorpresa de Hamás del 7 de octubre, en los que murieron 1.200 personas, en su mayoría civiles.

“La celeridad con que han sido tramitados estos planes de construcción en los últimos seis meses no tiene precedente”, dice Sari Kronish, de la organización israelí de derechos humanos Bimkom-Planners for Planning Rights [Planificadores por los derechos de planificación]. “Mientras muchas agencias públicas cerraban sus puertas o limitaban sus funciones tras el 7 de octubre, las autoridades de urbanismo han seguido trabajando, aprobando estos planes a una velocidad inédita”, explica.

Los nuevos asentamientos ofrecerán viviendas a la población mayoritariamente judía en partes de Jerusalén que Israel se anexionó unilateralmente en 1980, y es probable que sean un obstáculo para cualquier intento de crear un Estado palestino viable con el este de la ciudad como capital.

Nuevos asentamientos en medio de una escalada de violencia

La guerra de Gaza ha renovado el interés por la solución de los dos Estados para el conflicto palestino-israelí, tal y como se preveía en los acuerdos de Oslo firmados a principios de los años noventa. En medio de la violencia creciente, Estados Unidos, el Reino Unido, y la Unión Europea han impuesto recientemente sanciones contra colonos israelíes en la Cisjordania ocupada. Human Rights Watch ha denunciado este miércoles que el ejército israelí participó o no protegió a los palestinos de los violentos ataques de los colonos en Cisjordania que han desplazado a personas de 20 comunidades y han desarraigado por completo al menos a siete comunidades desde el 7 de octubre.

“Los colonos israelíes han agredido, torturado y cometido actos de violencia sexual contra palestinos, les han robado sus pertenencias y su ganado, les han amenazado de muerte si no se marchaban permanentemente y han destruido sus hogares y escuelas al amparo de las hostilidades en curso en Gaza. Muchos palestinos, incluidas comunidades enteras, han huido de sus hogares y tierras. El ejército no ha asegurado a los residentes desplazados que protegerá su seguridad o les permitirá regresar, obligándoles a vivir en condiciones precarias en otros lugares”, se lee en un comunicado de la organización.

También el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció el martes que en los últimos meses los palestinos de Cisjordania han sido “objeto de oleadas de ataques por parte de cientos de colonos israelíes, a menudo acompañados o apoyados por las fuerzas de seguridad israelíes”. 

En medio de la escalada de violencia, por primera vez en más de una década, en estos meses han sido aprobados dos asentamientos nuevos en Jerusalén Este por parte de las autoridades israelíes de urbanismo. También seguirá adelante, cuando se complete el período de alegaciones públicas, la ampliación del asentamiento cerrado y de alta seguridad Kidmat Zion, en el corazón del barrio palestino de Ras al-Amud ubicado en la periferia oriental de la ciudad.

La decisión sobre Kidmat Zion llegó apenas 48 horas después del atentado de Hamás del 7 de octubre. De acuerdo con documentos publicados en la web de las autoridades de planificación, el gobierno había sido hecho oficialmente partícipe del proyecto en una audiencia de planificación urbana celebrada un mes antes.

Dos grandes proyectos rodean ahora a la comunidad palestina de Beit Safafa, ubicada en su mayor parte en Jerusalén Este. Uno de ellos, Givat Hamatos, permaneció congelado durante una década debido al rechazo internacional. Tras la reanudación de las obras en 2020, el lugar estaba hace un mes lleno de trabajadores, camiones y maquinaria pesada. En los últimos documentos oficiales de planificación la Autoridad del Suelo de Israel, una agencia del gobierno, figura como “iniciadora” y como “solicitante” del proyecto. El Estado de Israel y el municipio de Jerusalén aparecen en esos documentos como partes interesadas.

Hay planes de construir una segunda gran urbanización, conocida como Givat Shaked, en una parcela de césped y árboles al noroeste de Beit Safafa. Según documentos a los que tuvo acceso The Guardian, la autoridad estatutaria encargada de presentar formalmente el plan es la Autoridad para el Desarrollo de Jerusalén, que pretende “hacer avanzar a Jerusalén como una ciudad internacional líder en el sector económico y en calidad de vida en el ámbito público”. 

En este proyecto, el “iniciador” es el Ministerio de Justicia a través de un organismo conocido como Custodio General, que asume la responsabilidad de los terrenos en los que se construirá Givat Shaked porque entre ellos hay grandes extensiones que antes de 1948 pertenecían a propietarios judíos.

El proyecto de Givat Shaked ha sido fuente de división desde que se propuso por primera vez a mediados de los noventa. El temor de que pusiera en peligro el proceso de paz iniciado en Oslo provocó la indignación internacional y las presiones de Washington para que Israel lo cancelara. Hasta que hace dos años el proyecto cobró nueva vida con la entonces ministra de Interior israelí, Ayelet Shaked, rechazando cualquier pretensión de control palestino sobre Jerusalén oriental y considerando “impensable impedir el desarrollo y la construcción en esta zona, o en cualquier otro lugar de la ciudad”. 

Shaked también subrayó la necesidad de “aumentar la oferta de viviendas” en Jerusalén. Otros partidarios del proyecto afirmaron que los palestinos podrían instalarse en el nuevo “barrio”. El proyecto fue aprobado el 4 de enero de este año.

El plan incluye bloques de gran altura, con 700 viviendas, que ocupan el único terreno en el que la comunidad mayoritariamente musulmana de Beit Safafa, compuesta por 17.000 miembros, podría expandirse para darle casa a sus jóvenes. En este barrio, igual que en otros lugares, los obstáculos burocráticos y otras restricciones suelen impedir que los palestinos construyan viviendas mayores.

“Nuestra familia lleva 250 años aquí... Ahora tengo un agujero negro en el corazón porque no veo cómo podrán hacer aquí su vida mis hijos y mis nietos”, dice Ahmed Salman, de 71 años, presidente del consejo comunitario de Beit Safafa. “Antes teníamos buenas relaciones con el municipio, pero en los últimos años, no; desde la guerra, la vida sigue, pero el plan ha sido aprobado y han desestimado todas nuestras objeciones; hemos presentado recursos pero no soy optimista”.

Hay un tercer proyecto, conocido como Lower Aqueduct, que también está cerca de Beit Safafa y contempla la construcción de un gran asentamiento junto a un barrio palestino. Aprobado en su totalidad el 29 de diciembre, se encuentra entre Jerusalén Este y la parte occidental de la ciudad. Según los documentos el iniciador y el solicitante es la Autoridad de Tierras de Israel.

Una estrategia para socavar la posibilidad de un Estado palestino viable

“Muchos de los planes de asentamiento han sido diseñados estratégicamente para zonas situadas a lo largo del perímetro sur de Jerusalén Este”, dice Amy Cohen, de la ONG israelí por los derechos humanos Ir Amim, con sede en Jerusalén. “Si se construyeran, fracturarían aún más el espacio palestino y crearían un efecto de 'sellado' de Jerusalén Este respecto a Belén y el sur de Cisjordania; estas medidas socavan de manera directa las condiciones necesarias para un Estado palestino independiente viable con una capital contigua en Jerusalén Este”, añade. “Todo eso a la vez que la planificación y la construcción para los palestinos en la ciudad se paraliza por completo”.

Las actas de una reunión de planificación celebrada en septiembre muestran que la oficina del Custodio General fue aceptada como cosolicitante en el plan Kidmat Zion, aunque fue iniciado por una empresa privada establecida por una organización llamada Ateret Cohanim, un grupo que trabaja para aumentar la población judía de Jerusalén Este.

Ateret Cohanim ha sido acusada de estar detrás de los intentos de desalojo de palestinos en Jerusalén Este y de hacerse con hoteles cristianos en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Según Ateret Cohanim, el nuevo asentamiento estará fuertemente fortificado y se construirá sobre terrenos de propiedad judía.

De acuerdo con un informe reciente de las Naciones Unidas, la política del actual gobierno israelí parece haberse alineado en un “nivel sin precedentes” con los intereses del movimiento de colonos israelíes. La actual coalición de gobierno es la más a la derecha que ha tenido Israel en su historia. Entre sus miembros hay nacionalistas religiosos de estrechos vínculos con los colonos.

De acuerdo con el informe de la ONU, los asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados se han expandido en cantidad récord y ponen en peligro la posibilidad práctica de un Estado palestino.

Alrededor del 40% de la población de Jerusalén, de aproximadamente un millón de habitantes, es palestina. Mantener la mayoría judía en la ciudad ha sido uno de los objetivos de los sucesivos gobiernos del país.

Israel arrebató Jerusalén Este a Jordania en la guerra de los Seis días de 1967 y se la anexionó después en un acto no reconocido por la mayor parte de la comunidad internacional. El asentamiento permanente en un territorio ocupado militarmente es ilegal según el derecho internacional.

Traducción de Francisco de Zárate