Alarma en India por la impunidad de la violencia contra los ciudadanos que consumen carne de vaca
Los grupos hindúes que defienden los derechos de las vacas en la India no tienen que rendir cuentas ante la justicia cuando alguno comete actos violentos contra población que consume carne de vaca o comercia con ganado. La Policía opta por no intervenir y, además, cuenta con la complicidad de los políticos locales. Así se desprende de un informe de la organización pro derechos humanos Human Rights Watch, que indica que las víctimas quedan completamente desprotegidas.
El informe urge al Gobierno a perseguir los actos violentos de grupos que defienden los derechos de las vacas. Desde que el partido nacionalista hindú BJP (Bharatiya Janata Party) llegó al poder, estos grupos han atacado con total impunidad a musulmanes, a los dalits (los parias en el sistema de castas de la India) y a otras minorías.
“Según una encuesta de la Televisión de Nueva Delhi, el uso de un lenguaje divisorio en los discursos de los líderes electos aumentó un 500% entre 2014 y 2018, en comparación a los cinco años previos a que el BJP llegara al poder. El 90% de estos políticos son miembros del partido BJP”, asegura el informe.
De hecho, la protección de las vacas fue uno de los puntos más relevantes en muchos de estos discursos. El informe de Human Rights Watch cita diversos estudios que muestran que entre mayo de 2015 y diciembre de 2018 los grupos que se oponen al consumo de carne de vaca o al comercio de ganado mataron a al menos 44 personas; 36 víctimas eran musulmanas.
Los hindúes veneran a las vacas porque son consideradas una fuente altruista de alimento y la encarnación del principio hindú de la no violencia. Sin embargo, ese fervor por “salvar” a las vacas es un fenómeno moderno. De hecho, muchos hindúes de Kerala y Tamil Nadu comen carne de res; también lo hacen los miembros de castas menos poderosas que necesitan una fuente barata de proteínas. A los parias, la casta más marginada de la India, les corresponde la tarea de deshacerse de las vacas muertas.
“Tal vez los llamamientos a favor de la protección de las vacas empezaron como una forma de atraer votos hindúes, pero han terminado dando vía libre a la muchedumbre para atacar y matar violentamente a los miembros de grupos minoritarios”, indica Meenakshi Ganguly, director de Human Rights Watch en el sur de Asia.
El informe analiza once ataques de grupos defensores de las vacas y revela por qué no se ha castigado a los autores de estos actos. En un caso determinado, la policía no registró la declaración en la que los autores confesaron los asesinatos. En otros, estos grupos contaban con el apoyo de los políticos locales. Esto podría explicar por qué la policía optó por no intervenir.
En un caso fragrante de complicidad entre la policía y los atacantes, un informe policial describe el asesinato de un musulmán en manos de la muchedumbre como un “accidente de motocicleta”.
“En casi todos los casos, la policía paralizó la investigación, ignoró el protocolo que debe seguirse en estos casos o incluso fue cómplice de los asesinatos y encubrió los crímenes. En lugar de investigar y arrestar rápidamente a los sospechosos, la policía denunció a las víctimas, sus familias y los testigos en virtud de las leyes que prohíben la matanza de vacas”, indica el informe.
Human Rights Watch señala que los líderes que gobiernan en los estados del país deben transmitir el mensaje de que los linchamientos serán castigados con firmeza. Además, y con el objetivo de evitar que se produzcan nuevos actos de violencia colectiva, deben garantizar que la policía reacciona con celeridad e investiga a los autores de estas acciones, y deben proteger a las víctimas y a los testigos, y si es posible promover que estos casos se juzguen por una vía rápida.
“Hasta la fecha, varios estados han creado unidades policiales y han enviado circulares a los agentes de policía para indicarles cómo deben abordar este tipo de ataques. Pese a ello, lo cierto es que todavía no se ha dado respuesta a la mayoría de recomendaciones judiciales”, señala el informe.
Harsh Mander, defensor de derechos humanos, cree que, si bien es poco probable que el gobierno se sienta avergonzado por este informe, sí es importante el hecho de que pone en evidencia que el odio ha sido “legitimado y valorado” por los políticos en el poder.
“Tenemos que seguir documentando la magnitud de la crueldad de estas acciones, en especial la forma en que los linchamientos han sido filmados y compartidos. El hecho de que estos actos violentos se conviertan en espectáculo me recuerda a los linchamientos de afroamericanos en los Estados Unidos, una forma de dividir a los miembros de una comunidad”, afirma.
