Omán, el pequeño sultanato neutral convertido en la clave de la navegación por el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es la principal baza de Irán en las negociaciones con EEUU, por lo que era de esperar que se convirtiera en el mayor punto de discordia. Cada pulgada de esta vía navegable, de 24 millas de ancho, es objeto de disputa en una prueba de fuerza y paciencia.

Para Irán, la prolongación del conflicto no supone un problema siempre y cuando no pierda el control.

Según el memorándum de entendimiento firmado con Washington el 18 de junio, las conversaciones sustantivas sobre el programa nuclear iraní no tienen por qué comenzar hasta que se levante el bloqueo del estrecho —algo para lo que Irán solo está obligado a hacer “todo lo posible” para lograrlo—. Además, cuanto más se prolongue el bloqueo, más se acercarán las elecciones de mitad de mandato de EEUU para Trump. El Gobierno de EEUU podría verse aún obligado a rendir cuentas ante su electorado, devastado por la inflación, pero no hay una fecha fijada para ello.

Irán está adoptando una interpretación maximalista del memorándum, decretando que solo él puede levantar el bloqueo. Defendiendo celosamente esta prerrogativa, se ha resistido a la participación de cualquier otro país o institución en la apertura del estrecho.

Por ese motivo, Irán rechazó la sugerencia de una ruta sur cercana a la costa de Omán, desarrollada junto con la Organización Marítima Internacional (OMI) de la ONU. La idea era que, dado que la ruta central a través del estrecho se había cerrado debido a las minas, se pudieran abrir dos nuevas rutas de navegación: una en aguas omaníes supervisada por el Centro Conjunto de Información Marítima de EEUU y otra más al norte, cerca de Irán. La OMI creía contar con el acuerdo de Irán para la propuesta.

Pero o bien diferentes sectores del régimen iraní adoptaron posturas divergentes, o bien la OMI malinterpretó la flexibilidad de Irán. En cualquier caso, el ataque iraní contra un buque de Singapur que transitaba por la ruta sur el jueves pasado llevó a la OMI a abandonar el plan.

Para Irán, perder la “baza del estrecho” significaría volver a las negociaciones en los términos anteriores a la guerra y perder una importante herramienta estratégica. En una rueda de prensa en Bagdad, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó: “Cualquier intento de adoptar acuerdos nuevos o distintos de los que actualmente persigue la República Islámica solo conducirá a mayores complicaciones, retrasos en la reapertura del estrecho de Ormuz y un aumento de las tensiones”.

Pero la polémica sobre la ruta sur —que probablemente se debatirá en las conversaciones de Doha— podría eclipsar la búsqueda de una solución a largo plazo para la gestión del estrecho, una solución que Omán ha elaborado con gran detalle jurídico durante los últimos dos meses. El plan se ha diseñado con el objetivo de cumplir los requisitos del derecho internacional y, al mismo tiempo, garantizar el apoyo final de Irán.

Omán, una nación neutral por naturaleza, se encuentra en una delicada situación diplomática. Sabe que, si ignora las objeciones de Irán, es menos probable que Teherán acepte el plan de Omán para el futuro del estrecho. Pero si Omán no toma la iniciativa de colaborar en la operación humanitaria para liberar a miles de marineros atrapados, será menos probable que sus propuestas para el estrecho sean aceptadas por la región o por la ONU —y más probable que EEUU vuelva a una guerra total.

El mero hecho de que el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, mantuviera conversaciones conjuntas en Mascate con el ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Omán, Abdulaziz al-Hinai, constituye un reconocimiento tácito por parte de Teherán de que no tiene el poder exclusivo de decisión sobre la futura gestión del estrecho.

Lo que Omán ha intentado hacer es crear un sistema de gestión que garantice que los Estados ribereños obtengan ingresos por el tráfico marítimo comercial que atraviesa el estrecho, pero que dichos ingresos procedan, en la medida de lo posible, de contribuciones voluntarias o de pagos por servicios de navegación específicos realizados por grupos empresariales, buques o Estados.

El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, explicó: “No estamos a favor de imponer peajes por el paso por el estrecho de Ormuz, lo cual está prohibido a nivel internacional, mientras que las tasas por servicios son legales y actualmente se están manteniendo conversaciones con la parte iraní al respecto”. Se trata de una distinción con una diferencia importante, que se ha desarrollado con el asesoramiento jurídico comercial de algunos de los mejores expertos del Reino Unido.

El artículo 26 de la Convención sobre el Derecho del Mar prohíbe expresamente el pago por el mero paso, pero el artículo 43 permite a los Estados usuarios y a los Estados ribereños del estrecho financiar de forma cooperativa la prestación de servicios marítimos, incluida una escala en puerto o un servicio utilizado.

Este punto lo habrá planteado el sultán de Omán durante su reunión del lunes con el presidente francés, Emmanuel Macron. En teoría, Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer, cuentan con una fuerza operativa naval lista para zarpar con el fin de velar por el cumplimiento de un acuerdo sobre la libertad de navegación. Es probable que el sultán haya argumentado que, si Occidente adopta el plan de Omán, no habrá necesidad de dicha fuerza.