La empresa dueña de Monsanto y autoridades de EEUU presionaron a México para revertir el veto del polémico pesticida glifosato

Correos electrónicos internos del Gobierno estadounidense revelan que Bayer AG, propietaria de Monsanto y CropLife América, el lobby del sector, han trabajado estrechamente junto a las autoridades estadounidenses para presionar a México con el objetivo de que abandonara sus planes para prohibir el pesticida glifosato, componente principal del herbicida Roundup de Monsanto y vinculado al cáncer, según algunos estudios.

Las maniobras para proteger los envíos de glifosato a México han transcurrido durante los últimos 18 meses, mientras Bayer negociaba un acuerdo por valor de 11.000 millones de dólares en relación a demandas legales de personas que viven en Estados Unidos y dicen que han desarrollado linfoma no Hodgkin debido a la exposición a los productos elaborados con glifosato que fabrica la empresa. 

La presión sobre México es similar a las acciones de Bayer y los grupos de presión de la industria química para acabar con una prohibición del glifosato que Tailandia planeaba poner en marcha en 2019. Las autoridades tailandesas también mencionaron su preocupación por la salud pública como argumento para tratar de prohibir el herbicida. Dieron marcha atrás tras las amenazas de Estados Unidos sobre una posible interrupción del comercio.

Los planes de México

Hasta ahora, esa campaña conjunta para conseguir que el Gobierno mexicano dé marcha atrás en su decisión no parece estar funcionando.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha marcado un plazo hasta 2024 para que el campo mexicano abandone el glifosato. El 31 de diciembre, México publicó un decreto que no solo exige el fin del uso del glifosato, sino también la eliminación gradual de la siembra y el consumo de maíz transgénico, un producto que, en muchas ocasiones, los agricultores rocían con glifosato. Es habitual que esa práctica deje residuos del pesticida en el producto alimentario final. 

El Gobierno mexicano argumenta que su decisión “busca contribuir a la seguridad y soberanía alimentarias” así como a la “salud de los hombres y las mujeres de México”. Pero la preocupación que México muestra por la salud de sus ciudadanos ha desatado temores en Estados Unidos por las exportaciones agrícolas, sobre todo de los productos con glifosato que produce Bayer. 

Los correos electrónicos a los que ha tenido accesoThe Guardian proceden de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) y otras agencias estadounidenses. En ellos se detalla la preocupación y frustración por la posición del Gobierno mexicano. Uno de los correos se refiere al personal de la administración de López Obrador como “activistas manifiestamente contrarios a la biotecnología” y otro de los correos afirma que la autoridad sanitaria mexicana, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se está convirtiendo en un “problema serio”. 

Las comunicaciones internas del USTR muestran cómo la industria agroquímica está “presionando” para que se “incluya esta cuestión” en el marco del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), que entró en vigor el 1 de julio. Los archivos muestran que ya en aquel momento Estados Unidos hizo exactamente eso. Comunicó a México que sus medidas relacionadas con el glifosato y los cultivos modificados genéticamente preocupan “en lo referente al cumplimiento” del USMCA.  

Citando sus conversaciones con CropLife, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA) se unió al intento, comentando en un correo electrónico entre agencias “cómo podemos utilizar el USMCA para tratar estos temas”.  

Los documentos sobre el caso de México a los que The Guardian ha tenido acceso fueron obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información pública por el Centro para la Diversidad Biológica (CBD por sus siglas en inglés). 

“Vemos cada vez más cómo el sector de los pesticidas se sirve del Gobierno de Estados Unidos para imponer de manera agresiva su estrategia en la escena internacional y anular todo intento por parte de la población de otros países para hacerse con el control de su cadena alimentaria”, dice Nathan Doley, biólogo de la organización conservacionista CBD. 

Alarma creciente

Los archivos muestran que la alarma comenzó a crecer a finales de 2019, cuando México dijo que rechazaba importar glifosato desde China. Al denegar el permiso de importación de un cargamento, las autoridades mexicanas se basaron en el “principio de precaución” que habitualmente hace referencia a una política destinada a evitar daños ante el uso de sustancias sobre las cuales existe alguna preocupación entre la comunidad científica o disputa sobre su seguridad. 

Un correo electrónico de Stephanie Murphy, responsable de relaciones con los gobiernos de Bayer dirigido a Leslie Yang, directora de comercio internacional y política medioambiental del USTR, mencionó el rechazo del envío de glifosato y dijo que México “alegaba que el glifosato representa un riesgo medioambiental alto dada una presunción creíble de que su uso puede provocar graves daños medioambientales y daños irreversibles a la salud…”. 

Murphy preguntó si podía “hablar más a fondo de la situación” con el USTR para ver si existía “una oportunidad de involucrarse a en el marco del USMCA”. Dijo que CropLife América, el grupo de presión de la industria, se estaba poniendo en contacto con el Servicio de Agricultura en el Extranjero del Departamento de Agricultura (FAS por sus siglas en inglés) y que los responsables de Bayer estaban “trabajando estrechamente con el FAS” en la embajada de Estados Unidos en México.

“A día de hoy, Bayer no ha sufrido ningún impacto en sus importaciones”, pero la empresa esperaba problemas en el futuro, dice Murphy en un correo electrónico el día 5 de diciembre de 2019.

En enero de 2020 hubo una reunión entre autoridades mexicanas y estadounidenses. El USTR preparó un “documento informativo” que incluía la cuestión del glifosato como una preocupación clave que tenía que tratarse con Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio exterior del Gobierno mexicano. El documento especificaba que uno de los temas a tratar era la preocupación por parte de Estados Unidos por que las importaciones de glifosato se estaban rechazando “sin ninguna justificación científica clara”.  

En febrero de 2020, Murphy contactó de nuevo con Yang, responsable del USTR, en nombre de Bayer. Le reenvió información que, según ella, se había recabado en una reunión en la que el Ministerio mexicano de Medio ambiente y Recursos naturales “asegura disponer de evidencia científica sobre los peligros del glifosato y también planea efectuar un estudio para el caso mexicano con ayuda de organizaciones internacionales”.

En marzo, las medidas mexicanas sobre el glifosato y los cultivos transgénicos necesitaban “atención urgente”, según una carta enviada por Chris Novak, presidente de CropLife, a Robert Lighthizer, embajador del USTR. La carta, enviada con copia a los responsables de USDA y la EPA, decía que las medidas de México eran “incompatibles con las obligaciones mexicanas bajo el USMCA”. 

CropLife está financiado por Bayer y otras empresas agroquímicas.

Murphy, de Bayer, continuó la correspondencia con más correos electrónicos a Yang, del USTR. En ellos hacía referencia a la necesidad de “compromiso político al más alto nivel”. 

Más tarde, en mayo, Lighthizer escribió a Graciela Márquez Colín, ministra de Economía de México diciendo que los temas relacionados con los cultivos modificados genéticamente y el glifosato amenazaban con socavar “la fortaleza de nuestra relación bilateral”.  

Novak, de CropLife, envió una carta en agosto de 2020 en la que agradecía “todo su apoyo” a los cargos del Gobierno, pero decía que se necesitaba más, porque México “prácticamente ha dejado de procesar los registros de nuevos productos pesticidas”.

No peligra solo el glifosato 

A lo largo de meses de correspondencia, los directivos del sector comunicaron al Gobierno de EEUU que temían que una restricción al glifosato llevara a la imposición de límites a otros pesticidas y pudiera sentar un precedente para que otros países hagan lo mismo. Según algunos responsables de la industria, México podría, además, reducir los niveles de residuos de pesticidas permitidos en los alimentos. 

“Si México amplía el principio de precaución” a los niveles de residuos de pesticida en los alimentos “se pondrán en peligro 20.000 millones de dólares en exportaciones agrícolas anuales de Estados Unidos a México”. Eso se lee en una de las cartas que Novak escribió a las autoridades estadounidenses.  

La exportaciones de maíz y soja a México correrían un riesgo más concreto si el país dejara de permitir los residuos de glifosato en los alimentos, según recogen las comunicaciones internas entre el sector y el USTR.  

La industria agroquímica y los organismos reguladores de Estados Unidos sostienen que los niveles actuales de pesticidas en los alimentos no son perjudiciales, pero muchos científicos no están de acuerdo y dicen que incluso las trazas más pequeñas pueden ser peligrosas. 

México es un socio comercial fundamental para Estados Unidos, que representa 614.500 millones de dólares en bienes totales exportados e importados en 2019. Las exportaciones más importantes a México incluyen unos 3.000 millones de dólares en exportaciones de maíz. Teniendo en cuenta que casi el 90% de la producción estadounidense de maíz es transgénico, una prohibición a esos productos sería un fuerte revés para los agricultores de EEUU.

No está claro si la administración Biden continúa ejerciendo presión sobre México para que modifique su política. El USTR no ha respondido a las preguntas de The Guardian. 

Bayer tampoco ha respondido a las preguntas sobre las acciones de la empresa respecto a México, pero dice que el glifosato y los cultivos modificados genéticamente son seguros y que una restricción de México “causaría una gran perturbación” para los agricultores mexicanos e impactaría en la seguridad alimentaria en México. 

Un portavoz de EPA dice que la agencia mantiene contactos periódicos con las autoridades mexicanas y “no ha tomado ninguna medida regulatoria contra las decisiones de México sobre el glifosato o el maíz transgénico”. Según el portavoz, la agencia se ha ofrecido a compartir con el Gobierno de México sus hallazgos científicos. 

El responsable de CropLife, Novak, ha dicho a The Guardian que las medidas de México para prohibir el glifosato sientan “un precedente peligroso” que pasa por alto las necesidades de los agricultores y “debilita la integridad de los estándares científicos como pilar del comercio internacional”.

Traducido por Alberto Arce