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The Guardian en español

Reino Unido tendría que declarar el estado de emergencia para cambiar su legislación de derechos humanos

“Si los derechos humanos se interponen en estas cosas, cambiaremos las leyes para asegurarnos de que lo podemos hacer”, declaró May.

Alan Travis

La promesa de la primera ministra británica, Theresa May, de reducir el alcance de las leyes de derechos humanos si es necesario para enfrentarse a los sospechosos de terrorismo implicaría declarar el estado de emergencia, según han advertido a Reino Unido miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Damian Green, ministro de Trabajo y Pensiones, ha confirmado que tales cambios en los derechos humanos implicarían “una derogación” [suspensión parcial y temporal] de la Convención Europea de Derechos Humanos. El ministro señaló que Francia adoptó medidas similares tras los atentados de París.

El laborista Keir Starmer, extitular de la Fiscalía General del Estado, cuestionó en la BBC que la legislación de derechos humanos impida enfrentarse a los terroristas o a los sospechosos de terrorismo. “No hay nada en la Ley de Derechos Humanos que se interponga efectivamente en la lucha contra el terrorismo. Lo puedo decir con autoridad. Fui director de la fiscalía durante cinco años. He trabajado muy de cerca con los servicios de seguridad e inteligencia, hemos perseguido ha criminales muy peligrosos y la Ley de Derechos Humanos no ha obstaculizado lo que estábamos haciendo”, declaró.

“Esto es una distracción. Hemos tenido tres terribles atentados en tres meses. El problema es la gente fichada, cómo se evalúan los riesgos y qué recursos se invierten. Y la primera ministra, dado que este martes se tuvo que enfrentar a complejas cuestiones sobre ellos, sobre los recursos, ha sacado el tema de la Ley de Derechos Humanos como si se interpusiese en el camino de los problemas actuales”, añadió.

Un documento del tribunal europeo de derechos humanos establece que “el derecho a derogar solo puede ser invocado en tiempo de guerra u otra emergencia pública que amenace la vida de la nación”.

May ha negado que su promesa de menoscabar las leyes de derechos humanos para establecer un régimen de restricciones y deportaciones más duro con los sospechosos de terrorismo contradiga su promesa electoral de no retirarse de la Convención Europea de Derechos Humanos en los próximos cinco años ni derogar la Ley de Derechos Humanos antes del Brexit.

El Gobierno afirma que la “derogación”, que supone la retirada parcial y temporal del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es consistente con su promesa electoral. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que eso solo se puede hacer declarando el estado de emergencia y que las derogaciones solo se pueden hacer “hasta donde exige la situación”.

Su comunicado también señala que algunos derechos de la Convención no admiten derogaciones, incluida la norma de “no castigar sin legislación”, así como las prohibiciones de tortura y tratos o castigos inhumanos o degradantes. Este último derecho podría descartar los acuerdos que pretende May con determinados países para deportar a sospechosos de terrorismo y acelerar su expulsión de Reino Unido.

La única ocasión en que Reino Unido ha “derogado” parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos recientemente fue tras el 11-S, cuando se introdujo el régimen de detención indefinida sin juicio a sospechosos de terrorismo internacional en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, Londres. Otras derogaciones se pusieron en marcha en relación al uso de poderes de emergencia en Irlanda del Norte.

Finalmente, esta medida fue declarada ilegal en 2004 por los lores jueces [hasta 2009, algunos lores cumplían las funciones de jueces del Tribunal Supremo] sobre la base de que tres años después de ponerla en marcha ya no había un estado de emergencia que amenazase la supervivencia de la nación.

El martes por la noche May señaló: “Si los derechos humanos se interponen en estas cosas, cambiaremos las leyes para asegurarnos de que lo podemos hacer”.

Esto contradice completamente la promesa de su programa electoral de no abandonar o enmendar la Ley de Derechos Humanos antes del Brexit que, por lo menos, está a dos años de distancia y de no retirarse de la Convención Europea de Derechos Humanos durante al menos los próximos cinco años. La derogación supondría una retirada temporal y parcial de la Convención.

El programa conservador afirma: “No revocaremos ni sustituiremos la Ley de Derechos Humanos mientras el proceso del Brexit esté en marcha, pero reconsideraremos nuestro marco legal de derechos humanos cuando concluya el proceso de abandono de la UE. Seguiremos siendo parte de la Convención Europeo de Derechos Humanos durante la próxima legislatura”.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

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