Los republicanos se topan con oposición de sus propios votantes para prohibir el derecho al aborto

Cuando el pasado junio el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogó la protección nacional del derecho al aborto amparado durante medio siglo por la sentencia Roe contra Wade, los legisladores republicanos de todo el país lanzaron un grito de guerra contra el aborto y prometieron apoyar medidas para que se prohibiera en sus respectivos estados.

Sin embargo, desde el pronunciamiento del más alto tribunal de Estados Unidos, muchos altos cargos republicanos se han mostrado algo más reticentes, o incluso han optado por guardar silencio, y han evitado hacer declaraciones contundentes sobre las restricciones que quieren impulsar.

Los republicanos se acercan a una nueva temporada electoral ya que en noviembre se celebran las elecciones al Congreso y multitud de cargos locales. La campaña llega plagada de desacuerdos en el seno del partido y la opinión pública está dividida. No hay consenso sobre las excepciones a la prohibición de abortar, como por ejemplo, en caso de violación o incesto, por lo que a muchos legisladores republicanos les resulta cada vez más difícil apoyar una política de aborto que pueda generar consenso entre sus votantes.

La falta de consenso ha quedado patente en el referéndum que se celebró en Kansas hace unos días en el que este estado, con votantes de tendencia republicana, votó a favor de mantener la protección del aborto en la Constitución de Kansas, lo que ha supuesto un impulso inesperado para el movimiento por el derecho al aborto en estados conservadores de Estados Unidos.

La mayoría desaprueba la decisión

Según explica Sarah Longwell, una estratega republicana moderada, a Politico, el medio especializado en información política, en este contexto de retrasos en la aprobación de los proyectos de ley sobre el aborto en todo Estados Unidos y de preguntas incómodas sobre el alcance de la prohibición de abortar y las excepciones a esta prohibición, los republicanos podrían morir de éxito y ser incapaces de gestionar el objetivo que ellos mismos se habían marcado.  

Según una encuesta realizada entre el 27 de junio y el 4 de julio por el Pew Research Center, la mayoría de los estadounidenses desaprueban la decisión del Tribunal Supremo de derogar Roe contra Wade. El 57% de los adultos desaprueba la decisión de los magistrados, incluido el 43% que la desaprueba rotundamente, y el 41% de los adultos estadounidenses la aprueba (el 25% la apoya de manera rotunda). La encuesta también constata que el 62% de los estadounidenses afirma que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, mientras que el 36% de los estadounidenses afirma que el aborto debería ser ilegal en todos o en la mayoría de los casos. Sólo el 38% de los republicanos opina que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, lo que supone un descenso de un punto respecto a los resultados de la encuesta de 2007. 

En un contexto en el que la prohibición al aborto y el alcance de esta medida no genera consenso entre los votantes, los legisladores republicanos también se muestran divididos sobre la forma que debe adoptar esta medida. Tras el reciente caso de la niña de 10 años víctima de una violación que viajó de Ohio a Indiana para poder abortar, muchos republicanos se están dando cuenta de que la realidad que se les presenta difiere enormemente de sus relatos iniciales en torno a la problemática del aborto. ¿Qué tipo de excepciones deben contemplarse en casos de violación e incesto? ¿Debería permitirse a una mujer abortar si se enfrenta a un embarazo ectópico que pone en peligro su vida o si sufre una pérdida involuntaria del embarazo incompleta? Si se prohíbe el aborto en todos los supuestos sin excepciones, ¿deberían ampliarse las ayudas a los permisos familiares remunerados y aumentarse los fondos destinados a los centros de acogida y a la salud de las mujeres? 

Una cuestión muy compleja

A pesar de todo, algunos estados han seguido adelante con sus planes de prohibir el aborto. Indiana ha aprobado un proyecto de ley avalado por los republicanos que prohibiría prácticamente todos los abortos en el estado, con limitadas excepciones, entre las que se incluyen los casos de violación e incesto, y la protección de la salud de la madre. Es el primer estado de Estados Unidos que introduce nuevas restricciones, en lugar de basarse en una “ley de activación” preexistente, aprobada antes de la decisión del Tribunal Supremo. Sin embargo, incluso en Indiana la decisión se ha tomado tras una serie de complicados debates en el Congreso del estado que reflejan la creciente división a la que se enfrentan los republicanos a la hora de concretar los detalles de los proyectos de ley de prohibición del aborto. 

Antes de que el Tribunal Supremo derogara la sentencia Roe v. Wade, los legisladores no dedicaban “suficiente tiempo” a estas cuestiones, porque sabían que era un tema en el que no había que entrar a fondo. “Pero estamos ahí y reconocemos que es una cuestión muy compleja”, dice Rodric Bray, republicano y miembro del Senado estatal de Indiana, al New York Times.  

“Creo que debemos encontrar un equilibrio para que las mujeres embarazadas tomen sus propias decisiones sobre la salud en el primer trimestre del embarazo y proporcionar protecciones para un bebé no nacido a medida que avanza hacia la viabilidad fuera del útero”, dice otro senador estatal republicano de Indiana, Kyle Walker, que votó en contra de la prohibición el mes pasado.

Incluso la senadora estatal Sue Glick, impulsora del proyecto de ley, ha subrayado que no estaba “precisamente” contenta con el proyecto.

Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles de Indiana calificó el proyecto de ley de “cruel” y “peligroso”, mientras que la organización anti-abortista Indiana Right to Life lo criticó por ser “débil y preocupante”, afirmando que “carece de fuerza para reducir realmente los abortos en Indiana ya que se limita a establecer responsabilidad penal para quienes practican abortos o se saltan la ley intencionadamente.”

Un punto de inflexión

Dakota del Sur, un estado con mayoría de votantes republicanos, lidia con una situación similar. Poco después de la filtración del borrador de la opinión del Tribunal Supremo sobre Roe, la gobernadora republicana Kristi Noem anunció que convocaría “de forma inmediata” una sesión especial “para salvar vidas y garantizar que todo niño no nacido tenga derecho a la vida en Dakota del Sur”. Sin embargo, desde entonces Noem no ha dado a conocer públicamente si se celebrará una sesión especial o cuándo. En respuesta a la pregunta de la agencia de noticias AP sobre si la sesión legislativa especial sigue sobre la mesa, la oficina de Noem dijo que tendrá lugar “a lo largo de este año”. Noem ha optado por la vaguedad en torno a la prohibición del aborto en Dakota del Sur, limitándose a reafirmar que “todavía queda mucho trabajo por delante” y prometiendo “ayudar a las madres que atraviesan dificultades”.

En junio, Noem pareció suavizar su enfoque sobre los abortos al decir que los médicos, y no sus pacientes, deberían ser perseguidos por ofrecer píldoras abortivas. “No creo que debamos perseguir a las mujeres (que optan por un aborto)”, dijo. “No creo que deba haber ningún castigo para las mujeres, nunca, que estén en una situación compleja o tengan un embarazo no deseado”. La gobernadora también creó una página web para mujeres embarazadas que pretende “ayudar a las madres y a sus bebés antes del nacimiento y después, proporcionando recursos para el embarazo, ayuda a los padres primerizos, ayuda económica y la adopción”.

En declaraciones a AP, el director ejecutivo de South Dakota Right to Life, Dale Bartscher, dijo que las acciones de Noem reflejan un punto de inflexión en el movimiento antiabortista. “Acaba de comenzar un movimiento a favor de la vida totalmente nuevo: estamos preparados para atender a las mujeres, a los no nacidos y a las familias”, dijo.

“Situaciones desgarradoras”

En Arkansas, la prohibición de abortar entró en vigor inmediatamente después de la decisión del Tribunal Supremo pero desde entonces el gobernador republicano, Asa Hutchinson, parece haber adoptado un enfoque más moderado. El mes pasado, Hutchinson no confirmó que el aborto vaya a incluirse en el orden del día de la sesión especial de este mes, que en un principio se centrará en los recortes fiscales. En referencia a las alternativas al aborto, Hutchinson dijo: “Lo estamos hablando... He mencionado esa necesidad. ¿Qué podemos hacer por mejorar la atención a las madres? ¿Qué podemos hacer para mejorar los servicios de adopción debido al aumento del número de personas que lo van a solicitar? Es una cuestión que despierta mucho interés ... así que permanezcan atentos”.

En mayo, Hutchinson reconoció que la ley de activación de la prohibición del aborto de su estado daría lugar a “situaciones desgarradoras”, y añadió que “siempre que se vean situaciones de la vida real, el debate va a continuar y los ciudadanos pueden cambiar de opinión o mantenerse firmes”. 

El gobernador reconoció que la excepción a la prohibición a abortar en caso de violación e incesto refleja cada vez más “la opinión generalizada de los estadounidenses”, pero reconoció que la cuestión “sigue siendo muy polémica”.

Sin embargo, está por ver si Hutchinson pedirá a los legisladores que sopesen estas excepciones durante la próxima sesión legislativa especial del estado.

Escuchar a voces expertas

Mientras tanto, en Ohio, el gobernador republicano, Mike DeWine, se ha negado a comentar la recientemente promulgada “ley del latido del corazón” del estado, que prohíbe abortar después de seis semanas de embarazo. Como consecuencia de las estrictas leyes de aborto del estado, una niña de 10 años víctima de una violación tuvo que viajar a Indiana para abortar. DeWine calificó el caso de “horrible, horrible tragedia”, pero no aclaró si modificará las restricciones al aborto en el estado. En declaraciones a los periodistas el mes pasado, DeWine se negó a defender políticas específicas sobre el aborto y dijo que va a “dejar que el debate siga su curso”, en referencia al debate legislativo que se espera en unos meses.

“Vamos a escuchar a los expertos en medicina, vamos a escuchar a otras personas”, dijo. “Tras escuchar a estos expertos podré dar mi opinión”. 

Desde la decisión del Tribunal Supremo, el principal legislador republicano de Virginia ha expresado sentimientos similares a los de DeWine. En junio, el gobernador Glenn Youngkin dijo a un grupo antiabortista que firmaría “feliz y alegremente” cualquier proyecto de ley que protegiera la vida, que en su opinión comienza en la concepción. Youngkin ha expresado su apoyo a la prohibición de los abortos después de las 15 semanas, con excepciones en caso de violación, incesto y riesgo para la salud de la madre. No ha apoyado ningún posicionamiento concreto y ha reconocido que se trata de una cuestión que divide a la sociedad. En este sentido, ha pedido que se lleva a cabo un debate que permita matizar los proyectos de ley de prohibición del aborto. 

“Soy un gobernador pro-vida y apoyaré un proyecto de ley que llegue a mis manos y que proteja la vida, y espero que así sea. Pero a partir de ahora, lo que necesitamos es que se en los próximos cuatro, cinco o seis meses se debata en torno a esta cuestión y se trabaje en un proyecto de ley que pueda ser apoyado sobre una base bipartidista”, dijo.

Falta de consenso entre los republicanos

Mientras los republicanos de todo el país lidian con la falta de consenso en torno alcance de la prohibición del aborto, un importante grupo antiabortista ha instado a los republicanos del Congreso a no dejar la cuestión en manos de los estados. A muchos activistas antiabortistas les preocupa que las medidas extremas de los legisladores estatales republicanos puedan hacerles perder escaños a nivel nacional, especialmente con las elecciones legislativas en el horizonte.

Al mismo tiempo, tras el resultado del referéndum de Kansas, muchos estrategas demócratas creen ahora que la opinión pública, incluso en muchos estados republicanos, estará de su lado. Es una cuestión que puede ser utilizada para aupar a los demócratas menos cuestionados y puede ser esgrimida como arma contra los candidatos republicanos, ya que les permite afirmar que los políticos republicanos están desfasados y no están en sintonía con la mayoría de estadounidenses. 

En un memorando de la organización Susan B Anthony Pro-Life America enviado en julio, se instaba a los legisladores republicanos a mantenerse alejados de frases como “prohibición a nivel nacional” y se les instaba a no delegar esta cuestión a los legisladores estatales.

“Es esencial los miembros provida del Congreso pongan de manifiesto el extremismo abortista de los demócratas, que apoyan el aborto a demanda, hasta el momento del nacimiento, pagado por el contribuyente”, dice el texto del grupo antiabortista.

Traducción de Emma Reverter