Tener en cuenta el pasado de los jóvenes delincuentes es de sentido común
¿Es la prisión un lugar donde tirar a la gente pobre con enfermedades mentales –a personas que no han recibido un buen trato familiar o social– hasta que vuelvan a delinquir solo para satisfacer nuestro deseo de venganza? ¿O la prisión es un lugar en el que rehabilitar como parte de un programa más amplio para librar a la sociedad de los delitos y las injusticias que alimentan todo esto? No es que al Consejo para las Sentencias se le conozca precisamente por ser un semillero de ideas progresistas sobre justicia, pero sus nuevas pautas –que indican que hay que tener en cuenta el origen social y étnico de los delincuentes menores de edad– son de sentido común. No caerá bien a la brigada del Daily Mail, pero el Consejo cree que para “evitar criminalizar a los niños y a los adolescentes innecesariamente” a la hora de determinar las penas se debe examinar si el pasado de los delincuentes incluye “hogares desfavorecidos, registros que corroboren empleos precarios de sus progenitores, bajos niveles educativos” o uso de drogas y alcohol.
La respuesta será predecible. Los individuos son responsables de sus actos. Todos tenemos libre albedrío. Culpar a un pasado problemático no es excusa para dañar a otras personas o a la sociedad. Muchas personas tienen un pasado plagado de dificultades y conflictos, pero no todos cometen delitos.
Todo eso es verdad, por supuesto, y nadie está defendiendo que las personas que cometan delitos deban irse de rositas por su educación en el pasado. Pero es completamente razonable –y está respaldado por pruebas abrumadoras– decir que es mucho más probable que aquellos que han sufrido durante su niñez son más propensos a cometer delitos. Necesitan ayuda, y esto no solo les beneficia a ellos sino a toda la sociedad. Se trata de la manera más eficaz de prevenir que reincidan.
Tenemos que distinguir entre los diferentes tipos de delitos. Lógicamente, aquellos que cometen delitos graves tienen que ser encarcelados: por ejemplo, la mayoría de las personas que cometen una violación en este país se salen con la suya. Esto es un escándalo nacional continuo. Pero demasiados están en prisión a causa de nuestra fracasada y lamentablemente equivocada “guerra contra las drogas”. No se trata solo de la posesión y distribución de sustancias arbitrariamente criminalizadas sino de otros delitos relacionados con este comercio.
Los británicos negros tienen muchas más posibilidades de ser detenidos y registrados por sospechas de posesión de drogas, y muchas más de ser acusados y encarcelados si se les encuentra con ellas. Muchos jóvenes blancos acomodados experimentan con drogas en algún momento, pero es poco probable que sufran en sus carnes una sanción que tenga consecuencias de por vida.
La cifras del grupo Prison Reform Trust muestran que la mayoría de los presos tiene al menos un trastorno de la personalidad. Esto pone de manifiesto tanto un fracaso de nuestro mal financiado y estigmatizado servicio de salud mental como un fracaso a la hora de abordar las injusticias sociales. Los que crecen sumidos en la pobreza tienen todas las papeletas para sufrir trastornos mentales.
Y sí, está claro, todos tenemos libre albedrío: sería condescendiente y ofensivo decir que un delito es una consecuencia inevitable de una infancia complicada. Pero nuestra profunda injusticia social daña a las personas, y este daño puede manifestarse de formas que dañan a otras personas. Tener un sistema jurídico que tenga en cuenta esto y que tenga una forma apropiada de responder no es solo moralmente justo: seguramente ayudará a la sociedad a librarse de la delincuencia. Ese debe ser, y no la venganza, el objetivo de todos nosotros.
Traducido por Cristina Armunia Berges
