Por qué Trump quiere desmantelar la Corte Penal Internacional

Ahora que su innecesaria guerra en Irán no va demasiado bien, la Administración Trump ha abierto una guerra virtual contra la Corte Penal Internacional (CPI). Con una argumentación plagada de falacias, el secretario de Estado, Marco Rubio, prometió a mediados de julio “desmantelar” el tribunal al que considera una amenaza para la soberanía de Estados Unidos. El verdadero objetivo del Gobierno estadounidense es garantizar la impunidad de los que cometen crímenes de guerra, también cuando son cometidos en territorio de países miembros de la CPI.

En una columna de opinión publicada en The Wall Street Journal y en un vídeo que difundió por la red social X, Rubio imagina una distopía en la que oficiales estadounidenses, como policías o guardias fronterizos, son “llevados ante un tribunal internacional, juzgados por jueces de países aleatorios de todo el mundo, declarados culpables en virtud de leyes internacionales que ni aceptamos ni controlamos, y encarcelados a miles de millas de Estados Unidos”.

Pura ficción. La CPI no tiene jurisdicción para juzgar los delitos cometidos en Estados Unidos. Eso solo sería posible si Donald Trump empezara a desplegar en el extranjero a esos agentes de Policía o de la Guardia fronteriza.

El Gobierno de EEUU tampoco puede alegar que nunca dio su consentimiento a las leyes que aplica la CPI: son leyes que vienen de tratados como la Convención sobre el Genocidio o los Convenios y Protocolos de Ginebra, ratificados por Estados Unidos e incorporados a sus manuales militares. ¿De verdad es antiestadounidense prohibir el genocidio?

Rubio se queja de que su Gobierno no puede “controlar” el derecho internacional, pero lo cierto es que nadie debería poder hacerlo. La ley está pensada para que las personas la obedezcan, no para ser controlada por las personas. “No necesito el derecho internacional”, ha asegurado Trump, pero ningún líder decente debería aceptar esa premisa.

Detrás de la retórica

Irónicamente, Rubio arremetía contra el derecho internacional a la vez que lo invocaba hablando de la ilegalidad cometida por Irán al cobrar tasas a las embarcaciones que pasan por el estrecho de Ormuz (aunque el propio Trump amenazó con hacer lo mismo, antes de desdecirse). Un buen ejemplo de lo que piensa la Administración Trump sobre el derecho internacional: cuando conviene, utilizarlo como un arma; si se aplica contra EEUU, ignorarlo.

Según Rubio, la CPI está “manejada” por “gobiernos hostiles del Tercer Mundo, unidos por su enemistad hacia EEUU”. Toda una sorpresa para la práctica totalidad de los Gobiernos europeos que figuran entre los 125 miembros del tribunal de La Haya. Son los gobiernos más abusivos los que tratan de no adherirse a la CPI porque eso significaría exponer a sus nacionales a ser perseguidos y juzgados. Las atrocidades que esos gobiernos cometan dentro de sus propios países solo pueden ser investigadas con el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU, donde EEUU tiene derecho de veto.

Lo que quiere Trump es impunidad para cometer crímenes de guerra en cualquier parte del mundo

Detrás de toda esta retórica, la verdadera objeción de la Administración Trump es el principio de jurisdicción territorial que faculta a la CPI para juzgar crímenes de guerra, entre otras atrocidades a gran escala, cometidas por un ciudadano de un país no miembro del tribunal internacional en el territorio de un miembro de la misma (ese sería el caso de crímenes cometidos por EEUU en otro país que sí forma parte de la CPI). Lo que quiere Trump es impunidad para cometer crímenes de guerra en cualquier parte del mundo.

Rubio habló sin parar sobre la forma en que la CPI representa una amenaza a la soberanía estadounidense, como si la Administración Trump tuviera el derecho soberano de cometer crímenes de guerra. Pero, ¿qué pasa entonces con la soberanía de las naciones que se adhirieron a la CPI para protegerse de los crímenes cometidos en su territorio? Al parecer, reconocer el derecho soberano de esas naciones es incompatible con la visión del mundo que tiene Trump, según la cual la ley se impone por la fuerza.

Trump no es el primero en mantener esa idea de la soberanía selectiva. Cuando la CPI se fundó en 1998, el Gobierno del entonces presidente Bill Clinton votó contra la jurisdicción territorial, perdiendo por una mayoría abrumadora: 120 votos a favor y siete en contra. EEUU cambió de opinión en marzo de 2023, cuando la CPI imputó al presidente ruso, Vladímir Putin, por el secuestro de niños ucranianos. De repente, al Gobierno estadounidense le encantaba el principio de la jurisdicción territorial.

El presidente Joe Biden consideró las acusaciones “justificadas” y el senador Lindsey Graham, de gran influencia en temas de política exterior, aplaudió la medida. El representante de Carolina del Sur por el Partido Republicano, fallecido recientemente, incluso se movió para lograr que el Senado aprobara una resolución unánime de apoyo a la CPI.

El idilio duró poco. En noviembre de 2024, cuando la CPI imputó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y a su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, entró en juego la “excepción israelí” al derecho internacional y Joe Biden se indignó. La CPI estaba aplicando el principio de jurisdicción territorial: Israel no se había adherido al tribunal, pero Palestina sí y los crímenes israelíes se habían cometido en territorio palestino, en Gaza. Dos meses después, Trump regresaba a la presidencia de EEUU y sancionaba a varios jueces y fiscales de la CPI.

Salvo en la mente de autoridades estadounidenses que quieren actuar por encima de la ley, la jurisdicción territorial no tiene nada de extraordinario. Si asesinara a alguien en las calles de París, Tokio o Sao Paulo, el Gobierno de EEUU difícilmente podría oponerse a que las autoridades francesas, japonesas o brasileñas me procesaran. ¿Por qué sería inaceptable que esos países remitieran el caso a la CPI, en lugar de acusarme ellos mismos, si yo cometiera crímenes de guerra en su territorio?

Un principio clave

Más allá de Putin y de Netanyahu –quien ha apoyado la campaña de Rubio contra la CPI–, el principio de la jurisdicción territorial es clave para hacer justicia en algunas de las peores atrocidades del mundo actual. Es necesaria para enjuiciar a las autoridades de Ruanda (un país que no es miembro de la CPI) por las atrocidades a gran escala que su milicia M23 ha cometido en la vecina República Democrática del Congo (que sí es miembro). Es esencial para juzgar a funcionarios de Emiratos Árabes Unidos (tampoco es miembro de la CPI) por enviar armas y mercenarios a las genocidas Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán, donde la CPI tiene jurisdicción en virtud de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

Pero lo que más preocupa a las autoridades de la Administración Trump es que la jurisdicción territorial se utilice en su contra. La CPI podría enjuiciar a los que autorizan ejecuciones sumarias de personas en embarcaciones sospechosas de traficar con drogas, cuando alguno de esos posibles crímenes contra la humanidad tenga lugar en aguas territoriales de Venezuela o de Colombia, dos países miembros de la Corte.

Rubio promete una carga frontal contra la CPI, con nuevas sanciones a su personal y presiones a los Gobiernos que cooperan con el tribunal internacional

La CPI también podría procesar a los funcionarios del Gobierno de Trump –y de Biden– por complicidad en el genocidio de Gaza al seguir entregando armas y asistencia militar a Israel mientras se producían los hechos. Y Trump podría ser procesado por obstrucción a la justicia (en virtud del artículo 70 del Estatuto de Roma que rige la CPI) por sancionar a funcionarios de la CPI en represalia por el trabajo que desempeñan en el caso contra las autoridades israelíes. Una posibilidad que subrayé en mi anterior columna sobre el tema, citada por Rubio en su artículo de The Wall Street Journal.

Rubio promete una carga frontal contra la CPI, con nuevas sanciones a su personal y presiones a los Gobiernos que cooperan con el tribunal internacional. Su plan es poner al descubierto “los riesgos que implica para los estadounidenses”. Es poco probable que convenza a nadie. El verdadero riesgo es un posible juicio a las autoridades de la Administración Trump por crímenes de guerra cometidos en países miembros de la CPI. ¡Dios no lo quiera!

Texto traducido por Francisco de Zárate y editado por la redacción de elDiario.es.