Amnistía Internacional constata la práctica de tortura en 107 países
Amnistía Internacional ha certificado la presencia de prácticas relativas a la tortura y los malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad, la policía, y autoridades del Estado, en 107 países de un total de 157 analizados.
Este dato revela que, pese a la prohibición de la tortura en términos universales, en más del 50 % de los países del mundo se siguen aplicando estas prácticas. Esta cifra se sitúa en el 79% referida a los países que integran el G-20.
El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, afirma que “con demasiada frecuencia, las víctimas siguen indefensas bajo sistemas de justicia que no exigen rendición de cuentas a los responsables, no cuentan con acceso inmediato a representación letrada y temen represalias si denuncian”. Añade que el resultado es que en muchos lugares “se ha perpetuado una cultura de impunidad”.
En el continente africano, Camerún, Chad, la República Centroafricana, Sudán o Sierra Leona registran una amplia variedad de violaciones de derechos humanos. Brutalidad policial, uso excesivo de la fuerza y numerosas detenciones arbitrarias y prolongadas sin cargos, son algunas de las prácticas. Muchas personas fueron torturadas en el período estudiado y, según AI, existen datos de ejecuciones extrajudiciales.
En América Latina, la organización denuncia que algunos gobiernos intentan justificar la aplicación de torturas y homicidios ilegítimos, amparándose en el actual clima de inseguridad pública. En lo relativo a este continente, Amnistía Internacional considera preocupante la falta de investigaciones independientes.
Por su parte, en Norteamérica destaca el trato dado a los más de 200 presos que aún quedan en el penal de Guantánamo.
En el caso de Asia, el informe 2009 de Amnistía Internacional sobre “El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo” destacan las torturas aplicadas por China a los tibetanos detenidos tras los disturbios registrados en esta región en 2008, que algunos casos estos castigos implicaron la muerte de ciudadanos.
En lo referente a Europa, se pide a España que ponga fin al régimen de incomunicación aplicado a detenidos acusados de terrorismo de hasta 13 días. Bajo este tipo de prácticas fue presuntamente torturado Mohammed Fahsi, detenido en Barcelona en 2006. Amnistía Internacional pide que se investiguen estas denuncias.
El informe también critica que otros Estados europeos como Italia, Dinamarca, Alemania y Reino Unido se hayan conformado con recibir “garantías diplomáticas” de terceros países, para justificar la expulsión de presuntos terroristas a países donde corrían peligro real de tortura y otros malos tratos.
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