El CIBIR y sus 'polémicas'

La puesta en marcha del CIBIR se vinculó al nombre del científico riojano, Marcos Malumbres. El Centro de Investigación Biomédica de La Rioja contaba con una de las personas que lideraba uno de los grupos de trabajo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) como asesor para poner en marcha el CIBIR. Un científico de reconocido prestigio que, además, es riojano.

La creación de un centro de estas características en La Rioja se concibió, desde el principio, como una buena noticia. De hecho, Malumbres aseguraba en junio de 2007 “no tener ninguna duda de que en el CIBIR habrá grandes descubrimientos”. En cuanto empiecen las contrataciones del CIBIR, decía el científico riojano, pondremos a punto los equipos con el personal que empiece a trabajar.

Unos buenos deseos que duraron algo más de un año porque en octubre de 2010 se hizo pública una carta del científico remitida, entre otros, al entonces gerente de la Fundación Rioja Salud, José María Corcuera, en la que se da por finalizada la relación. Las razones “que el esfuerzo realizado por parte del CNIO en la región ha sido dirigido de un modo equivocado por el actual equipo de la Consejería de Salud”. Es más, Malumbres habla del “uso del CIBIR por empresas privadas en condiciones injustificables, tanto desde el punto de vista científico técnico como social y económico en investigación biomédica”.

Por esas fechas, la empresa Araclón, en la que entonces el entorno de Viamed tenía la mayoría de acciones, ocupó espacios del CIBIR en unas condiciones muy ventajosas. Araclón, participada en un 47% por Viamed hasta 2012, ocupó las instalaciones del CIBIR de forma exclusiva a cambio de unos 400 euros al mes. Araclón pagaba 80.000 euros y recibía 75.000 de material. Ya entonces la secretaria de Relaciones Políticas del PSOE, Victoria de Pablo, aseguraba que el único beneficio de ese contrato para Rioja Salud “era el 0,5% de los beneficios económicos durante la vigencia de tres años de contrato.

Ya en 2008, el investigador alfareño, responsable directo de los grupos de División Celular y Cáncer del CNIO habla de “falta de sintonía entre ambas partes”. Malumbres desvela que “los intereses del equipo de la Consejería y los actuales responsables del CIBIR no son explicables desde un punto de vista científico-técnico o biomédico por lo que preferimos no formar parte de este proyecto con el actual equipo de la Consejería”. Así justificó su abandono. Y cinco años después, en 2013, se produce un nuevo escándalo en el CIBIR. La Consejería de Salud decide despedir al grupo de ‘Plasticidad Sináptica Estructura’ dirigido por Miguel Morales. Curiosamente, el equipo de Morales había denunciado una “persecución política”. La participación en una concentración en apoyo de la ciencia y su oposición a la creación de una plataforma bioética, parecen ser punto de inflexión y el principio del fin.

Un despido que Morales pone en manos de la justicia y que, ha sido declarado improcedente. Pero no ha sido el único. En los últimos días hemos conocido el fallo de la titular del juzgado de Lo Social número 2 de Logroño, la declaración de despido improcedente de otra investigadora, miembro del equipo de Miguel Morales, Lilian Enríquez. En ambos casos, la justicia obliga a readmitir a los investigadores o, si no, a pagarles una indemnización de 20.419 en el caso de Morales y de 11.840 en el caso de Enríquez.

La respuesta de la Consejería de Salud

En todos los casos, incluso en el 'abandono' de Marcos Malumbres, la respuesta del Gobierno Regional ha sido similar. Para la Consejería de Salud, la marcha de Malumbres respondía simplemente a un “convenio extinguido”. Nieto aseguraba “que el convenio marcaba una vigencia de un año y, por tanto, finalizó el 6 de septiembre de 2008, tiempo suficiente para desarrollar la labor de la puesta en macha del CIBIR”. También en el caso de los dos investigadores, la Consejería de Salud ha tratado de hacer ver, a la justicia y la opinión pública, que la relación laboral de los investigadores con el CIBIR era temporal. Cualquier investigador, decía el propio presidente Pedro Sanz, “no tiene un contrato laboral fijo sino que está vinculado a un proyecto de investigación y cuando éste se considera agotado o que ha cambiado, se cambia perfectamente sin ninguna vinculación ni derecho por parte de nadie”.

Y sí. Es cierto que la presencia del equipo de Morales en el CIBIR tenía marcada una fecha en el calendario, junio de 2014. Sin embargo, los investigadores tuvieron que abandonar el Centro de Investigación mucho tiempo antes debiendo interrumpir experimentos en marcha con todo lo que esto supone desde el punto de vista económico y científico.

Finalmente ha sido la justicia la que ha determinado la improcedencia de los despidos de los dos investigadores. La “falta de confianza” argumentada por la Consejería de Salud no ha sido tenida en cuenta por la justicia que obliga a readmitir a estos trabajadores o a pagarles una indemnización. En ambos casos, el Gobierno regional ya ha anunciado que recurrirá la sentencia.

Mientras tanto, proyectos interrumpidos y dinero tirado a la basura. Tirado a la basura porque el despido de los investigadores del CIBIR supone algo más que el hecho de que seis científicos vayan a engrosar las listas del paro. Ha supuesto cerrar una línea de investigación en Alzheimer y glaucoma, el desmantelamiento de un laboratorio en el que se han invertido más de 80.000 euros en material de investigación, la cancelación de un proyecto financiado por la secretaría de Estado para investigación y la renuncia a un proyecto ADER dotado con cerca de 175.000 euros, para la creación de una empresa biotecnológica. Todo ello, dicen los investigadores consultados, por una voluntad política en las antípodas del concurso de méritos que debería gobernar un centro de investigación.