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MADRID

La Comunidad de Madrid recurre la anulación de la venta de 3.000 viviendas sociales a un fondo buitre

Las casi 3.000 viviendas pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid, que fueron vendidas por 201 millones a Goldman Sachs Azora

El vicepresidente, Ignacio Aguado, dice que el recurso busca "defender el interés general" y pide disculpas a las familias afectadas por la "decisión política" de 2013

El principal argumento de la Comunidad de Madrid es la inconcreción sobre cuál sería el ámbito de aplicación: si solo al recurrente o a todas las viviendas

Manifestación en el barrio madrileño de la Ventilla contra la venta de vivienda protegida.

Manifestación en el barrio madrileño de la Ventilla contra la venta de vivienda protegida.

La Comunidad de Madrid sigue dando la batalla para evitar la reversión de la venta de casi 3.000 viviendas sociales del IVIMA a un fondo buitre en 2013. El Gobierno regional ha recurrido la anulación de la operación, realizada durante la etapa de Ignacio González, ratificada por el Tribunal Supremo tras inadmitir los recursos de casación de la Comunidad de Madrid y del fondo comprador, Goldman Sachs Azora, que adquirió las promociones por 201 millones de euros. 

Según el recurso de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid fechado el 13 de enero de 2020, se ha presentado un "incidente de nulidad de actuaciones" contra el auto del TS, del 19 de noviembre, ya que cae en una "infracción del artículo 24 de la Constitución".

El texto busca así que se admita el recurso de casación presentado por el Ejecutivo regional, ya que entiende que en su desestimación se ha incurrido en "un defecto de arbitrariedad" por diversas causas, entre las que identifican una "incongruencia por desviación", otro error por "afirmar que la cuestión esencial" por la que se presentó el recurso "no ha sido tratada" y, por último, una incongruencia omisiva "al no contestar otra cuestión esencial suscitada" durante el recurso de apelación, "el emplazamiento de terceros interesados".

Al respecto, el letrado de la Comunidad de Madrid, expone en el texto dirigido a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que la "aplicación arbitraria de la norma procesal" radica primero en que el recurso cuestionaba que los efectos de la sentencia --la nulidad de la venta-- se debiesen aplicar a terceros --al resto de inmuebles-- y no solo al recurrente.

"Sin embargo nada tiene que ver lo que se cuestiona (alcance o efectos de la sentencia estimatoria) con lo que señala el auto, que es remitirse al razonamiento que hizo la sentencia de 22 de noviembre de 2017 dictada por el TSJM, que expone que tras la enajenación, la vivienda queda sujeta al régimen jurídico privado en lugar de público, lo que afecta a la vivienda del arrendatario y en consecuencia le legitima para recurrir", expone letrado.

Ante ello, considera que ha habido una incongruencia por desviación, ya que el TS al desestimar su recurso se expresa no por lo cuestionado por el mismo si los efectos deberían estar limitados al recurrente, sino sobre cuestiones como "no se cuestiona" el régimen jurídico de la vivienda.

La duda: si se aplica al demandante o a todos

A continuación, también censura que en el rechazo al recurso ante el TS se asegure que la pretensión de la Comunidad de que "la nulidad debe ser referida únicamente a la vivienda del arrendatario reclamante" no había sido tratada en la sentencia y que, por ende, "el recurso de casación debe ser inadmitido"; a pesar de que corrobora que el Ejecutivo regional "suscitó en su recurso de apelación" la cuestión relativa al alcance de la sentencia. "Con los debidos respetos dicha consideración supone un error patente con trascendencia constitucional", prosigue el texto de la Abogacía General del Gobierno autonómico.

Por último, también percibe una incongruencia omisiva relativa a la necesidad de emplazamiento de los terceros que adquirieron el resto de viviendas, cuestión que planteó el Ejecutivo en su recurso ante el TS ya que deberían haber sido llamados al afectarles también la sentencia.

Por estos motivos entiende que ha habido una "infracción del principio de proporcionalidad" con la inadmisión a trámite del recurso de casación y sobre estas cuestiones sustenta el "incidente de nulidad" con el que busca dejar sin efectos esta decisión del TS y que finalmente dicte en su lugar un auto de admisión del recurso de casación.

Las casi 3.000 viviendas pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid, que fueron vendidas por un importe de 201 millones de euros, casi un 20 por ciento más que el precio fijado de salida (168,9 millones).

Estos inmuebles vendidos pertenecían al Plan Joven del Instituto de la Vivienda de Madrid, que fueron vendidas por un importe de 201 millones de euros, casi un 20 por ciento más que el precio fijado de salida (168,9 millones). Son en su mayoría pisos de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie. Las viviendas están ubicadas en las localidades de Madrid, Móstoles, Torrejón de Ardoz, Tielmes, Parla, Collado Villalba, Majadahonda, Navalcarnero, Leganés, Valdemoro y Arroyomolinos.

El Gobierno recurre... y Aguado pide disculpas

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha informado este miércoles que el Gobierno regional ha iniciado los trámites para recurrir la anulación de la venta para "defender el interés general" y a la vez ha pedido disculpas a las familias que se hayan podido ver afectadas por la "decisión política" que se tomó en 2013.

El vicepresidente ha explicado que lo que se ha hecho es "presentar un incidente de nulidad" de la sentencia porque esta deja "muchas lagunas, especialmente desde el punto de vista de ejecución". En este sentido, ha recordado que afecta "a miles de personas, no solamente a un fondos de inversiones". En concreto, "a mil familias que ya han vendido esas viviendas, que han ejercido su derecho a compra" y por las que, según el vicepresidente, también habrá "que preocuparse".

"Es una sentencia compleja que hay que interpretar y que hay que intentar dar cumplimiento de la mejor manera posible. El hecho de que finalmente se decida recurrir al Tribunal Constitucional no implica que no haya que ejecutar la sentencia", ha indicado.

Aguado ha insistido en que están iniciando los trámites oportunos "para defender el interés general", en lo que es "un procedimiento habitual". En este sentido, ha garantizado que defenderán el interés de todas las partes y buscarán "la mejor solución posible" en el momento en el que haya que ejecutar la sentencia. "Es una sentencia basada en una decisión política que nos hemos encontrado como Gobierno y que por tanto hay que resolver. Yo le pido disculpas en nombre de todo el Gobierno a todas las familias que se hayan podido ver afectadas y también les traslado nuestro compromiso de que vamos a intentar resolverlo de la mejor manera posible por la vía judicial", ha sostenido.

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