El Gobierno de Almeida y Villacís activa un servicio en plena campaña para “asesorar” a personas a las que okupan su vivienda

La ocupación ilegal, un tema abonado a los bulos y la desinformación, vuelve a entrar en una campaña electoral. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una Oficina Antiocupación para asesorar a las personas que han sufrido una usurpación de su vivienda en la ciudad. El nuevo servicio, dedicado a “proteger la propiedad privada de los vecinos” y anunciado el pasado mes de septiembre, no tiene personal propio ni presupuesto. Los ciudadanos podrán llamar al 010, el teléfono general de atención a la ciudadanía, “para conocer cuáles son los procedimientos o cómo contactar con los cuerpos de seguridad”, según ha desgranado la vicealcaldesa, Begoña Villacís, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. La corporación ha activado también un nuevo apartado en su web con preguntas y respuestas. Es lo único que la administración local puede hacer dentro de sus competencias sobre esta materia.

El Gobierno municipal ha dado a conocer a la prensa el servicio de “asesoramiento” sin tener datos actualizados de cuántas viviendas hay en esta situación en la ciudad; si las afectadas están vacías o habitadas; si son de bancos o particulares o si han aumentado en número. Los últimos datos disponibles son del Ministerio del Interior y confirman que las denuncias en 2020 cayeron en la Comunidad de Madrid un 9,5% respecto al año anterior, pese a que el concejal de Urbanismo aseguraba solo hace unos meses que el “fenómeno de la okupación” se estaba “acentuando” en la capital. La iniciativa parte del sector de Ciudadanos del Gobierno aunque en coordinación con el área de Seguridad, gestionada por el PP.

“La importancia no es solo por un dato cuantitativo sino fundamentalmente cualitativo”, justifica una portavoz del área de Coordinación Territorial aludiendo a “las actividades ilegales en narcopisos”. En septiembre de 2020, el responsable de Urbanismo, Mariano Fuentes, precisó que 657 pisos habían sido ocupados durante ese año en la capital, sin aportar más detalles. El Ayuntamiento pide a la delegación del Gobierno que actualice los datos. El Ejecutivo de Mariano Rajoy dotó a la Policía Nacional en 2016 de un comisario “antiokupa” para analizar el problema en Madrid, pero las cifras recabadas de su trabajo solo se hicieron públicas en 2016 y 2017.

La Consejería de Vivienda, la tercera pata de la administración implicada, calcula que unas 4.200 viviendas están ocupadas ilegalmente en toda la región. 2.000 de ellas son públicas, de la Agencia Social de la Vivienda. En este cómputo se incluyen las “patadas a la puerta” pero también casos de familias que dejan la vivienda a familiares o conocidos sin comunicarlo a la administración, explica un portavoz del departamento que dirige David Pérez, que admite que solo hay “algún caso” de residencias habituales usurpadas. Es decir, casas con personas viviendo.

La vicealcaldesa ha avanzado también que creará un mapa de “puntos calientes” para consumo interno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, de manera que se facilite su labor sobre zonas más tensionadas, “como los distritos del sur y del este”. Este trabajo lo harán coordinadamente el área de Seguridad (PP) y el área de Coordinación Territorial (Ciudadanos).

La Policía Nacional cuenta desde 2016 con una Oficina de Viviendas Ocupadas, explica la Delegación del Gobierno, que asegura que tiene datos actualizados pero no accede a hacerlos públicos. Un portavoz asegura que el Ayuntamiento de Madrid no ha puesto en su conocimiento nada relativo al “mapa de puntos calientes” anunciado este jueves.