Comprar o marcharse: vecinos de Getafe se enfrentan a un 'fondo buitre' para defender sus pisos protegidos
Comprar o marcharse. Es la disyuntiva contra la que tratan de luchar casi un centenar de vecinos del barrio Los Molinos en Getafe (Madrid) después de que el 'fondo buitre' Orión Investors les haya comunicado a los inquilinos que rescinde sus contratos de alquiler. Si quieren adquirir los pisos tendrán que hacerlo por el precio máximo permitido para vivienda protegida y previo pago de 3.000 euros en concepto de reserva. Hasta entonces, los vecinos continúan abonando el alquiler a Hacienda, que tiene por ahora embargadas las cuentas de la constructora.
Orión Investors se hizo con la deuda hipotecaria de 13,4 millones de euros de la constructora Bigeco SA, asumida primero por Bankia y luego por la Sareb, el conocido como banco malo. Hasta ahora, las viviendas estaban calificadas como de Protección Pública de Precio Limitado y –supuestamente– bajo el régimen de alquiler con derecho a compra, aunque la finalidad oficial era la compra: la constructora nunca pidió la autorización necesaria para cambiar de un modelo a otro. En concreto, los contratos de alquiler afectan a un total de 94 viviendas y 12 locales comerciales.
La historia de esta finca se remonta a 2007, cuando un consorcio formado por el Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad de Madrid adjudicó a Bigeco la construcción de un edificio de vivienda protegida integrado por 158 viviendas. Aunque la finalidad inicial era que estuvieran destinadas a venta, prácticamente dos tercios de la promoción quedaron desiertos en 2013, por lo que se comenzaron a ofrecer contratos de alquiler con opción a compra. En unos pocos casos –los últimos que se firmaron–, estos eran únicamente de alquiler, un cambio de criterio cuyo motivo los vecinos dicen desconocer.
La “dudosa legalidad” de los contratos firmados
Todos estos contratos tenían una duración de tres años prorrogables, cuando los de vivienda protegida deben ser por siete anualidades. Aquí es donde los vecinos han advertido la “apariencia de fraude” y su “dudosa legalidad”.
Para poder alquilar una vivienda protegida en régimen de venta es necesario pedir una autorización antes a la autoridad competente, la Comunidad de Madrid. Aunque se trata de un trámite –“lo normal es que se autoricen”–, es obligatorio pasar por él: se deben firmar contratos de alquiler especiales, pues se trata de una promoción que ha recibido ayudas públicas. Un procedimiento que los vecinos desconocían hasta hace unas semanas.
“Con un contrato de siete años, a la hora de ejercer tu opción de compra te tienen que descontar el 50% de las cantidades aportadas”, explica a este medio Eva, una de las afectadas y portavoz de los vecinos: “En nuestro caso, nos descontaban solamente el 10% y ni nos lo van a aplicar porque quien ahora saca la subasta es otra empresa distinta de la que nos hizo el contrato de alquiler. Se lavan las manos, no quieren saber nada”.
Hasta finales del pasado año, los contratos que llegaban a su fin eran renovados por vía tácita: si ninguna de las partes ponía pegas, la renovación era automática. Sin embargo, a principios de diciembre, los vecinos que se acercaban al término de esta prórroga comenzaron a recibir cartas de Bigeco en las que se les indicaba que tenían que abandonar sus hogares. “Ahí pasó algo raro con Bigeco”, explica Eva. “Yo renové en agosto y tengo tres años más, pero fuimos de los últimos en renovar”, cuenta esta afectada: “A partir de entonces, Bigeco decía que no podían firmar pero ofrecieron un año más por la tácita para renovar después para otros tres años, pero ya no ha podido ser así”.
“Por ejemplo, en mi contrato estoy con la tácita”, cuenta Sergio, otro portavoz de los vecinos: “En septiembre se cumplieron mis tres años y me han dado un año de tácita”. “Hay casos de gente a la que ya se le ha cumplido”, lamenta este afectado, que subraya que son “inquilinos que están aquí sin contrato, pero siguen pagando hasta que se aclare, porque es gente que quiere continuar en la vivienda y no pueden dejar de pagar si quieren seguir ahí o poder reclamar”.
Cabe recordar que los vecinos pagan el alquiler directamente al Estado: Bigeco ha acumulado una deuda con Hacienda que alcanza los 12,12 millones de euros, según última la lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria en 2018. El volumen del montante propició el embargo de las cuentas de la constructora.
Pero Bigeco no debe dinero solo a la Administración: también mantiene una deuda hipotecaria que ha acabado en manos del fondo buitre Orión Investors que, con sede en Luxemburgo y sin actividad en España, ha dejado en manos de Hipoges Iberia la gestión de esta actividad. Si en un principio el crédito fue con Bankia, esta entidad pasó el cargo al Sareb que, más tarde, lo vendió –por una cantidad desconocida– a esta empresa. En este caso, Bigeco debía 13,4 millones de euros: en el momento en el que se firmaron los alquileres, la deuda de la constructora era todavía del banco malo. Este medio ha contactado tanto con Bigeco como con Hipoges, sin haber obtenido respuesta.
3.000 euros de reserva para comprar al precio máximo
Orión Investors, a fin de rentabilizar la inversión, quiere adquirir en subasta notarial –no judicial– estas viviendas para volver a venderlas. Pero el fondo ha lanzado antes una última oferta, un compromiso de cesión de remate. Este consistiría en que cada vecino interesado en adquirir su piso en propiedad tiene que depositar 3.000 euros al fondo buitre a modo de reserva, y este se compromete a venderle la vivienda al precio máximo legal, un límite fijado por los Ayuntamientos para evitar que se vendan habitáculos protegidos a precio de mercado.
“Lo que ellos ofrecen es comprar ahora con sus condiciones, el precio máximo que fijen, o nunca”, lamentan los vecinos, que también dudan de la legalidad de estos pactos y no descartan llevar a cabo acciones judiciales. Eva tiene que decidir ahora si compra o se marcha, aunque tenga contrato con opción a compra hasta 2020. “Yo tenía pensamiento de comprarlo cuando llegara el momento, pero a día de hoy no sé si ni siquiera puedo hacerlo”, comenta mientras explica que estaba dispuesta a firmar el compromiso de remate: “Al investigar, me he echado atrás”.
En concreto, las reivindicaciones vecinales se centran en que la opción de compra sea a un precio justo al que pueda acceder la mayoría de los vecinos, y no al máximo que propone el fondo de inversión. Y, para los vecinos que no puedan afrontar el pago, que se respete una “renovación mínima” de tres años más.
Los afectados ya han conseguido reunirse tanto con el Ayuntamiento de Getafe como con la Comunidad de Madrid. Aunque agradecen el recibimiento de ambos, lamentan la “gran limitación” a la que alude la Delegación de Vivienda de la región para actuar en este caso: “Ellos no pueden ir al notario y paralizar la subasta, que solo se puede paralizar por lo judicial o por la vía amistosa”. No obstante, ya han entregado toda la documentación requerida por la Comunidad.
También han tenido una reunión con la empresa municipal de vivienda (EMVS) y la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, que aseguran que les ha transmitido “todo su apoyo”. Contactadas por este periódico, fuentes del Ayuntamiento de la ciudad destacan que no tienen “ninguna responsabilidad” en lo sucedido y que “se está intermediando porque son vecinos”.
Los afectados acudieron al Pleno de la ciudad el pasado 6 de febrero para intervenir en el debate de la votación de la proposición presentada por Ahora Getafe, un texto consensuado entre el grupo municipal y los vecinos que ha salido adelante con el voto unánime de todo el consistorio, formado también por PSOE, PP y Ciudadanos.
Por su parte, la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid ya ha abierto un expediente sancionador a Bigeco. “Es un tema bastante complejo del cual hemos tenido conocimiento a través de los afectados”, explica el director general de la Consejería de Vivienda, José María García, en declaraciones a eldiario.es, recalcando que han actuado de forma “inmediata”.
El control de contratos en este organismo pasa por un procedimiento de visado. Según explica la Consejería, “el promotor incumplió su obligación de tramitar ese visado de contratos en tiempo y forma”, algo que según la regulación vigente podría ser calificado como una 'infracción muy grave', que conlleva multas que van de los 6.001 a los 60.000 euros.
“No los presentó porque en origen la promoción estaba destinada a la venta y no al arrendamiento, en todo caso tendría que haber presentado contratos de venta”, explican en Vivienda, “por lo que la principal obligación que incumplió Bigeco fue la de no comunicar el cambio de régimen de uso”. “A consecuencia de ello, ya no puede presentar los contratos irregulares para el visado”, agregan, aunque recuerdan que estaban dentro del plazo para hacerlo: “No se tenía conocimiento de la entrega de esas viviendas, solo se sabe a partir de las quejas de los afectados”.
De este modo, García recalca que “no ha fallado el control, sino que ha habido una omisión de la obligación legal del promotor”, detallando que “esa alteración se ha producido después y sin conocimiento de la administración, porque revisamos los contratos cuando se presentan, pero si no se presentan, no podemos revisarlo”. Sobre la revisión de que se cumpliera con los trámites establecidos, el responsable de Vivienda explica que “esa circunstancia no ha acaecido por la situación concursal [de Bigeco] y la no finalización de esa promoción”.
Así, aluden a la “responsabilidad del promotor”, ya que la parte que “compete a la Consejería es en materia de vivienda protegida”. “No podemos entrar en otras circunstancias”, lamentan, e insisten en que pondrán “a servicio de los vecinos toda la información y orientación posible”.
