El Ayuntamiento de Madrid decide sobre el desahucio de las familias que ocupan vivienda pública
Las familias que se libraron de ser desahuciadas de las viviendas de titularidad pública que ocupan conocerán la resolución que decida su futuro la semana que viene. El Gobierno de Ahora Madrid paralizó temporalmente los desalojos, deteniendo así un proceso que había iniciado meses antes la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), entidad pública del Ayuntamiento de Madrid, acudiendo a los tribunales. Será el jueves 14 de septiembre cuando el consejo de administración de la empresa pública tome la decisión de reanudar los desahucios o pararlos indefinidamente.
Fue la delegada de Equidad, Asuntos Sociales y Empleo, Marta Higueras, que a su vez preside la EMVS, la que a través de una resolución detuvo cautelarmente los desahucios de familias que no habían solicitado regular su situación como ocupantes de pisos públicos. Se encuentran afectadas un total de diecisiete familias, otras 68 han demandado legalizar la ocupación.
“Dispongo se proceda a la suspensión temporal de los procedimientos de lanzamientos que se fueran a producir sobre viviendas de titularidad de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, desde este momento y hasta nueva indicación, a la vista del informe adjunto, lo que deberá ser aprobado en el próximo Consejo de Administración de la EMVS, S.A.”, rezaba la resolución firmada por Higueras.
Con esta medida, el Ayuntamiento de Madrid quería estudiar un dictamen del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, del 20 de junio, que determina que no se puede echar de las viviendas a las personas que no tengan una alternativa habitacional. En base a un informe jurídico, la EMVS decidirá este jueves si la resolución de la ONU es vinculante y determinará en consecuencia sobre el futuro de las familias.
17.000 solicitudes de vivienda pública
Ante las críticas de entidades sociales como la PAH por la decisión del Ayuntamiento de iniciar el proceso judicial para el desalojo de estas familias, Marta Higueras aludía en la gran demanda de vivienda pública que actualmente soporta la empresa municipal. “Cuando se ocupan viviendas destinadas a hacer política social, es complicado explicar que no pueden acceder a esas viviendas porque están ocupadas”, aseguraba Higueras hace unas semanas en declaraciones a la Cadena Ser.
La entidad pública tiene en estos momentos en torno a 17.000 solicitudes de vivienda social. El consejero delegado de la EMVS, Francisco López Baquero, asegura a eldiario.es que “la mayoría de ellos tienen una situación económica muy desfavorable”. Se trata de familias de entre tres y cinco miembros, con ingresos mensuales inferiores al 1,5% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 750 euros.
Plan de vivienda hasta 2019
El pasado mes de febrero la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, presentó el Plan Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid hasta 2019 que estima, entre otras medidas, la construcción de entre 4.200 y 4.500 viviendas públicas hasta el final de la legislatura. Para ello, el Ayuntamiento cedería parcelas de su propiedad a la EMVS. Este martes, se ha firmado una nueva cesión de dos parcelas para la construcción de 256 viviendas, que se suman a las diez que se cedieron en diciembre del año pasado, con capacidad para 1.150 viviendas. En total, la EMVS en el último año ha adjudicado más de 2.000 viviendas, de las cuales más de 600 ya se encuentran en construcción, aseguran desde la empresa municipal.
Con este plan, el Ayuntamiento de Madrid se propuso llegar al nivel de vivienda pública existente en los años previos a la venta de las promociones municipales a los fondos. La EMVS tenía en diciembre de 2010 más de 10.600 viviendas y cuando el equipo de Manuela Carmena llegó al Ayuntamiento a mediados de 2015, la cifra había descendido hasta las 6.066 viviendas. En torno a 5.800 se encuentran ya alquiladas y otras 300 se entregarán los próximos meses.
Desde la EMVS ahondan en la falta de suelo público con la que actualmente cuenta el Ayuntamiento. A la venta de pisos sociales a fondos buitre hay que sumarle la venta de suelo público por parte del Gobierno de Ana Botella. Además, recuerdan que las competencias en vivienda pública recaen en la Comunidad de Madrid ya que el Gobierno central limitó las de las entidades sociales con la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
