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Madrid pone en duda el reparto de los fondos de recuperación y acusa al Gobierno de arbitrariedad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d) conversa con el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty (i) en la Asamblea de Madrid

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El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha dirigido una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, exigiéndole “transparencia” en la metodología utilizada para realizar la distribución del Fondo REACT-EU, fondos europeos de recuperación.

El representante autonómico considera que “las cifras empleadas” para realizar el reparto “no han sido publicadas ni comunicadas oficialmente a las comunidades autónomas”. “Si no aclaran en qué datos se apoya el reparto del fondo, tendremos que pensar que ha existido algún grado de arbitrariedad en su distribución”, añade Fernández-Lasquetty.

“La Comunidad de Madrid recibirá 1.284 millones de euros, equivalentes al 12,8% de la cantidad total”, comienza explicando el consejero autonómico, para determinar esa distribución “el Ministerio de Hacienda afirma que se han aplicado dos criterios”. “Por un lado, la caída del PIB autonómico entre el primer semestre de 2019 y el primero de 2020. Y, por otro, la evolución del desempleo, tanto global como juvenil, entre enero y junio de 2020”, añade Fernández-Lasquetty, en la misiva firmada este miércoles.

Andalucía es la región que más dinero recibirá con 1.881 millones, un 18,8% del total del fondo; seguida de Cataluña, con 1.706 millones, un 17,1% del fondo; Madrid, 1.284 millones (12,8%) y la Comunidad Valenciana, 1.254 millones (12,5%). Entre las cuatro CCAA suman un 61,2% del total de este fondo.

Los recursos procedentes del REACT-EU deben destinarse a financiar “operaciones en el ámbito de la educación, la sanidad y los servicios sociales, para paliar el impacto sufrido en ellos como consecuencia de la pandemia, así como para transformarlos estratégicamente de cara al futuro”. Aún así, el Gobierno deja abierta la posibilidad de que las comunidades puedan plantear otros ámbitos de actuación que consideren relevantes para la reactivación económica.

Ayuso ya anticipó una nueva batalla contra el Gobierno central

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ya anunció este martes que los fondos europeos iban a protagonizar un nuevo enfrentamiento con el Ejecutivo central. “Vamos a denunciar este maltrato a Madrid en todas partes. En Bruselas y en nuestro país. No nos vamos a quedar cruzados de brazos ante una discriminación inaceptable por injusta y en el momento menos adecuado”, aseveró la presidenta regional, que ha cifrado esa “injusticia” en que Catalunya –con un millón más de habitantes– se llevará 400 millones más.

El consejero autonómico ha mantenido este miércoles la hostilidad con el Gobierno de Pedro Sánchez. En la misiva dirigida a Montero, el responsable de la Consejería de Hacienda asegura que no se ha realizado “una explicación adecuada” de la “metodología” empleada en el reparto del Fondo REACT-EU. “No se puede entender cómo se ha calculado el impacto de la crisis en cada comunidad autónoma, dado que a día de hoy esa cifra no existe”, incide Fernández Lasquetty.

En su argumentación, el consejero autonómico de Hacienda de la Comunidad de Madrid destaca que “el cálculo de la contabilidad regional de España no se elabora de forma semestral, sino anual”. “Por tanto, no hay ninguna cifra oficial disponible que permita comparar la caída del PIB autonómico entre el primer semestre de 2019 y el primero de 2020”, añade. Ante esta situación, lamenta que el desconocimiento de ese dato impida “conocer la base concreta empleada por el Ministerio de Hacienda para proceder a tan importante distribución de fondos europeos”:

Fernández Lasquetty asegura que Hacienda tampoco ha explicado “cómo han calculado la evolución concreta del paro durante el periodo referido”. Finalmente, expone que “la transparencia” cobra “especial relevancia en el manejo y distribución de estos fondos comunitarios, cuya ejecución es clave para la recuperación económica y social del conjunto de España, tal y como exige la propia Unión Europea”.

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