Moral Santín asegura que la empresa de derechos audiovisuales de Telemadrid “no ha sido beneficiosa para nadie”

“No voy a defender esa operación, no ha sido beneficiosa para nadie”. José Antonio Moral Santín, miembro del Consejo de Administración de Caja Madrid y del Consejo de Administración de Telemadrid y dirigente de Izquierda Unida en el año 2007, ha respondido así a las preguntas de los diputados durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la compra de derechos audiovisuales deportivos por parte de la empresa, Madrid Deporte Audiovisual. Posteriomente ha matizado que la entidad financiera consiguió cuatro millones de beneficio.

La comisión está investigando la gestión de Madrid Deporte Audiovisual (MDA), formada por Telemadrid y Caja Madrid, con un 49% y un 47,5% respectivamente de la empresa, mientras que el resto del capital era de los equipos madrileños. La firma compró los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid por 39,3 millones y del Getafe, por 13,6 millones, para después venderlos a la televisión autonómica del Gobierno de Esperanza Aguirre por 19,7 millones. La empresa quebró en 2013, registró pérdidas por 24,4 millones de euros, dejando una deuda de 17 millones de euros para la Comunidad de Madrid. En la anterior sesión de la comisión, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), javier Tebas, reconoció que Telemadrid no necesitaba crear una empresa con Cajamadrid para emitir partidos en abierto. Esta empresa le ha dejado una deuda a la Comunidad de Madrid de 17 millones de euros.

Aunque solo emitió fútbol durante un años, “Telemadrid aprobó un desembolso de 306 millones por los derechos audiovisuales para cinco años, lo que era un precio muy ponderado. Retornar parte de la inversión ya era bueno, pero el consenso era conseguir que se siguiera con la programación de fútbol. Telemadrid no es un centro de rentabilidad, es un centro de gasto”, ha señalado Moral Santín.

Cajamadrid, entidad de la que era consejero Moral Santín, fue la institución que se empeñó en que se creara una sociedad para la compra de los derechos audiovisuales, a pesar de que la entidad financiera no había visto cumplida la exigencia de la participación del Real Madrid junto a los otros dos equipos madrileños, según ha explicado el exdirectivo.

El abandono del Real Madrid no evitó que la operación fuera retomada por iniciativa de Telemadrid y aceptada por la entidad financiera. El consejero de la cadena a propuesta del PSOE, Miguel Villa, propuso en el consejo continuar con el estudio del proyecto porque lo veía rentable, según Moral Santín.

“Cajamadrid como socio financiero definió el plan de negocio de MDA, en ese informe hay hojas que tratan sobre la rentabilidad de Cajamadrid. Si hubiera salido bien el plan, Telemadrid no hubiera tenido tampoco beneficios, pero lo que se conseguía era tener los derechos audiovisuales del fútbol a un precio equilibrado y para la caída de audiencia”, ha añadido.

El exdirectivo de la entidad financiera ha descartado que el análisis de riesgo que hizo la caja no fuera el adecuado. Moral Santín ha señalado que en la proyección del modelo que se hizo “no se desvió apenas nada”. Como el exdirector general de Telemadrid, Manuel Soriano, achacó al nuevo entorno legal la distorsión en la operación de compra de los derechos audiovisuales. “Aparece una norma legal que le impide a todos los operadores que los contratos se gestionen a cinco años, para que pasen a tres años y eso hunde el valor. Se produjo un riesgo de inseguridad jurídica”, ha apuntado.

La diputada del PSOE, Encarnación Moya, ha comentado que de las palabra de Moral Santín se deducía que la fórmula para la creación de la sociedad servía para “eludir los controles por la deuda a vistas de Europa con una fórmula opaca, porque no se puede controlar por la Comunidad de Madrid, y tiene cláusulas de confidencialidad que no se entienden desde el punto de vista del dinero público”

Moral Santín ha explicado que Telemadrid tuviera un porcentaje de MDA por debajo del 50% era para que el gasto “no cargara contra los presupuestos de la Comunidad porque podría significar que se recortaran partidas sociales, lo hacían todas las administraciones, no es ilegal ni es una práctica inusual, no se hace para evitar el control ni la fiscalización”.