'El Madrid de las piscinas' pide institutos

Varios viandantes pasan ante una promoción de viviendas en construcción este martes en el barrio madrileño de El Cañaveral.

Alberto Ortiz


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Jorge se mudó en 2015 a Los Molinos, un proyecto urbanístico de Getafe con viviendas más o menos asequibles. Como tantos, supuso que, aunque entonces no había mucha infraestructura, la situación mejoraría con el tiempo. Seis años después, su hija, de 12, que acaba de empezar en el instituto, tiene que viajar cuarenta minutos en transporte público y caminar otros diez para llegar a clase, cargada con una mochila de siete libros.

20 kilómetros de viaje cada día para ir a un instituto público en Madrid

20 kilómetros de viaje cada día para ir a un instituto público en Madrid

“Al no tener un centro educativo en el barrio, tienes que salir a otro. Vives aquí, pero pasas casi todo el día fuera”, explica a elDiario.es este padre de familia que sufre un problema generalizado en el barrio. Más de 10.000 personas, según el padrón municipal, un solo colegio y ningún instituto. Varias familias se han movilizado para pedir a la Comunidad de Madrid que desarrolle un proyecto y han lanzado una recogida de firmas que ya tiene casi 2.000 apoyos.

La situación de Los Molinos no es aislada. Otros PAU (Proyecto de Actuación Urbanística) de Madrid arrastran desde hace años la falta de servicios públicos, en concreto, de centros de educación secundaria, como Montecarmelo, donde hay un instituto aprobado desde 2008 que aún no se ha empezado a construir tras múltiples demoras. En algunos, como en Valdebebas o en El Cañaveral, ni siquiera hay, de momento, intención de levantar un edificio público. 

“El barrio lleva unos diez años. Yo soy de los que vinimos en 2012. Se empezó a construir en la primera década de 2000 y diez años más tarde no hay apenas infraestructuras públicas ni educativas ni de ningún tipo”, comenta Miguel Ángel Lucas, de la plataforma IES Los Molinos ¡Ya!, creada ad hoc para reclamar un instituto. Según el censo, en el barrio viven 10.730 personas. De ellas, 311 tienen entre 12 y 18 años, y cada curso salen del orden de 75 alumnos del colegio de primaria Miguel de Cervantes, el único que hay en Los Molinos y aún inacabado. 

Así, los adolescentes del barrio, como los hijos de Jorge, que no tienen a nadie que los pueda acercar en coche al instituto más cercano, cuentan con solo dos líneas para salir de la zona, una municipal y otra del servicio de interurbanos de la Comunidad de Madrid. Ambas solo paran en un punto del perímetro, de más de 1,2 kilómetros cuadrados. “Las dos líneas pasan más o menos a la vez y con una frecuencia de unos treinta o treinta y cinco minutos. Mis hijos tienen que levantarse a las siete de la mañana para poder estar allí a las ocho”, explica Jorge. 

Desarraigo y saturación de los institutos cercanos

Más allá de las cuestiones formales, la falta de institutos en zonas que superan los 10.000 habitantes hace que los de barrios aledaños se saturen. “Hay un problema tremendo. Muchos alumnos cada año no pueden entrar, porque no hay plazas. Si ahora no tienen instituto y el año que viene sale además la primera promoción del Miguel de Cervantes, ¿a dónde van a ir?”, sigue Jorge. 

Rebeca, que tiene tres niños, suma otro punto de vista a la ecuación. “Lo que pasa es que terminas por no hacer vida en el barrio. La haces en el lugar en el que está el colegio o en el que tienen las extraescolares. Los amigos de los chicos son la mayoría de fuera del barrio. Aquí, como mucho, ves a gente paseando a los perros”, repasa. Ellos viven en El Cañaveral, un PAU todavía sin terminar en el distrito de Vicálvaro, pero que ya tiene 8.141 personas empadronadas. 

Si en Los Molinos al menos hay un colegio, aquí no hay un solo servicio público. Los hijos de Rebeca aún no van al instituto, al mayor le queda un año, pero tiene una situación similar a la de Jorge. El barrio está aislado por la R-3 a un lado y por la M-45 por el otro. “Hay un autobús que se queda en la entrada, y desde mi casa hasta la parada hay 20 minutos a pie. Ya no es que no tengamos servicios públicos, que no los vamos a tener en el medio plazo, es que tampoco tenemos transporte público para llegar a los servicios que están en otras zonas”, cuenta. Durante la pandemia, se fueron a vivir a un pueblo de Guadalajara, bastante aislado, pero había un autocar que pasaba cada día para llevar a los alumnos al colegio de la zona. “Estuvimos viviendo en un pueblo de 20 habitantes y el acceso a la educación era mejor que aquí, que estamos dentro de Madrid”, sintetiza.

“La postura oficial es que están esperando a que el barrio se consolide para empezar a ver este tipo de dotaciones. Nosotros ahora somos 5.000 empadronados, pero El Cañaveral tiene de facto 10.000 personas. En dos años, se prevé que tenga 25.000, pero el proyecto es para 50.000. No sabemos qué significa consolidar para la Comunidad de Madrid”. Quien habla es Daniel Santos, presidente de la Asociación de Vecinos Juntos Por el Cañaveral, que no se explica por qué, con un proyecto urbanístico “súpercerrado y detallado”, un barrio que está previsto que tenga una población como la de Segovia, dice, “no tenga prevista ninguna dotación”. 

El Cañaveral está en el confín sudeste de la capital. Las obras comenzaron en 2013 y los primeros vecinos se instalaron en 2016. La aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento de Madrid del PAU se firmó en 2004, como se puede comprobar en diferentes memorias de gestión del Consistorio. Para su promoción, un conocido portal inmobiliario vende los beneficios de este barrio: el perfil medio de los compradores suelen ser jóvenes “de entre los 25 y los 40 años, solteros o en pareja”, que buscan “gran luminosidad, amplias terrazas y zonas verdes”. En ‘el Madrid de las piscinas’ no busquen centros de salud, colegios o institutos, porque no los encontrarán. 

Si retrocedemos un poco en el tiempo y nos desplazamos hacia el norte en el mapa, llegamos hasta Valdebebas, un territorio de más de 10 kilómetros cuadrados, aunque de ellos solo 1,4 son para uso residencial. Está habitado desde 2013 y tiene 16.000 habitantes, según la web propia del PAU; 14.334, según los datos del Ayuntamiento de Madrid. Además de una web, en la que puedes consultar cómo será la nueva Ciudad de la Justicia, algunas iniciativas de emprendedores o la oferta de zonas verdes, Valdebebas tiene un director general, o CEO, Marcos Sánchez Foncueva. 

“Tú cuando vas a la cooperativa, te dicen: mira por aquí va a pasar el metro, por aquí habrá un instituto. Aceptas algunos retrasos, pero diez años después estamos igual: 1.700 adolescentes y ningún instituto público”, cuenta Javier Castillo, de la plataforma Educación Valdebebas, una agrupación de vecinos que ha convocado una manifestación el 28 de noviembre para pedir que el instituto se incluya en los Presupuestos de 2022. “Estamos hablando de niños de 12 años que tienen que irse a Hortaleza o a Sanchinarro. Hay dos líneas de autobús que pasan cuando pasan, y de media tardan 45 minutos en llegar a clase”, explica. 

Castillo describe una dinámica que ya conocen en El Cañaveral o en Los Molinos, pero que aquí arrastra una década. “Te dicen que no hay demanda de chavales para un instituto. No hay demanda porque no hay solicitudes, pero no hay solicitudes porque no hay dónde inscribirse. Cuando la situación vaya a explotar, pues harán el instituto. No sé qué es para ellos explotar, porque esto ya es insostenible, pero como todos los alumnos van fuera, pues no es un problema”, lamenta. 

Un horizonte de más de veinte años

Para hacerse a la idea del horizonte temporal que maneja la Comunidad de Madrid para poner institutos en estos desarrollos hay que trasladarse, por ejemplo, hasta Montecarmelo. Este PAU de 21.664 habitantes, ubicado en el distrito de Fuencarral-El Pardo, en la frontera norte de la ciudad, habla al resto desde el futuro. 

Las primeras viviendas se entregaron en 2002. En 2008, la Comunidad de Madrid firmó el primer compromiso de construcción y dos años después la construcción se ató a que saliesen las dos primeras promociones de colegio del barrio, el CEIP Infanta Leonor, un escenario pronosticado para el curso 2014-2015. El compromiso se demoró varios cursos. En 2015, las familias lanzaron la primera recogida de firmas e hicieron un encierro en el colegio, una protesta que repitieron en 2018 y 2019. 

Ese año se iniciaron las obras de adecuación de la parcela, con la meta de tener finalizado el edificio en 2022. Una vez licitado el proyecto, se creó la persona jurídica y se desplazaron las aulas al instituto Dámaso Alonso, en Mirasierra, donde los alumnos actuales dan clase hasta que terminen las obra, que, pese a los compromisos, aún no se ha empezado. 

“Siempre ha habido un incumplimiento tácito de los compromisos. El instituto como tal existe, con cinco primeros y dos segundos, que están desplazados a una serie de aulas y despachos en el Dámaso Alonso, unos 200 alumnos”, repasa Fernando Mardones, portavoz de la Plataforma por la Educación Pública de Montecarmelo. “El 40% de nuestra población tiene entre 0 y 19 años. Es una cantidad de gente que demanda no solo un instituto, sino una biblioteca, un centro de salud, instalaciones deportivas abiertas que no tenemos”, continúa Fernando, que tiene cuatro hijos adolescentes, repartidos en tres colegios de la zona.

En estos veinte años, él y el resto de vecinos han escuchado los mismos argumentos que los de otros PAU: “Al principio te dicen que hace falta que salgan chicos del colegio, luego que no hay demanda suficiente, pero claro no hay centro. Cuando fue evidente que había muchos niños, llegó el tema de las parcelas, que ponían pegas”. Fernando cuenta que de las parcelas que había en la zona, dos, muy buenas, se entregaron a un colegio privado, el Alemán, y a otro concertado. 

“Hay varios factores. Uno es la falta de voluntad política y otro tiene que ver con la forma de pensar, que entienden que lo prioritario es el comercio y el negocio, y que si no hay centros públicos pues que vayan al concertado”, argumenta, preguntado por las razones de esta falta de servicios públicos. Daniel Santos, de El Cañaveral, ve una razón económica: “A ellos les viene bien conceder los proyectos, porque recaudas mucho más dinero y no das los servicios a cambio”. “Nosotros nos movilizamos porque es lo único que nos queda. Mientras nuestros hijos parece que son de segunda, porque pese a tener unas viviendas que están bien, pues no tienen los mismos derechos que otros alumnos”, concluye Miguel Ángel, de Los Molinos. 

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