La presidenta de la Asamblea de Madrid expulsa a un grupo de afectados por la venta de viviendas a fondos buitre
La presidenta de la Asamblea de Madrid ha expulsado este jueves a un grupo de afectados por la venta de viviendas a fondos buitre, mientras el diputado de Podemos Jacinto Morano preguntaba al consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, por la venta de viviendas a fondos buitres.
El consorcio urbanístico de Leganes Norte, que presidia el viceconsejero de Medio Ambiente Miguel Ángel Ruiz, que dimitió por la operación Púnica, en septiembre de 2016 aprobó el traspaso de 129 viviendas de alquiler social a un fondo buitre (Testa). Este fondo buitre ha intentado subirles los alquileres a los vecinos, según van acabando sus contratos: les envían burofaxes y les hacen firmar nuevos contratos con cláusulas abusivas, explica el colectivo.
En el consorcio hay cuatro representantes del gobierno autonómico y cuatro del ayuntamiento de Leganes, uno de los cuales es del PP, que son los que han aprobado este traspaso. Ante esta situación, Morano ha preguntado al Gobierno si existe un plan de actuación para las familias. Tras la respuesta del consejero González Taboada, los vecinos afectados han protestado desde la tribuna, y la Presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, ha exigido la expulsión del colectivo.
Esto se produce dos semanas después de que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite un recurso de casación por la venta de vivienda pública de la Comunidad de Madrid al fondo buitre Azora. La Plataforma de Afectados por la Venta de la Vivienda Pública y Social (PAVPS) inició esta acción legal después de que en instancias inferiores desestimasen los recursos presentados por su equipo jurídico contra la resolución del IVIMA que supuso la enajenación de 32 promociones de vivienda social(2.935 inmuebles) al fondo de inversión Azora en agosto del 2013, durante el gobierno de Ignacio González.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que tiene “interés casacional” determinar si esta decisión del TSJM es conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Supremo. Concretamente el magistrado ponente, Eduardo Calvo, muestra interés en estudiar la “apreciación de falta de legitimación” alegada por el tribunal madrileño al considerar que la venta de viviendas de titularidad pública a una empresa privada “no afecta a la situación del arrendatario recurrente”, explica en el auto emitido el pasado 25 de mayo y al que ha tenido acceso eldiario.es.
