Ampliación de contrato para los 22 inspectores que cazan pisos turísticos ilegales en Madrid
El Ayuntamiento de Madrid ha decidido extender hasta tres años el trabajo de los 22 funcionarios que desde el pasado verano refuerzan las inspecciones y el sistema de sanciones sobre las viviendas turísticas que operan en la capital sin la pertinente licencia municipal. Gastará de momento 800.000 euros en ellos y podrá prorrogar su trabajo hasta 3 años.
La renovación tiene lugar un día después de que el Consistorio aprobara la normativa que dificulta las posibilidades de obtener una licencia para la actividad de abrir una vivienda turística en edificios residenciales, y tras comprobar el buen resultado de las campañas de inspección desarrolladas durante los últimos meses, con más de 11.000 pisos controlados.
El equipo, que incluye 10 arquitectos, 8 personas dedicadas a la administración general y 4 técnicos de gestión de la rama jurídica, forma parte del personal de la Agencia de Actividades. Se encargan de identificar las Vivivendas de Uso Turístico sin licencia y emitir sanciones y órdenes de cierre, dentro de sus competencias de disciplina urbanística. De momento y con la legislación anterior ya han sancionado a cientos de viviendas. Su número -22- contrasta con los 5 inspectores con los que cuenta la Comunidad de Madrid para vigilar las más de 10.000 viviendas dadas de alta en el registro de viviendas turísticas de la región.
El área de Desarrollo Urbano Sostenible, de la que depende el ADA, hace hincapié en que con estas actuaciones vela “por la seguridad jurídica de los usuarios de estos alojamientos turísticos que, si se ejercen sin los respectivos controles urbanísticos, pueden generar problemas de fraudes al consumidor”. Casos como el que hace unas semanas los vecinos denunciaron en este periódico, el de un piso turístico que aloja hasta seis personas en una antigua buhardilla sin cédula de habitabilidad. El Ayuntamiento también considera que “cuando la presión del sector turístico se concentra en un área reducida de la ciudad, se deteriora la calidad de vida y se dificulta el acceso a la vivienda digna”.
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