Lo que cuesta cerrar un restaurante sin licencia en Malasaña: el caso de Corredera 41

Que los procedimientos legales en Madrid son “garantistas” lo repite cada empleado municipal al que se pregunta sobre las razones por las que se tarda tanto en poner fin a los negocios que se saltan la ley. La oleada de denuncias y órdenes de cese que se esquivan de diferentes maneras son un buen ejemplo de ello y, dentro de ellas, resulta especialmente llamativo el caso del restaurante Pad Thai Wok, que operó durante cuatro años en el 41 de la Corredera Baja de San Pablo sin su licencia pertinente, según datos del Ayuntamiento de Madrid a los que ha tenido acceso por el periódico Somos Malasaña.

“La actividad de Bar Restaurante que se ejerce carece de licencia de funcionamiento, habiéndose ordenado el cese de la actividad”, reza el informe de la Agencia de Actividades que abrió expediente a este local y en la primavera de 2018 ordenó la clausura por este motivo. Sin embargo, hasta más de siete meses después no fue posible poner el precinto al local.

Una serie alegaciones tuvieron la culpa desde que el 11 de junio se decretó el cierre. Pocos días después la empresa gestora pidió la suspensión cautelar de la medida, intento que se desestimó el 29 de julio. La policía municipal comprobó en varias visitas al local que la orden de clausura seguía sin ejecutarse hasta que a principios del mes de diciembre el Ayuntamiento acordó el precinto del local, como última medida para que el negocio acatara la orden municipal. La medida también fue recurrida por el negocio y desestimada el 21 de enero. Una semana después, el día 28, el precinto era ejecutado.

El local que ocupa el Pad Thai Wok albergó en su momento el Centro de Innovación de Ballesta (Ciball) y fue vendido durante la etapa de Ana Botella como alcaldesa. Poco después pasó a albergar el citado restaurante sin licencia adecuada para su actividad, como denunció hace más de tres años la asociación vecinal Acibu. Aparte de las condiciones de la venta de este espacio público en su momento -el local se enajenó por 180.000 euros frente a los 350.000 euros que hubiera costado a precios de mercado- a los vecinos les enervó que fuera dedicado a una actividad hostelera de la que Malasaña anda sobrada y prohibida sobre el papel por la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE).

Pese a la orden de clausura y al precinto, fuentes municipales indican a Somos Malasaña que no sería raro que el local retomara su actividad en las próximas semanas. De hecho, sus responsables ya han comunicado su intención de reabrir e informan a sus clientes de que el cierre se debe a “motivos que nada tienen que ver con nosotros”.

@capitan_malasana

¿garantistas?... explicalo.

Anton marrutias piragüista

Que raro un local que valdría 350.000 euros vendido en 150.000...

Anita te lo explica en un periquete,,, además de ser un local de todos (CIBALL) vendido a un "amíguete"?...

en la puerta pone HACEMOS LOS QUE NOS SALE DEL FORRO-