Montoro intenta frenar cinco obras del Ayuntamiento en colegios y centros de mayores
El conflicto que mantiene desde hace meses el Ministerio de Hacienda con el Ayuntamiento de Madrid por las cuentas presupuestarias de la capital ha subido varios escalones después de que el órgano que dirige Montoro, a través de la Delegación del Gobierno, haya exigido a Carmena anular 577 obras que actualmente ejecuta en las calles de la ciudad -algunas ya han finalizado-, cinco de las cuales afectan a centros público de Malasaña.
En concreto, el Gobierno central pretende que se detengan las obras de mejora que se ejecutan en el colegio Pi i Margall, ubicado en la plaza del Dos de Mayo (136.000 € de gasto), las que vendrán para adecuar la cercana Casa del Cura para actividades vecinales diversas (350.000 €), las obras de la sede de Urbanismo en la calle Barco (350.000 €) y las mejoras de los centros de mayores ubicados en las calles Dos Amigos (gasto de 80.000 €) y en Benito Martín Lozano (60.000 €), según información publicada por El Diario.
El departamento de Montoro afirma que los 302 millones de euros destinados para estas obras a través de dos acuerdos de este verano del pleno del Ayuntamiento de Madrid ponen en peligro el objetivo de estabilidad presupuestaria del consistorio, pero desde el área de la Hacienda madrileña, dirigida por el concejal Sánchez Mato, se replica que esta cantidad sale del superávit que registró la ciudad en 2016, y que será empleada en inversiones financieramente sostenibles, como permite la actual legislación.
“El 43% de las actuaciones están tramitadas ya y algunas incluso se han finalizado por lo que sería legalmente inviable proceder a su paralización”, indicó el Ayuntamiento en una reciente nota de prensa, en la que argumentaba que la aprobación de suplementos de crédito con cargo al superávit del año anterior y el destino de los mismos está regulada por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y por Ley de Haciendas Locales. Además, el gobierno de Ahora Madrid afirma que los Presupuestos Generales del Estado aprobados en junio “dan cobertura legal a las modificaciones de crédito aprobadas en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid”.
Por estas razones el Ayuntamiento anuncia su intención de no paralizar ninguna obra e invita al gobierno de Rajoy a acudir a los tribunales para defender su posición.
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