El Supremo obliga a la Comunidad de Madrid a dar una solución a los inquilinos de los 3.000 pisos sociales que vendió a un fondo buitre

“La satisfacción es enorme”, asegura a eldiario.es Enrique Villalobos, presidente de la Federación regional de asociaciones vecinales de Madrid (FRAVM). No es para menos: el Tribunal Supremo ha anulado de forma definitiva la venta de casi 3.000 viviendas públicas del antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) en 2013 al fondo buitre Goldman Sachs-Azora por 210 millones de euros.

La operación se produjo durante el Gobierno de Ignacio González, del Partido Popular. Y tras siete largos años de litigios en los tribunales contra los sucesivos ejecutivos autonómicos −siempre en manos del PP– y el mismo fondo buitre, la justicia ha dado (por última vez) la razón a los inquilinos: la venta no se justificó debidamente y no se demostró que los inmuebles vendidos ya no eran necesarios para su fin. El Supremo obliga así al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso –desestimando su último recurso– a dar una solución a los cientos de inquilinos que se vieron afectados por la venta.

Los procesos legales que se abrieron tras la operación del Gobierno de Ignacio González son múltiples. Pero esta resolución del Alto Tribunal es consecuencia del procedimiento que inició en agosto de 2013 un particular Rachid Bouikou, uno de los afectados, con un abogado de oficio. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid le dio la razón en mayo de 2018. Pero aunque iba a título individual, su caso abrió el camino y supuso que se anulase la venta de todas las viviendas, un total de 32 promociones, y también que quedase en papel mojado la transmisión del contrato de arrendamiento de su vivienda a Encasa Cibeles, sociedad participada por Azora y Goldman Sachs, que ejerce como gestora del parque de viviendas y que se ha dedicado a encarecer unos alquileres que en origen tenían precios sociales.

Bouikou comenzó entonces a encadenar victorias en los tribunales después de que Gobierno regional y fondo buitre hayan ido recurriendo sucesivamente. En mayo de 2019, el TSJM los desestimó. La Comunidad de Madrid y Azora volvieron a recurrir pero el Supremo rechazó unos meses después, el pasado noviembre, la casación. Ya no había lugar a dudas: la venta de las casi 3.000 viviendas públicas era nula. Hace solo unos días, el Alto Tribunal, de nuevo, ha vuelto a confirmar esta decisión desestimando el último recurso de nulidad presentado por el Gobierno de Ayuso.

Durante todo su periplo judicial, la Comunidad ha intentado limitar la legitimidad de Bouikou para recurrir la operación al completo y ha pretendido que sus recursos únicamente afectaran a la cesión de su inmueble. Pero tanto el juez de primera instancia como el TSJM han dado la razón al recurrente al considerar que “la transmisión de las viviendas no se produjo de forma individualizada sino en bloque”.

Para José Luis Muga, abogado de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA, el Gobierno de Ayuso debe dar una respuesta “cuanto antes” a los afectados. “La realidad es que si una sentencia declara que la venta de una vivienda no es ajustada a derecho conviene dar una solución al conjunto de las viviendas y es lo que tiene que hacer ahora la Comunidad de Madrid”, insiste.

Esta última resolución del Supremo ha supuesto, además, “un tirón de orejas” para el Gobierno de Ayuso, recuerda el presidente de la FRAMV, por defender los intereses del fondo buitre. “No es dable al letrado de la Comunidad de Madrid erigirse en representante o defensor de los derechos de tales terceros interesados, pues es a éstos a quienes corresponde la defensa de sus derechos e intereses”, recoge la última resolución del Supremo.

En torno a mil viviendas vendidas por el fondo

Pero aunque el fallo es histórico, la travesía no es sencilla. Por el momento, el actual Gobierno de PP y Ciudadanos ha anunciado que agotará la vía en los tribunales y presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Tanto para Muga como para Villalobos se trata de una estrategia que busca “alargar lo inevitable”: la ejecución de la sentencia, que en definitiva supone revertir la venta de las casi 3.000 viviendas.

Ambos defienden que los visos de prosperar del recurso ante el Constitucional por parte del Gobierno de Ayuso son “prácticamente nulos”. “La estrategia siempre ha sido esa, de hecho el último recurso ante el Supremo solo buscaba ir a esta siguiente fase”, defiende el abogado de la asociación de afectados.

Cuando se agote esta vía (si es que el Constitucional la rechaza), el Gobierno regional deberá poner en marcha la reversión de la venta lo que supone pagar lo que corresponda al fondo de inversión a cambio de recuperar las viviendas. Lo más complicado está en las alrededor de 1.000 viviendas que ya han sido vendidas a terceros por parte de Azora. También en los numerosos inquilinos que abandonaron la vivienda para los que, a juicio de Villalobos, debe de existir algún tipo de compensación como forma de restituir sus derechos.

El abogado de la Asociación de afectados entiende que el Gobierno regional debe ponerse a negociar para que, entre otras cuestiones, los nuevos propietarios puedan seguir manteniendo la vivienda que compraron al fondo de inversión. En este sentido, José Luis Muga considera que la factura a pagar al fondo de inversión se vería así sustancialmente disminuida.

El presidente de la FRAVM, no obstante, recuerda que la obligación del Gobierno regional es revertir la venta “y ya serán luego los interesados, los que reclamen”. Villalobos recuerda que de las 2.924 viviendas que fueron vendidas, la mayoría pertenecían al plan joven con contratos de compraventa, pero unas 700 eran puramente alquileres sociales.

“La mayoría de ellos como no tenían otras vías de escape se han quedado en las viviendas aguantando todo tipo de acoso por parte del fondo buitre”, asegura Villalobos. “Sus alquileres se incrementaron considerablemente y al no poder pagar el fondo buitre les reclama una importante deuda”, lamenta Villalobos.

A día de hoy, quedan en las viviendas alrededor de un 25-30% de los legales adjudicatarios: personas y familias a las que se les concedió una vivienda pública en régimen de alquiler, en algunos casos, también con opción a compra. “Los inquilinos que se han tenido que marchar tendrán que reclamar una compensación”, considera Muge, que reconoce que las realidades de cada uno de estos son muy dispares. Algunos se marcharon porque pudieron al mejorar su situación económica y otros lo hicieron acosados por los nuevos precios de alquiler impuestos por el fondo de inversión que en muchos casos después vendió a terceros.

“La justicia lo que dice es que la venta se hizo mal. La operación se ha declarado nula y se debe revertir. Luego que cada parte reclame sus derechos. Y los terceros que compraron de buena fe no deberían tener mayores problemas en un modelo de arbitraje con la Comunidad de Madrid para que sean reconocidos sus derechos como nuevos propietarios”, apunta Villalobos.

Lo que parece claro es que la última posición del Supremo supone el principio del fin de una gran batalla que iniciaron en los tribunales los inquilinos afectados por la venta del Gobierno de González, cuando se encontraron de un día para otro con un casero diferente y unas condiciones también opuestas. Pasaron de entenderse con la administración pública a hacerlo con un fondo buitre, que a los pocos meses comenzó a poner a la venta las casas en las que vivían cientos de familias o encarecía considerablemente los inmuebles.

Ahora, estos inquilinos esperan que el periplo se termine, aunque no descartan acudir esta vez al contencioso-administrativo para que el Gobierno regional asuma, por fin, “que ha perdido”.