Podría tratarse de una de cal y otra de arena. O del juzgador, condenado. O nadie está libre de pecado. Cualquiera de esas expresiones podría ser aplicada al Ayuntamiento de Salamanca, que sanciona a unos bomberos por manifestarse ante el alcalde, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y, al mismo tiempo, es condenado por vulnerar “el derecho constitucional a la libertad de expresión” tras sancionar con 150 euros a un miembro del colectivo 15-M por repartir octavillas en la Plaza Mayor.
El Ayuntamiento de Salamanca continúa adelante con el expediente abierto a 16 bomberos de Salamanca que se manifestaron el 13 de febrero, por sorpresa, ante el alcalde Alfonso Fernández Mañueco; el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván; y el presidente del PP salmantino y de la Diputación de esta provincia, Javier Iglesias. El enfado fue tremendo y como consecuencia de que se “interrumpiera un acto institucional”, como se ha defendido el regidor, se inicio un expediente sancionador a 16 bomberos. Los que han podido ser identificados, según fuentes consultadas por La Meseta.
Y este expediente continúa, pese a que en algunos círculos se confiaba en que fuera sólo un arrebato del alcalde. Todo lo contrario. A primeros de abril, los “inculpados” recibieron el Pliego de Cargos. Se les indicaba que los hechos “pueden ser constitutivos” de faltas disciplinarias, tanto por parte de “los autores” como de los “encubridores”.
Y se les imputan las siguientes faltas: “obstaculización e impedimento del ejercicio de las funciones de los compañeros o subordinados” ante la “interrupción de la actividad programada impidiendo el normal desarrollo de los actos previstos, sin autorización previa”; “grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados”. También se les relatan las formas que tuvieron en la protesta: “gritos, petardos, insultos graves y con la obstaculización física del libre movimiento de las personas”.
Un mes después de que el Ayuntamiento remitiera el Pliego de Cargos a los expedientados, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Salamanca declaraba nula una sanción de 150 euros impuesta por la Policía Local a un miembro del colectivo 15-M que repartía octavillas en las calles salmantinas.
Según los afectados, el reparto de octavillas en la calle es una “forma de difusión e información de larga tradición en los movimientos políticos y sociales” y recuerda que, además, “está unánime e inequívocamente amparada por el derecho a la libertad de expresión”.
El Ayuntamiento, sin embargo, justificó la multa de 150 euros en que se repartieron, “esparcieron y tiraron toda clase de octavillas o materiales de carácter similar por la vía pública”, en la Plaza Mayor de Salamanca. Además, fuentes municipales restaron importancia a ese fallo judicial con el argumento de que “los que recurrieron tienen otras dos sentencias en contra y no dicen nada de ello”.
El Juzgado reconoce, en la sentencia a la que ha tenido acceso La Meseta, que queda acreditado que se repartieron octavillas o pasquines de contenido político, por lo que la sanción impuesta “vulnera el derecho constitucional a la libertad de expresión, lo que determina la nulidad” de la sanción de 150 euros.
Pero, además, no sólo le obliga a devolver esa cantidad al miembro del 15-M, sino que le impone los intereses legales “desde la fecha de ingreso hasta su completo pago” y a la “imposición de costas procesales”.
