El sector y los grupos ecologistas se enfrentan por las ayudas a los coches de combustión

El sector del automóvil ha recibido con alivio y satisfacción contenida el plan de ayudas al automóvil presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, no ha sentado bien en las organizaciones ecologistas que la estrategia de rescate del Ejecutivo suponga una apuesta por el vehículo particular frente al transporte público o los modos activos de desplazamiento (bicicleta o caminar) y que incluya incentivos económicos no solo para los modelos electrificados, sino también para los de combustión.

El denominado Plan de Impulso a la cadena de valor de la Industria de la Automoción, hacia una movilidad Sostenible y Conectada, dotado con 3.750 millones de euros, comprende medidas de impacto a corto plazo que se pondrán en marcha durante este año 2020 y otras de tipo estratégico a medio plazo, las cuales se ejecutarán a partir de 2021 y podrán ser financiadas gracias al apoyo de los fondos europeos para la recuperación.

Entre otras iniciativas, se aprueba la edición 2020 del Plan Moves con una dotación de 100 millones de euros (65 millones en la anterior) destinados a favorecer la compra de vehículos de energías alternativas, al despliegue de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, a sistemas de bicicleta eléctrica compartida y, en general, a medidas para una movilidad eficiente.

Otros 250 millones tienen como destino un programa de renovación del envejecido parque automovilístico español, cuya media se sitúa actualmente en 12,7 años, que se basa en el principio de neutralidad tecnológica, buscando solo la sustitución paulatina de los vehículos más antiguos y contaminantes por otros más limpios, sea cual sea el modo de propulsión que utilicen. Este programa se aplicará tanto a turismos y vehículos comerciales ligeros como a vehículos industriales pesados y autobuses.

Las asociaciones de fabricantes y componentes y las de distribución y comercialización de vehículos han saludado “positivamente” el plan del Gobierno, que consideran muy necesario no solo para reactivar hoy un sector especialmente afectado por la crisis del coronavirus, sino también para trazar una estrategia que le permita ganar competitividad y fuerza a medio plazo.

José Vicente de los Mozos, presidente de la patronal de fabricantes Anfac, valora de forma particular que el plan haga suyos los postulados principales  del Plan Auto 2020-40, elaborado por la asociación y presentado al Ejecutivo el pasado 2 de marzo, que “plantea una estrategia clara de cara a la transformación de la industria hacia la movilidad del futuro, con los compromisos de descarbonización y digitalización muy presentes”.

Aparte de las ayudas directas contempladas en el Plan Moves para los modelos de energías alternativas, las asociaciones y el Gobierno ven especialmente relevante la renovación del parque, también a efectos ambientales. Les preocupa tanto la antigüedad media como el hecho de que el mercado de vehículos de más de 20 años -los más contaminantes con diferencia- haya crecido un 18% en los últimos años, realidades ambas que chocan con la aspiración de una descarbonización total del transporte en Europa para el año 2050.

Moncloa menciona de forma expresa en su página web que “la normativa europea sobre emisiones es cada vez más estricta mientras los nuevos vehículos, además de mejores prestaciones, incorporan paulatinamente mejoras de emisiones”. Organizaciones ecologistas como Transport & Environment (T&E), aunque ven con buenos ojos que las ayudas prioricen la movilidad libre de emisiones, critican que también puedan acogerse a ellas coches con emisiones de CO2 de hasta 120 g/km -calculadas además en ciclo NEDC, menos exigente que el actual WLTP- cuando justamente la Unión Europea exige a los fabricantes que la media de emisiones de su flota vendida durante 2020 no supere los 95 g/km.

Incentivo de hasta 1.000 euros

Este aspecto del plan abre la puerta a que puedan contar con un incentivo de hasta 1.000 euros bastantes modelos SUV, un tipo de vehículo que emite un 20% más de dióxido de carbono que un turismo convencional, según las estimaciones de T&E, que desarrolla desde hace tiempo una cruzada específica contra esta clase de modelos por ser más pesados y contaminantes. Su representante en nuestro país, Isabell Büschel, lamenta que en este punto el plan español no siga los pasos de Alemania o Francia e insta a la eliminación de este subsidio para los “todoterrenos contaminantes”.

Por su parte, Ecologistas en Acción demanda que el dinero público se utilice para fomentar los desplazamientos sostenibles y no para promocionar el automóvil. Rebate el argumento de la industria de que un plan de renovación de la flota ayuda a reducir emisiones; “lo cierto es que los coches vendidos en los últimos años son menos eficientes y emiten más CO2, debido fundamentalmente al incremento de la masa y el volumen de los vehículos nuevos”, aduce la organización.

Las ayudas gubernamentales, nos recuerdan, se anuncian al poco de conocer que durante el mes de mayo se ha producido un nuevo máximo histórico en las concentraciones de CO2 en el planeta, y de que una encuesta mostrara que más del 80% de la población española aprueba medidas de restricción del tráfico para conservar en lo posible los menores niveles de contaminación registrados gracias a la detención de la movilidad por causa de la pandemia y el confinamiento.

Por último, la principal entidad de impulso al vehículo eléctrico en España, Aedive, estima que el plan del Gobierno -que ha suscrito su director general, Arturo Pérez de Lucia, junto con representantes del Ejecutivo, de los sindicatos y de las asociaciones del sector- supone “una declaración de principios y una visión clara de hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir y cuáles son los desafíos que tenemos por delante en la automoción y en la movilidad”.

Con respecto al Plan Moves, Pérez de Lucia ha ensalzado tanto el alza del presupuesto de 65 a 100 millones de euros como la eliminación de muchas de las barreras que la edición de 2019 tuvo para su tramitación por parte de las comunidades autónomas, como el achatarramiento de un vehículo, que esta vez será opcional.