La juez trocea la denuncia por deterioro del Mar Menor
La titular del juzgado de Instrucción 2 de Murcia, Mirian Marín, no ve las conexiones suficientes para abrir una macrocausa y ha decidido abrir tres procedimientos separados tras la denuncia interpuesta por el jefe de la Fiscalía Superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, por el deterioro sufrido por el Mar Menor como consecuencia de los vertidos agrícolas.
La magistrada ha estimado que no concurren los criterios de conexión exigidos entre los delitos que se atribuyen a los funcionarios de la Consejería de Agricultura y a los de la Confederación Hidrográfica del Segura. “No se aprecia ningún indicio de que haya existido un concierto o reunión previo en la actuación realizada por los funcionarios de la Confederación y por los de la Consejería, máxime cuando se trata de organismos independientes entre sí, con ámbitos y competencias claramente diferenciadas”, explica en su fundamentación.
Por una parte, habrá una causa para desentrañar la responsabilidad de los siete responsables de la Consejería de Agricultura que recogiera la denuncia de Díaz Manzanera: el exconsejero Antonio Cerdá; el ex secretario general de la Consejería, Francisco Moreno García; los antiguos directores generales Ginés Vivancos Mateos, Joaquín Maestre Albert y Ángel García Lidón y los ex jefes de servicio Esteban Abad Salcedo y Francisco José González Zapater.
Otra pieza estará destinada a comprobar la culpabilidad de la Conferencia Hidrográfica del Segura (CHS), por lo que están imputados los expresidentes de la CHS José Salvador Fuentes Zorita y María del Rosario Quesada, además del excomisario Manuel Aldeguer y los antiguos jefes de servicio Joaquín Ezcurra Cartagena, José Manuel Enrique Ruiz Sánchez y Blas Mirete Mompeán.
Además, el auto declara la falta de competencia territorial respecto a las denuncias de los vertidos de salmuera y nitratos arrojados al Mar Menor con desaladoras ilegales, que habrían sido cometidos por 24 agricultores y empresas agrícolas con domicilio en San Javier y Cartagena, lo que se traducirá seguramente en denuncias inviduales en los respectivos juzgados de instrucción.
“Se trata de hechos cometidos por personas diferentes en distintos lugares y tiempos, sin que exista ningún indicio –de lo relatado en la denuncia- de que haya concierto entre ellos”, añade la juez. Y matiza que “prueba de ello es que todos los agricultores has sido objeto de un expediente administrativo sancionador independiente” y pueden, por ello, “ser instruidos y enjuiciados en dichos Partidos de forma independiente sin temor a dictar resoluciones contradictorias”.
Por ello, la magistrada entiende que “las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía habrán de adoptarse, en su caso, por el juzgado que finalmente asuma la competencia”.
