El Consejo Escolar Regional, ¿un altavoz del Gobierno regional?

El Consejo Escolar Regional, ¿un altavoz del Gobierno regional?

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Hace aproximadamente un mes la consejera de Educación encargó que, de manera urgente, el Consejo Escolar Regional hiciera un informe sobre la nueva Ley educativa. Como buen funcionario a sueldo del Gobierno su presidente se puso manos a la obra y a pesar de los puentes de diciembre, las vacaciones de Navidad y la pandemia que nos acosa, ya está concluido.

Para cualquiera que haya formado parte del Consejo o que haya seguido sus disposiciones no habrá sido una sorpresa que 'el dictamen' coincida con el argumentario impartido por el Partido Popular, las patronales de la enseñanza privada o la jerarquía eclesiástica. Por ello no me voy a referir a ese dictamen porque está en los telediarios desde que se tramitó la Ley. Mejor hacemos un poco de Historia.

Desde su creación en 1999, el Consejo no ha informado en contra, ni puesto un reparo, que no fuera gramatical o de estilo, a los decretos legislativos propuestos por el Gobierno regional. Esto ocurre porque en vez de ser un órgano consultivo independiente y representativo de la  Sociedad, desde su fundación, la enseñanza privada, la administración educativa y las asociaciones promovidas por el Partido Popular están sobre representadas de tal manera que cualquier votación que mínimamente pudiera tener un matiz ideológico produzca unos resultados distintos del 11/2/1, a favor, en contra, abstención, en la comisión permanente o 32/7/2 en el pleno, con muy pocas variaciones según el tema o el número de asistentes, la proporción siempre es la misma .

Como ejemplo, en el acta de la reunión ordinaria de la permanente del Consejo de fecha 10-07-2020, en el punto 2 se trata un dictamen sobre una orden de ayudas al estudio y de comedor y un consejero propone una enmienda- la número 9- consistente en añadir la propuesta de ordenar los criterios del art. 6 que expresan las preferencias para la adjudicación de ayudas, y añadir una primera preferencia por ser víctima de violencia de género,

Votos a favor 1, Votos en contra 8, Abstenciones,2

Quedando como estaba antes:

1ª. Ser víctima del terrorismo 2ª Mayor puntuación asignada a los ingresos 3ª Ante el empate de puntuación tendrán prioridad:

A) Huérfanos absolutos B) Familias monoparentales C) Familias numerosas

Otro ejemplo. El 25 de junio del presente año, también en la permanente, se veía el dictamen sobre el “Anteproyecto de decreto por el que se aprueba el currículo de áreas y materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica de diseño propio de los centros de la CARM”. El representante sindical Diego Pascual, de Comisiones Obreras, presenta una enmienda para “incluir la perspectiva de género en los currículos de todas aquellas asignaturas de libre configuración autonómica propuestas en los cuales no se ha hecho, garantizando que en sus objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje no se vulnere el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, ni que se produzcan situaciones de discriminación, desigualdad o exclusión de las mujeres”.

Resultado de la votación: votos a favor 1, en contra 7, abstenciones 0

El mismo día hubo otras con el mismo resultado 7 a 1 o unanimidad si no había disputa ideológica, o era una cuestión gramatical o de estilo.

Semipresencialidad

Un apunte más sobre el carácter de este Consejo es que ante la situación creada para el curso actual con los graves problemas de organización en los centros escolares y el ataque descarado al derecho a la educación que supone la asistencia rotativa a clase de parte del alumnado regional, no ha habido un pronunciamiento del órgano de participación aunque esta sea una cuestión que interesa, y mucho, a las familias así como a los docentes

Todo lo anterior pone de manifiesto que este consejo "asesor” destaca por su  insustancialidad, inoperancia y servilismo, sobre todos los que componen el entramado consultivo de nuestra Región.

Insustancialidad, por el nivel de los dictámenes, la inmensa mayoría de ellos se limitan a hacer una descripción de la orden del tipo:

"Este proyecto de orden consta de un preámbulo, doce artículos, una disposición adicional única, una disposición transitoria única, una disposición final única y cinco anexos. El Preámbulo refiere... El artículo 1 indica que el ámbito de aplicación El artículo 2 repite cuál es el referente normativo de esta titulación"...

Y las "observaciones" son del tipo:

1. Artículo 5.1. Dice: “…y las orientaciones pedagógicas, de los módulos profesionales…”. Sugerimos suprimir la coma: “…y las orientaciones pedagógicas de los módulos profesionales…”.

Para esas rectificaciones bastaría que los asesores legales y los redactores fueran competentes. Además así se ahorrarían correcciones en el BORM tan usuales.

Inoperancia. Si una gran parte del Consejo es nombrada por el Gobierno que presenta los proyectos a dictaminar, y para completar la mayoría se utiliza la sobre representación de organizaciones empresariales, así como las organizaciones creadas por el aparato del PP entre los alumnos y los padres, el resultado es que no existe un auténtico debate pues la desproporción de fuerzas lo hacen inútil, nunca se contraría al que paga.

Servilismo. Desde su creación no ha salido ni un solo dictamen negativo de todas las iniciativas que ha presentado el Gobierno regional para su estudio, lo cual no deja de ser llamativo después de 20 años revisando leyes, decretos y órdenes de la Consejería de Educación. Lo que supone que desde Fernando de La Cierva, hasta la actual, todo lo han hecho bien.

La solución pasaría por replantear varios aspectos sobre su composición y su funcionamiento.

En primer lugar volver al espíritu de lo que debe ser un Consejo Asesor, es decir: debatir, dar opinión y asesorar sobre las cuestiones esenciales de la educación; las cuestiones lingüísticas "deberían venir corregidas desde casa", que para eso la Consejería dispone de su gabinete jurídico al que se suman los más de ochenta asesores docentes.

Representación proporcional

En segundo lugar conseguir una representación de la comunidad educativa proporcional a la realidad regional sin sobre representación de la enseñanza privada ni del partido en el gobierno.

En tercer lugar desprofesionalizarlo, no tiene sentido que el presidente cobre casi como un consejero, a no ser que su sentido sea asegurar el control total, aparte de colocar a otro conmilitón. Sobre esto hay que destacar que en los presupuestos regionales de 2016 la oposición eliminó el sueldo del presidente, pero al final el PP consiguió que cobrara, seguramente porque podría resultar muy duro para alguien que llevaba desde 1995 sin oler la tiza volver al tajo, y eso le supusiera un problema de salud.

Los 'asesores', si fueran necesarios, deberían ser nombrados por el Consejo, y por concurso público, no para pagar favores del partido en el Gobierno como ocurre con los actuales.

Por último, instituciones más útiles y más baratas han sido sacrificadas en el altar de la crisis, por ejemplo el Defensor del Pueblo de la Región.

Habría que revisar los consejos asesores, su funcionamiento, la ley que los regula y en especial el de educación, para que estos cumplan con su función y no sean un simple altavoz de las acciones del Gobierno regional, al fin y al cabo son consejos asesores, no legisladores. Y, ya de paso, que dejen de ser 'madrigueras' para pagar servicios prestados, ya sea en prensa y propaganda o de amiguitos que cesan en puestos con 'paguic'” y que no se quieren dejar atrás.

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17 de enero de 2021 - 06:00 h

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