Hace unas semanas la Plataforma Salvemos el Arabí y Comarca volvía a denunciar el abandono masivo de lechugas, directamente en los bancales, en los parajes del Carche (Jumilla) y el Llano (Yecla). Se han dejado perder decenas de miles de lechugas y se han desperdiciado para su producción millones de litros de agua del acuífero Jumilla-Villena, sobreexplotado, en una comarca como el Altiplano, donde la sobreexplotación de los acuíferos viene de décadas. Esta es la cuarta vez que la plataforma denuncia está situación de abandono y despilfarro de cultivos como la lechuga. Es un sinsentido producir para finalmente tirar, el desperdicio que hay es enorme. En el año 2020, en concreto, millones de melones y sandías se pudrieron en el suelo al no ser recogidas.
También, en anteriores ocasiones, nos hemos encontrado en Mazarrón o Águilas con el descarte de tomates, que se tiraban, porque no son de un calibre determinado, o color homogéneo o no tienen el aspecto que nos exigen las comercializadoras en Europa. Una inversión en insumos como trabajo agrícola, agua, abonos, fitosanitarios, etc., para convertirlos en basura. Un despilfarro que parece ser un elemento asumido en una parte de este sector. Estas situaciones de despilfarro no solo se producen en la región. En España cada año se tiran más de 8 millones de toneladas de comida a lo largo de toda la cadena alimentaria. Dicho de otra manera: uno de cada tres alimentos acaba en la basura, con consecuencias económicas y medioambientales.
Es vergonzoso y patético que nadie haga nada para solucionar esto. Vuelve a repetirse como hace varios años, el abandono masivo de plantaciones de lechuga en cultivos intensivos ante la mirada hacia otro lado de las administraciones que tendrían que velar por un uso eficiente y sostenible del agua en la agricultura. Son grandes empresas OPFH (Organización de Productores de Frutas y Hortalizas), de conglomerados de grupos empresariales y de inversores. Se trata de un modelo muy concreto de agricultura intensiva que consume recursos naturales a un ritmo rápido, como agua, suelos, energía, fertilizantes, fitosanitarios, trabajo agrícola, etc., de una manera ineficaz e insostenible. Al final, este modelo productivo produce excedentes que no pueden ser comercializados y no se recogen o se recogen para ser descartados en gran parte y convertidos en residuos.
Esta situación de insostenibilidad y despilfarro ocurre frente a la pasividad e inacción de nuestros representantes públicos. Las competencias de agua las tiene la Confederación Hidrográfica del Segura, las competencias en agricultura las tiene el gobierno regional y las de ordenación municipal las tiene el ayuntamiento. Luego, nos llega desde la administración regional la consigna repetida hasta la saciedad en todos los medios de comunicación de que somos un ejemplo en ahorro de agua, a pesar del despilfarro y la contaminación de suelos y acuíferos. No se puede permitir este desperdicio y este crecimiento hacia ninguna parte. Los poderes públicos no pueden permanecer impasibles, tienen que actuar ante este despilfarro de recursos.
El problema fundamental de estas empresas en la comarca del Altiplano es que están trasladando el mismo modus operandi que se ha generado en el entorno del Mar Menor, unidos al agravante de que pueden llegar a agotar los recursos de agua subterráneos de la comarca. Se trata de grandes empresas exportadoras con millones de euros de facturación, con riego de los suelos agrícolas diez meses al año, con asalariados/as en condiciones laborales tremendamente precarias y que, no obstante, reciben grandes cantidades de subvenciones públicas para todas la infraestructuras de regadío. Es una producción agrícola despilfarradora; una producción en exceso que agotará el agua disponible y cuando esto ocurra se trasladarán a otro sitio en una espiral de deslocalización y depredación de suelos y recursos naturales.
Se puede producir de otra manera. Podemos tener una agricultura sostenible de otro tipo. Es necesario establecer una alternativa de limitación a la instalación de este tipo de nuevas explotaciones o su ampliación, por razones medioambientales en zonas con los acuíferos sobreexplotados. Hay que exigir la paralización inmediata de todos los cultivos intensivos del Altiplano debido a la sobreexplotación del agua del subsuelo. No se puede permitir que las administraciones públicas hayan estado financiando con dinero público el derroche de los acuíferos a través de programas operativos, que además, como paradoja, persiguen objetivos medioambientales en teoría. En definitiva no se puede permitir el crecimiento y la expansión de este tipo de agricultura industrial intensiva en el Altiplano, con todos los acuíferos sobreexplotados y además financiada con dinero público.
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