Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
El pasado 4 de diciembre una persona extranjera acudía a La Arrixaca por un fuerte dolor de espalda. El servicio impecable: doctora, enfermeras, todas fueron amables y eficientes. Sin embargo, antes de disfrutar del derecho a la atención sanitaria por una urgencia, recibe un papel sin opción de traducción a un idioma que pueda entender. Se trata de un compromiso de pago por la factura correspondiente a los gastos ocasionados.
No es ningún secreto que los Derechos Humanos son papel mojado para muchas personas. Por otro lado, que así sea no significa que haya que normalizarlo, al contrario, significa que es de vital importancia dar luz a todas aquellas situaciones cotidianas en las que se vulneran sin siquiera espacio para manifestar disconformidad. Ocurre con frecuencia que quienes sufren el atropello son personas vulnerables a las que les hicieron agachar la cabeza demasiadas veces. En el caso de las personas extranjeras la barrera idiomática supone una desventaja de base.
Quien llevaba más de una semana rabiando de dolor, iba acompañada por una persona residente en Murcia que quiso saber qué documento era ese:
- Disculpe, pero nunca había visto ese papel, no sé qué significa.
- Pues no sé, yo lo tengo que dar.
- Sí, pero no va a firmar algo que no sabe a qué le compromete.
- Pues hay que firmarlo.
- Déjeme que lo lea y le saque una foto para mandárselo a nuestra abogada.
- ¡Ah, no! Eso no se lo puedo permitir por la Ley de Protección de Datos.
- Pero si los datos son de la persona que estoy acompañando, que le saque ella la foto.
- No, no. Yo no sé quién eres tú ni donde trabajas.
- ¿Pero, cómo es que puede firmar algo en donde aparecen sus datos y no puede fotografiarlo?
- Bueno, es igual, que no firme, le vamos a atender igual. - Guarda el papel de forma brusca sin oportunidad a aclarar el trámite.
Toda esta confusa conversación transcurre medio a gritos, no porque hubiera enfado, sino por la pantalla de metacrilato entre las dos interlocutoras y por la megafonía entre el interior y el exterior del muro transparente, que fallaba más que una escopeta de feria. Se sumaba que otra persona extranjera, también confusa, intentaba hacerse entender en el punto de información contiguo. Las de fuera intentaban ayudarse, las de dentro agilizar los procesos porque se hacía cola.
Tras la negativa por un lado de firmar algo que no se terminaba de comprender y por el otro, el arrebato del documento en cuestión, se entregan otros papeles que advierten de la obligatoriedad de remitir las acreditaciones necesarias para beneficiarse del servicio de asistencia sanitaria en el plazo de 10 días y que “de no recibirse se declara decaído en dicho trámite y se procederá a la facturación de la asistencia conforme a derecho.”
Queda la incertidumbre de qué ocurrirá transcurridos los 10 días. ¿Llegará la factura por ejercer el derecho a una asistencia sanitaria de urgencia? ¿De cuánto será? Se instaura un miedo en quien no tiene los recursos para abonar la cuantía, sea cual sea. Y lo peor de todo, se genera un temor al socorro como ocurriera durante el mandato de Rajoy. Aún hoy hay personas migrantes sin recursos que no acuden al médico por miedo a no poder pagar los costos, es la estela que el PP dejó negando el derecho a la sanidad pública a inmigrantes ilegales y a nacionales no cotizantes.
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