La desidia del gobierno de la ciudad de Murcia

En 1982, Wilson y Kelling formularon la conocida teoría de las ventanas rotas: cuando un entorno tolera el deterioro —un bache sin arreglar, una ventana rota, una farola fundida, una calle sucia, una llamada a la policía por un coche mal aparcado, vados que no se respetan o una hoguera que se repite semana tras semana sin respuesta— y, cuando el problema llega a redes, una cuenta falsa responde insinuando que quien denuncia ni siquiera ha llamado. Esto, inevitablemente, lleva a preguntarse si acertó o manejaba otros datos y lo que se transmite no es solo abandono material, sino un mensaje político mucho más profundo: aquí no pasa nada. Y cuando no pasa nada, todo acaba pasando y es lo que está sucediendo con muchos barrios y pedanías de la ciudad de Murcia.

La teoría de las ventanas rotas, en ocasiones, se ha utilizado, sobre todo, para justificar políticas de orden público restrictivas en determinadas zonas. Sin embargo, la misma tiene una lectura más incómoda: el deterioro no siempre es casual. Puede ser inducido, amplificado o, simplemente, ignorado. No siempre es negligencia; a veces es estrategia para devaluar una zona: comprar barato y vender caro después. Y otras, sencillamente, desgobierno.

Creo que nadie puede dudar que existe una relación directa entre degradación percibida y valor urbano. La forma más eficaz de devaluar un barrio no es solo dejar que se deteriore, sino acompañar ese deterioro con un relato constante de inseguridad, conflicto o decadencia. No hace falta que sea del todo cierto; basta con que sea creíble y repetido. Aquí es donde entran ciertos discursos vecinales y mediáticos que, en teoría, buscan defender el barrio, pero acaban construyendo una imagen profundamente distorsionada. El caso del sur de Murcia —El Carmen, San Pío X, Barriomar— es paradigmático. En los últimos meses se ha instalado la idea de que estos barrios atraviesan una situación equiparable a contextos de exclusión severa. Se señalan problemas reales, pero se amplifican hasta configurar un relato de colapso que perjudica a quienes viven allí, clase con aspiraciones de mejorar. Una anécdota reciente lo ilustra bien. Hace unos días recogimos a un familiar en el pueblo para ir a comer a la playa que, por su edad, no accede a internet. Durante el trayecto, nos explicó con total convicción que en nuestro barrio: el Carmen, San Pio X… “te roban hasta los tornillos” y que aquello era poco menos que un estercolero. No hablaba desde la experiencia, sino desde lo que había oído en la televisión pública que le acompaña, La 7. Ese es el dato relevante: si alguien ajeno al entorno repite ese discurso con seguridad, es que el mensaje ha calado y obtiene votantes para determinados partidos lejos de donde se produce esa situación de degradación, que, por otro lado, es culpa del partido que gobierna.

La realidad hoy, no hace falta ya ni leer a Baudrillard, es pura construcción mediática. Los simulacros se basan en establecer comparaciones impactantes, pero falsas. Se ha llegado a equiparar El Carmen con las 3.000 Viviendas de Sevilla. Conviene detenerse aquí. He vivido allí, en la residencia universitaria Flora Tristán, creada por la rectora Rosario Valpuesta, precisamente para intervenir en un entorno de exclusión real. Y no, no tiene nada que ver. No es cuestión de matices, sino de escala: estructura social, condiciones urbanas, presencia institucional. Confundir ambos contextos no solo distorsiona la realidad local, también banaliza la gravedad de otros. Cuando se pierde la escala, se pierde la capacidad de intervenir. Y ese es uno de los problemas centrales.

Por otra parte, hay algunas cosas que se están ignorando: la posición estratégica del barrio. El Carmen no es periferia; es la prolongación natural de la Gran Vía hacia el sur. La lógica urbana es clara: los ejes centrales no se detienen en un río, continúan. Y cuando continúan, arrastran actividad, inversión y centralidad. Algunos indicios ya son visibles. La llegada de ciertos usos comerciales —aunque sean tan poco sofisticados como un Burger King— responde a flujos y expectativas de crecimiento. A esto se suma un factor clave: el futuro paso del tranvía. Donde hay infraestructura estructurante, hay ciudad en expansión. Esto tiene consecuencias claras. Si ese eje sur se consolida, la conexión con la autovía deberá replantearse. No puede seguir dependiendo de los mismos accesos. Será necesario redistribuir flujos, diseñar nuevas entradas, pensar la ciudad en términos más amplios. Y eso, hoy, no se está haciendo, lo que provoca, entre otras cosas problemas serios de acceso y salida de la ciudad.

Ese vacío de planificación del ayuntamiento contrasta con la intensidad del relato negativo. Un relato que no es inocuo: contribuye a devaluar el barrio en el corto plazo y abre oportunidades para quienes sí anticipan su crecimiento. Se compra barato hoy lo que será caro mañana. Mientras tanto, quienes más contribuyen a ese discurso suelen ser quienes menos visión tienen. Denuncian degradación sin advertir que están ayudando a producirla. Es en este punto aparece la responsabilidad política, que es directa. El Ayuntamiento de Murcia no está corrigiendo esta deriva; la está permitiendo en un contexto evidente de desgobierno. Tras dos años de mandato, los proyectos estructurales siguen paralizados, el ayuntamiento no responde a cuestiones básicas, las decisiones estratégicas no llegan y la ciudad avanza por inercia. La consecuencia es clara: ni se actúa sobre los problemas reales ni se combate el relato que los amplifica. No hay una política definida para el sur ni una visión que sitúe estos barrios en el mapa de crecimiento de la ciudad. El resultado es doblemente perjudicial. Por un lado, se consolida una imagen distorsionada. Por otro, se pierde la oportunidad de ordenar un desarrollo que ya está en marcha. Ni se arreglan las ventanas ni se evita que alguien diga que el edificio entero está en ruinas.

Conviene recordarlo: una ciudad no se degrada solo por sus grietas físicas, sino por la ausencia de quien debe repararlas. Y en Murcia, hoy, ese vacío empieza a hacerse demasiado evidente. Lo pagamos quienes vivimos en determinados barrios, donde las llamadas a la administración caen en saco roto: coches que bloquean garajes, vehículos sobre las aceras, hogueras improvisadas… El ayuntamiento debe responder, como también sus instituciones, pero da la impresión de que resulta más rentable dejar que el deterioro avance, abrazar la teoría de las ventanas rotas y empujar así a que el malestar termine orientando el voto. Una forma, cuanto menos, inquietante de hacer política.