El poder opaco: medios, silencio y crisis en Murcia

Siempre me ha llamado la atención, desde que volví de Italia a Murcia, una diferencia en el tratamiento informativo del poder: en el PSOE era relativamente fácil identificar quién mandaba y cuáles eran las familias; en el Partido Popular y en Vox, no. En estos casos, el poder resulta mucho más difícil de rastrear. No es solo una impresión. Basta revisar las hemerotecas: frente a los mapas detallados de nombres y relaciones que los periodistas han ido trazando durante años para reconstruir el poder socialista o de otros partidos progresistas, apenas existen intentos equivalentes para interpretar las dinámicas internas del PP o de Vox. Solo han trascendido episodios concretos —como el enfrentamiento entre Patricia Fernández y Fernando López Miras—, convertidos en excepción más que en regla. En el caso de Vox, además, muchas de sus decisiones, purgas y contrataciones solo han sido conocidas cuando han saltado a la prensa nacional, sin un seguimiento sostenido en el ámbito regional. Y todo ello mientras la sucesión de Ballesta, dentro y fuera del Ayuntamiento de Murcia, deriva cada vez más en una carrera de codos que lleva tiempo en marcha.

Esta asimetría no es casual. Responde, en gran medida, a cómo funcionan los medios de comunicación y a las condiciones en las que producen información. Allí donde existen mecanismos de democracia interna —primarias, procesos competitivos, estructuras más permeables— el poder se vuelve narrable. Se filtra, se discute, se expone. En esos contextos, los medios encuentran material para construir relatos, aunque a menudo lo hagan desde el conflicto, presentando la propia democracia interna como problema en lugar de como una expresión normal de pluralismo político.

Por el contrario, allí donde esos mecanismos se controlan o se diluyen, el relato se vuelve opaco. El poder no desaparece: simplemente deja de circular por canales visibles y se desplaza hacia redes informales, difíciles de penetrar para quien no conoce sus códigos. La política se acerca entonces a la lógica de un 'selectorado' restringido, donde las decisiones relevantes se toman en círculos cerrados y el conocimiento sobre quién manda realmente queda reservado a quienes manejan nombres, vínculos y lealtades. No hay ausencia de poder, sino déficit de democracia: no solo se dificulta su comprensión, sino también su relato.

Parte de esa ausencia tiene que ver con un segundo vector menos visible, pero igualmente determinante: la dependencia de las fuentes. El periodismo político, especialmente en ámbitos locales o autonómicos, se sostiene en gran medida sobre el acceso. Quien rompe ese equilibrio y señala dinámicas internas corre el riesgo de quedar fuera de los circuitos de información y perder futuras filtraciones. En entornos cerrados, además, las fuentes no hablan o lo hacen bajo condiciones de anonimato que rara vez permiten construir un relato publicable con garantías. El resultado es un incentivo claro a la contención: no tanto por falta de conocimiento, sino por el coste que tiene convertir ese conocimiento en información.

El problema, sin embargo, no es solo la opacidad, sino el silencio: el miedo —político, mediático o económico— impide que esos nombres se pronuncien. Como dice Verbal Kint en Sospechosos habituales, “el mayor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existía”: el poder siempre es más eficaz cuando nadie se atreve a nombrarlo.

Esto revela una lógica operativa poco reconocida: los medios no actúan únicamente como observadores neutrales, sino también como gestores del riesgo informativo. Publicar exige respaldo, pruebas sólidas o validación externa. En ausencia de esas condiciones, se opta por fórmulas más ambiguas que permiten insinuar sin afirmar. Así se configura una jerarquía implícita en la que determinados conflictos necesitan ser 'certificados' antes de hacerse plenamente visibles, mientras otros circulan en un terreno difuso donde todo el mundo sabe, pero pocos dicen.

Ese silencio no es casual: es autocensura nacida del miedo, en una región que periodistas de prestigio han perdido su empleo. Un miedo con varias caras, entre ellas una especialmente relevante: la económica. La fragilidad de los medios, agravada por la caída de los ingresos publicitarios, ha reforzado su dependencia de la financiación institucional, que es distribuida con escasa transparencia premiando a medios afines. Esa dependencia introduce un incentivo evidente a la prudencia —cuando no a la contención— en la cobertura de determinados actores políticos. El problema deja así de ser solo editorial para convertirse en una cuestión de gobernanza: sin reglas claras y supervisadas, la autonomía real de los medios queda condicionada y su función, más allá de sus editoriales, puesta en tela de juicio, pues sin utilidad real, su valor cae.

Todo ello favorece un fenómeno igualmente relevante: la persistencia de determinados perfiles políticos que, por su presencia o su forma de actuar, operan mediante la intimidación simbólica sin activar una respuesta social proporcional dentro de sus propias organizaciones. Son figuras que transitan de puesto en puesto sin que los costes reputacionales actúen como mecanismo de corrección. Su estilo —a medio camino entre la provocación y la normalización de lo inaceptable— acaba siendo tolerado como parte del paisaje político. Hasta el punto de que sus nombres se omiten, no sea que señalarlos desencadene reacciones con consecuencias económicas, incluidas posibles pérdidas de ingresos publicitarios abonando el camino para el poder despótico.

En este contexto, la situación del Ayuntamiento de Murcia no puede entenderse como un episodio aislado, sino como la expresión más visible de ese mismo patrón de opacidad y control del relato. La recuperación de espacios por parte del Partido Popular en barrios que fueron clave en el conflicto del soterramiento apunta menos a una estrategia de gobierno que a una dinámica interna de reposicionamiento. Todo indica que el foco está en la gestión de una sucesión más que en la resolución de problemas de un ayuntamiento ahogado.

Mientras distintos perfiles del Ejecutivo regional se sitúan, el Ayuntamiento proyecta una imagen de creciente desorden. Los ejemplos son conocidos: un sistema de transporte público con licitaciones retrasadas o mal planteadas que no saldrán esta legislatura, problemas persistentes de limpieza, quejas acumuladas en barrios y pedanías, atascos estructurales como los de la Ronda Sur o la renuncia del jefe de bomberos, que evidencia tensiones internas y fallos de dirección. No se trata de incidentes aislados, sino de una acumulación de disfunciones que dibuja un problema de gestión sostenido, pero que no tienen reflejo en lo medios.

A ello se suman elementos más simbólicos, como la hibridación entre cofradías y política o el control reforzado sobre territorios donde la percepción de abandono es creciente. Pero más allá de lo simbólico, lo determinante sigue siendo la capacidad —o la incapacidad— de ejecutar políticas públicas de forma coherente.

La conclusión es incómoda, pero difícil de evitar: la falta de escrutinio sostenido no es solo un problema mediático, sino un factor que agrava la propia crisis de gobierno. Cuando el poder no se nombra, cuando sus dinámicas no se explican y cuando sus fallos no se exponen con claridad, las posibilidades de corrección se reducen y perdemos todos. Y en ese escenario, lo que queda no es un proyecto, sino una lógica de mera conservación del poder en la que la opacidad deja de ser una consecuencia para convertirse en una herramienta para que todo siga como siempre, pero el resultado es la pérdida de la democracia.