El Parlamento Andaluz aprobó el inicio del trámite legislativo que va afectar de una manera muy grave al ya deteriorado estado medioambiental del Parque Nacional de Doñana. El objetivo de esta ley es legalizar los cultivos de regadíos ilegales, destinados a las fresas, en cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal del Parque. Todo esto se hace con premeditación para atender y contentar a los propietarios de pozos ilegales. El grupo de presión del regadío industrial no tiene freno y la consecuencia es que el acuífero de Doñana está sobreexplotado y en riesgo de colapso.
La Comisión Europea, se ha posicionado contra la legislación votada en el Parlamento Andaluz, advirtiendo al estado español de importantes sanciones si se realiza este desaguisado legislativo en esta reserva que es Patrimonio Mundial de la Humanidad. El estado podría pagar hasta 300 millones de euros de multa a la UE por el plan de la Junta Andaluza. Varios investigadores y profesores universitarios, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Defensor del Pueblo Andaluz, las organizaciones de defensa ambiental y el Consejo de Participación del Parque se han posicionado de una manera clara en contra. Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana lo dice muy claro: “Nos vamos a quedar sin Doñana, sin agricultura y sin turismo”.
WWF y Ecologistas en Acción quieren denunciar ante la Unión Europea todo lo relacionado con la proposición de ley para la reordenación de regadíos de la Corona Norte de Doñana, con el objetivo de salvaguardar sus recursos naturales y su biodiversidad. El interés público superior de Doñana está siendo sistemáticamente vulnerado y supeditado a intereses económicos que son incompatibles con su conservación. El presidente andaluz Moreno Bonilla ha reculado un poco, asegurando que el proyecto legislativo puede modificarse y su consejero ha consultado al comisario de Medio Ambiente sobre las discrepancias con la Comisión Europea.
La situación del entorno de Doñana se ha ido deteriorando en los últimos años, debido al cambio climático, la disminución drástica de las lluvias y la sobreexplotación del acuífero. Estos factores limitan aún más la presencia de aguas en la marisma; ya no bastan los 200 litros caídos en diciembre para revertir la situación de sequía extrema que se viene arrastrando, sequía que no es meteorológica, sino debida a la derivación de aguas. Se necesitan aportes hídricos para la recuperación de los ecosistemas, la renaturalización del espacio para conseguir más agua, pero también de mejor calidad y que sirva para el desarrollo de dinámicas fluviales que amplíen las zonas inundables actualmente desecadas y que permitan entradas masivas, en momentos de avenida, que limpien de sedimentos la colmatada marisma. También otro acuífero como el del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel en Castilla-La Mancha se encuentra en riesgo de colapso muy grave.
En nuestra Región los regadíos ilegales y la apertura de pozos sin autorización han sido una lacra que ha puesto en peligro muy grave el acuífero del Campo de Cartagena, contaminándolo de una manera masiva. El proyecto de cambio legislativo en los regadíos ilegales de Doñana es un aviso a navegantes y puede ser un ejemplo pernicioso para el futuro de la Región de Murcia. Aquí en nuestra tierra, todavía hoy, la batalla contra los regadíos ilegales y la recuperación de nuestra laguna no han terminado. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sigue encontrando, en cada campaña de cultivo, nuevos regadíos sin autorización en el Campo de Cartagena. El proyecto del nuevo Plan Hidrológico de la demarcación del Segura tampoco resuelve los problemas reales en el contexto de la sequía estructural de la emergencia climática y tiene avances mínimos para impedir la degradación de la cuenca, tanto fluvial como de los acuíferos. No hay planes para reducir las extracciones en los acuíferos sobreexplotados, muchos de ellos ya diagnosticados al menos desde hace más de dos décadas
El populismo demagógico sobre el agua arrancará votos coyunturales, pero agudiza el problema y nos condena a un futuro insostenible. Necesitamos gobernantes políticamente consecuentes que afronten el problema de la emergencia climática y la gestión del agua en un ecosistema árido como el nuestro. En Andalucía, como en la Región de Murcia, la actitud de nuestros gobernantes tiende a eliminar el problema del sobreconsumo y los regadíos ilegales, dejando hacer y confiando en un agua trasvasada que todos saben que no llegará por la emergencia climática y la disminución de las lluvias.
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