El proyecto de Ley de Aceleración Empresarial que el gobierno de López Miras presenta a la Asamblea Regional, hecho al dictado de la patronal y con la aquiescencia de Ciudadanos representa una vuelta de tuerca más en el desgobierno y la desregulación medioambiental de nuestra región.
El proyecto, también apoyado por Ciudadanos, consta de 90 artículos y establece modificaciones sustantivas de carácter medioambiental, urbanístico, e industrial con el objetivo de eliminar salvaguardas ambientales y administrativas en la aprobación de proyectos empresariales. El empeño del gobierno regional en atacar y eliminar cualquier norma de protección medioambiental no tiene pudor. En lugar de gobernar para todos los murcianos y murcianas, asume una ley que le dicta de la patronal, a la cual no la ha votado nadie para gobernar la región.
La denominada Ley de Aceleración Empresarial Intenta confundir de una manera burda, llamando además aceleración lo que es simple desregularización ambiental. Establece igualmente una reducción de plazos para la concesión de las autorizaciones ambientales en el marco autonómico. El proceso y el plazo para la obtención de la autorización ambiental integrada se reduce un mes (pasa de diez a nueve meses) y las autorizaciones ambientales sectoriales' se reducen tres meses (pasa de seis a tres meses).
Es un premio para quienes se han saltado, normativas, mecanismos precautorios ambientales y procesos regulados con arreglo a las normativas ambientales. Esto va significar, en la práctica, que muchas empresas podrán soslayar los procesos y principios precautorios de muchas normativas de control y vigilancia medioambiental. Primará a empresarios que se acostumbraron a saltarse las normativas frente a otros emprendedores que cumplen con la legislación y las salvaguardas medioambientales. La arbitrariedad frente al proceso reglado se abre paso.
Pero la crítica más detallada jurídicamente, ha venido de la secretaria general de los Servicio Jurídicos de la Asamblea Regional, Encarna Fernández que, en su informe preliminar, señala que no quedan acreditados con precisión los títulos competenciales que fundamentan la facultad normativa de la Comunidad Autónoma en las materias reguladas. La letrada aprecia que, en algunos casos, se aprecia una clara ausencia de competencias.
También se critica que se utiliza una técnica normativa deficiente y contraria a la seguridad jurídica, propiciándose la reforma de normas variadas y no relativas a materias homogéneas ni conexas y que, además, algunos de sus preceptos invaden y suplantan competencias municipales; que corresponden a los ayuntamientos con carácter exclusivo. Para la letrada, se establecen disposiciones que pudieran ser contrarias a la normativa básica estatal y la supresión de distintos preceptos en algunas de las leyes que reforma, sin establecer regulación alternativa, lo que puede generar un vacío normativo causante de inseguridad jurídica.
La regularización de actividades e instalaciones que se contempla puede suponer una quiebra de los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y una infracción de los principios de seguridad jurídica e igualdad en el ámbito urbanístico y/o medioambiental. La Disposición Final Primera, que pretende conceder al gobierno regional una delegación legislativa para refundir textos legales, está incorrectamente redactada, lo que la deja vacía de contenido.
Se aprecia también que, incorrectamente, se incluye en el texto la fórmula de promulgación de la ley, para lo que los proponentes carecen de atribuciones y que, aunque no existe ninguna regulación parecida o similar a la que se propone en la legislación urbanística y/o medioambiental en el ámbito estatal ni en el autonómico. Se recuerda que el Tribunal Constitucional ha anulado distintas leyes que generaban inseguridad jurídica o lesionaban el derecho a un medio ambiente adecuado, principios constitucionales establecidos en los artículos 9 y 21 de la Constitución. Esta serie de críticas fundamentadas constituye un verdadero torpedo en la línea de flotación del proyecto del gobierno regional y la CROEM que pone en evidencia también la chapuza jurídica de este proyecto. Si se aprueba este proyecto será necesario pedir su nulidad al Tribunal Constitucional. El informe definitivo es especialmente crítico con la Disposición Adicional Primera, sobre regularización de actividades que plantea que pueda modificarse el planeamiento urbanístico para adecuarlo a usos o edificaciones en situación irregular lo que puede convertirse en un instrumento para legalizar actividades urbanísticas y construcciones ilegales.
Conviene recordar ahora, que las normativas de protección y salvaguardas medioambientales no solamente protegen el medio natural y las especies silvestres, también la salud pública, la calidad de vida y la seguridad jurídica de la gente. La administración regional lleva años reduciendo significativamente el presupuesto y el personal dedicado a las funciones medioambientales y desregularizando estas normativas. El camino es justo el contrario.
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