La falacia de la okupación
La reciente reforma impulsada por el PP y Vox en la Región de Murcia se presenta como una medida firme contra la ocupación ilegal. Según sus promotores, su objetivo es impedir que “los okupas” se beneficien de la vivienda asequible financiada con dinero público. Sin embargo, detrás de este discurso aparentemente contundente se esconde otra realidad: la norma no va dirigida contra redes criminales organizadas, sino contra las personas más vulnerables.
Conviene, además, poner el problema en su justa dimensión. A nivel nacional, el Ministerio del Interior registró 16.426 casos de ocupación ilegal en 2024, una cifra que equivale a un promedio de unas 45 ocupaciones al día. Aunque eso pueda sonar elevado, representa poco más de 0,06 % del total de viviendas en España, lo que indica que no estamos ante un fenómeno masivo que justifique una alarma social desproporcionada.
Los datos regionales confirman esa relativa minoría del fenómeno. Según fuentes locales, solo hay unos 435 casos de viviendas ocupadas ilegalmente, lo que representa aproximadamente el 0,05 % del parque total de viviendas en la Comunidad Autónoma. Además, aunque se iniciaron cerca de 500 procedimientos judiciales por ocupación en el último año, el tiempo promedio para desalojar un inmueble supera los 18 meses, lo que evidencia que lo que hay que mejorar, si acaso es esa demora.
Es cierto que los portales inmobiliarios muestran que en ciertos segmentos del mercado, como viviendas en venta, la presencia de inmuebles ocupados puede alcanzar cifras más elevadas (por ejemplo, alrededor del 5% en la provincia de Murcia).
Pero es fundamental aclarar que este dato se refiere únicamente a una parte muy concreta del mercado secundario y no al total del parque de viviendas disponible.
PP y Vox defienden la reforma como una forma de proteger la legalidad y los derechos de los propietarios. Sin embargo, la legislación vigente ya contempla mecanismos legales para proteger al propietario, incluidos procedimientos judiciales y desalojos, aunque lentos y mejorables, como muestran las cifras.
Presentar esta reforma como una necesidad urgente basada en una “crisis de okupación” es, cuando menos, una simplificación interesada. Los números no respaldan una emergencia generalizada, sino un problema localizado y minoritario que la ley ya aborda, aunque con limitaciones.
La reforma no solo criminaliza, sino que excluye de facto del acceso a vivienda asequible a personas que hayan sido condenadas por ocupación en los últimos diez años.
Sin embargo, como muestran los datos, la ocupación no es un fenómeno homogéneo: puede ir desde grupos organizados hasta familias en situación de precariedad que no encuentran otra alternativa habitacional.
Este enfoque punitivo ignora que la ocupación es muchas veces consecuencia de la falta de acceso real a la vivienda. Castigar a quienes han estado en esa situación no soluciona el problema de fondo; simplemente refuerza la exclusión social.
Las consecuencias de este enfoque son profundas. Excluir a las personas más vulnerables del acceso a vivienda pública no soluciona el problema: lo perpetua. Sin un hogar estable es imposible mantener un empleo digno, escolarizar adecuadamente a los hijos o reconstruir un proyecto de vida. La exclusión se hace crónica y los conflictos sociales se intensifican.
Además, medidas como esta contribuyen a estigmatizar la pobreza. Se transmite la idea de que quien ha caído en la exclusión es culpable de su situación y que las causas estructurales, como la escasez de vivienda asequible o la precariedad económica, son irrelevantes.
La vivienda no debería ser un premio para los “buenos ciudadanos” ni un castigo para los “malos”. Debería ser una herramienta para garantizar dignidad, estabilidad y cohesión social. Convertirla en un instrumento punitivo puede generar réditos políticos a corto plazo, pero no resuelve el problema de fondo.
Si realmente se quiere combatir la ocupación ilegal, la respuesta pasa por abrir puertas, no cerrarlas: más vivienda pública y asequible, políticas efectivas de prevención de desahucios, mediación entre partes y apoyo social real. Todo lo demás es propaganda populista.