No sé si para compensar la pérdida de ingresos por la supresión “temporal” del impuesto del 7% a la generación eléctrica tenga que ver con el incremento del impuesto al diésel. Lo cierto es que la tónica común de muchos, tal vez por su falta de ambición y timidez en materia fiscal, hace que en su mayoría se proponga una rebaja de los impuestos.
Sólo los de una tendencia más a la izquierda proponemos subidas, pero refiriéndolas siempre, eso sí, con conocimiento y pensando siempre en quienes mejor pueden soportarlas. Lo que no deja de resultar chocante en un país cuya presión fiscal es una de las más bajas de Europa. Como no puede ser de otro modo, la contrapartida tiene que encontrarse en su nivel de prestaciones y servicios públicos, muy por debajo en el caso de España.
Desde la época de Reagan y Thatcher, a medida que iba ganando terreno el ultra liberalismo económico, la fiscalidad y los impuestos se convertían en temas malditos en casi todas las latitudes, aunque el rechazo en España ha adquirido dimensiones aún mayores, hasta el punto de que son pocos los políticos que se atreven a defender abiertamente que hay que subir los impuestos. Incluso se ha llegado a afirmar que bajar los impuestos es de izquierdas. Ha ido tomando fuerza un discurso perverso: solo los empresarios privados crean empleo y riqueza, y, tal como algunos se preguntan con total descaro, ¿dónde va a estar mejor el dinero que en manos de los propios ciudadanos?
Hace mucho tiempo que Keynes señaló que lo que perjudica el crecimiento no es la igualdad, sino más bien el incremento de la desigualdad. Hoy lo afirma hasta la OCDE.
Es de necios pensar que la inversión pública carece de eficacia económica. Los servicios públicos no tienen por qué ser menos productivos que los suministrados por el sector privado. La decisión de si los servicios públicos se financian mediante impuestos (sector público) o mediante precios (sector privado) no es un problema económico, sino principalmente social y político.
Hay que huir del tópico de que los impuestos solo los deben pagar los ricos. La carga del sostenimiento tiene que ser siempre proporcional a la capacidad económica de cada cual, tal como sentencia nuestra Constitución.
No es menos cierto que desde principio de los noventa se ha ido produciendo en el sistema fiscal español un deterioro creciente del sistema tributario; impuestos indirectos como el IVA, que para nada son progresivos y que podríamos calificar de imposición injusta, se han ido introduciendo en nuestro sistema fiscal. Así, se da el caso de que cuando la Administración depende más de la financiación (del crédito) que de los recursos que obtiene de los propios tributos, un dato muy significativo es que los ingresos que recibe el Estado de entre todas las administraciones tan sólo alcanza al 40% del PIB; por consiguiente, el país, para seguir funcionando, necesita seguir financiándose en una proporción muy elevada. Y es entonces cuando se pierde la democracia y se convierte en una dictadura, la de los mercados; pues son ellos y no los ciudadanos los que tienen el poder de someter a los gobiernos.
Resumiendo, es urgente una reforma fiscal, ambiciosa, progresiva y suficiente. Una reforma fiscal de verdad, pero mucho me temo que sólo será posible tras lograr una profunda transformación política, aquí y en toda Europa.
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