Sobre la inutilidad, en una medida insoportable, de las denuncias por ataques al medio ambiente y su normativa, poco hay de nuevo que añadir desde la Región de Murcia, donde un poder agrario depredador impone sus intereses y arrasa con la esencia de nuestro medio ambiente (aguas, aire, suelos). Se lleva la palma la incesante violación de la Ley de Aguas con la puesta en regadío de suelos y cultivos de secano, lo que consiente, como costumbre y práctica habitual, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que es el organismo del Estado encargado de impedirlo.
Esto se comprueba cada día, no solamente en el Campo de Cartagena, con las consecuencias ya conocidas para el Mar Menor, sino un poco por toda la Región y, de forma creciente, en el Noroeste, especialmente los municipios de Caravaca, Moratalla y Calasparra.
La dinámica de las denuncias suele iniciarse en el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, en el que jóvenes y esforzados agentes suelen trabajar con seriedad y convicción, pese a su escasez en número y a la falta general de medios, informados y arropados, siempre, por los ecologistas. Sin embargo, muy pocas de esas denuncias –siguiendo con el asunto de los regadíos ilegales– llegan a influir en la conducta de la CHS que, o las archiva o, simplemente, las ignora.
Esta práctica, la de no dar siquiera entrada a las denuncias, ya fue subrayada en el escrito de imputación que el fiscal del TSJ de Madrid, Emilio Valerio, formuló en marzo de 2004 contra empresas y políticos en relación con los abusos del agua en el Noroeste (y que acabó estrellándose contra la mala voluntad del aparato judicial, finalizando con el abandono, por dicho fiscal, de su propia carrera).
Desde el Consejo de Defensa del Noroeste quisimos, el pasado año, desentrañar el misterio de por qué las denuncias, concretamente del SEPRONA, no suelen prosperar si van contra la CHS: es decir, si, simplemente, los mandos de la Guardia Civil filtran y bloquean algunas de las denuncias de sus agentes; o si, una vez tramitadas, llegan a la CHS pero no se registran; o si, admitidas por esta CHS, nunca se convierten en sanción o multa, con la obligación de reparar el daño y volver a la situación anterior el suelo alterado, como manda la ley.
Y como lo más directo (y leal) era pedirle una reunión al coronel de la Comandancia de Murcia, Jesús Arribas, así lo hicimos, sufriendo una primera decepción al ver que rehuía ese contacto, mandándonos a su segundo, el teniente coronel Diego Mercader. Lo lamentamos de verdad porque, antes y después, nos hemos reunido con el Fiscal Jefe, Díaz Manzanera y con el presidente del TSJ, Pascual del Riquelme, en sendas sesiones en las que la cordialidad ha sido la nota dominante, y que no alteró ni la libertad con que expusimos nuestras protestas, ni la esperada convicción de ambas personalidades de que su labor es la más adecuada y justa posible. El coronel Arribas había proclamado, en su toma de posesión, que sería “intransigente con quien se aparte de una conducta ejemplar” (prensa del 15-12-2016) lo que, pese a ser una obviedad innecesaria en boca de un funcionario policial, animaba a plantearle las cosas a la cara: pero no hubo, ya digo, ocasión de ese encuentro (que seguro que habría sido igual de cordial que los otros citados).
La reunión (23-05-2019) con el teniente coronel Mercader, que estuvo acompañado del sargento primero José Antonio Fernández, responsable del SEPRONA, fue cordialísima, y tomaron buena nota de varias denuncias interpuestas ante el SEPRONA en enero de 2018 por el celebérrimo (y vergonzoso) asunto de 'El Chopillo', esa finca de Moratalla a donde no llega la ley ni el orden desde hace años; denuncias de las que nada sabíamos y que sospechábamos que, como de costumbre, las habría malversado la CHS, si es que le habían llegado. Quedaron nuestros amables interlocutores en indagar e informarnos, pero ha pasado más de un año y –como nos temíamos– nada ha habido.
Nuestro amigo Mercader no daba la impresión de estar muy informado de todo eso de las denuncias por regadíos ilegales, y el no menos amistoso Fernández se mantuvo en ese silencio, tan de ordenanza, que prevé el archisabido principio de que “donde hay patrón no manda marinero”. Nos quejamos de varios asuntos, y helados nos quedamos cuando el teniente coronel, visiblemente abatido, nos espetó: “Es que es muy difícil luchar contra las grandes empresas y el dinero”. Nos dijimos, para nuestros adentros, que menuda moral de victoria, pero no pudimos evitar corresponderle con nuestra mayor comprensión.
También le protestamos de la impunidad de tanto delincuente suelto: le recordamos el asalto, en 2008, a la casa de dos de nuestras compañeras en su finca, junto a la ya citada de 'El Chopillo', que continúa impune; y del caso, mucho más cercano, de la destrucción de la duna de Calnegre por uno/unos salvajes, pocos días antes de la reunión, que tenía toda la pinta de quedar también impune pese a las denuncias formuladas. Fue casualidad que conociéramos, ya en el pasillo de la Comandancia, al sargento Bonilla, responsable del Cuartel de Águilas y en cuya jurisdicción entra Calnegre, al que le preguntamos por lo de la duna: dijo que se estaba investigando, aseguró que se había aumentado la vigilancia, pero también añadió que nadie quería colaborar dando pistas en Calnegre-Ramonete. No quisimos molestarle, pero nos quedamos con las ganas de decirle que para tres o cuatro tractores que hay en la zona, identificar las rodadas que quedaron tampoco era tan difícil; optamos por el silencio respetuoso, ya que nos pareció que vive sobrepasado por sus tareas.
En fin. Nosotros hubiéramos querido que el coronel Arribas nos contase –dada la indignante inutilidad del trabajo de sus agentes cuando de denunciar regadíos ilegales se trata– cómo ve él tan escandaloso asunto: si controla las denuncias (la proporción, de entre las formuladas) que llegan a la CHS; si conoce por qué no llegan todas; si, de las que no llegan, algunas se quedan en el propio SEPRONA; cuántas de las que llegan quedan en el cajón de abajo del todo de esa dichosa CHS, y de las que nunca más vuelve a saberse… Que nos contara, vaya, cómo ve todo esto y qué opina del mamoneo a que somete la CHS a la Región entera, incluyendo a la Guardia Civil. Y le habríamos expresado nuestro estupor porque el esfuerzo de los agentes del SEPRONA no sirva de gran cosa, siendo tan necesario (y apreciado).
La habríamos hecho ver, si es que no está en esa onda, que el patriotismo más evidente, en la actualidad, es el nuestro, el de los ecologistas y defensores en general de la naturaleza, por lo que la colaboración entre la Guardia Civil y los luchadores por la tierra y sus recursos (la verdadera Patria, oigan) es obligada y tiene que dar resultados, sí o sí. Y que a ver por qué esto no funciona como debe.
Le habríamos insistido en que perseguir los delitos, es decir, los delincuentes, del medio ambiente se ha convertido en el 'núcleo duro' de la democracia, y mirar para otro lado, subdotar estos servicios o consentir el mamoneo de otros órganos administrativos, es conculcarla gravemente. No hay democracia que merezca ese nombre si el medio ambiente es un desastre y la delincuencia asociada queda, en lo esencial, impune. Y, por supuesto, le habríamos ofrecido nuestra colaboración de patriotas y demócratas para ayudar en la persecución de la canalla antiecológica, que tiene a nuestra Región hecha unos zorros. Creemos que debiera ser, ahora, el coronel Arribas quien nos llame a nosotros, y ver qué se puede hacer.
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