La pobreza energética es una de las caras menos visibles del empobrecimiento que sufren grandes sectores de la sociedad civil española y murciana. Puede definirse como la situación de una persona o familia que no pueden tener satisfechas las necesidades básicas de energía debido a su nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía o destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética.
El Informe sobre la Rehabilitación Energética en España, una oportunidad para mejorar el parque edificado, plantea la necesidad de actuar sobre tres millones de viviendas para mejorar la edificación y ayudar a las familias a salir de su situación de pobreza energética. Hasta un 39% de las viviendas registran una temperatura igual o inferior a 19º C. En la Región de Murcia, un 4% de los hogares murcianos pasará frío en invierno al tener una temperatura inferior a 17º C y un 39% mantendrá la temperatura entre los 18º y los 19º C, por debajo de la recomendada que, al menos, debería ser 20ºC.
Sorprende el despilfarro en la iluminación navideña de los grandes ayuntamientos, en tiempos de la COVID, y las situaciones de pobreza energética que crecen en la Región. Un ejemplo nos lo da la Cruz Roja que ha asistido a 130 familias en situación de pobreza energética a lo largo de 2020. Es la punta del iceberg de muchas personas mayores y familias con niños pequeños que viven en condiciones poco salubres, aumentando su situación de vulnerabilidad en el ámbito educativo y social. Cualquier familia o persona puede verse abocada a una situación de pobreza energética, por una cuestión puntual como la pérdida del puesto de trabajo o estar acogido a un ERTE. También hay personas o familias que no tienen recursos económicos para afrontar el gasto energético y las que cuentan con pocos ingresos, que tienen que destinarlos a cosas más básicas que pagar la electricidad.
El pasado 23 de diciembre, el Gobierno central promulgaba un Real Decreto, que prohibía los cortes de suministro a las familias vulnerables. Sin embargo, el decreto atiende a las familias que perciben el bono social eléctrico, es decir que han legalizado su situación de vulnerabilidad severa y ya están siendo atendidas por los servicios sociales. La normativa deja fuera a multitud de personas y familias que pueden sufrir cortes de suministros por falta de recursos y que no han sabido o no han podido regular su situación. Hay que ampliar la concesión de ayudas (bono social) más allá de las unidades familiares justificables mediante libro de familia. Hoy existen otras unidades de convivencia más diversas, como pisos compartidos, parejas de hecho, familias monoparentales, así como otras situaciones fuera de la actual regulación, a pesar de que son la población más vulnerable al problema.
Se debe reconocer como potenciales beneficiarios tanto a los consumidores vulnerables, los vulnerables severos y los consumidores en riesgo de exclusión que definen las normas estatales así como las personas titulares de un contrato de suministro en vivienda habitual, cuya potencia contratada sea igual o inferior a 10kw. La factura energética debe ser optimizada, para que las personas no paguen por encima de sus necesidades, ajustando el término de potencia a la demanda real y reduciendo el tipo de IVA al 4 % aplicado a las personas beneficiarias del bono.
Este tipo de cosas no pasarían si contásemos con una empresa pública eléctrica con una política específica sobre pobreza energética, entre otras medidas. Uno de los problemas de fondo es el modelo energético de nuestro país, un oligopolio energético (Endesa, Viesgo, EDP, Naturgy, Iberdrola, a las que se ha unido una empresa petrogasista como Repsol) que dicta unos elevados precios de la electricidad y que se configura como un verdadero gobierno en la sombra que elabora nuestra política energética sin que nadie les haya votado. Hay que establecer una reforma sustancial del mercado eléctrico, que evite las situaciones de oligopolio y que asegure el suministro energético a todas las personas, especialmente a los grupos más vulnerables y de fuentes renovables.
Las administraciones deben garantizar el derecho mínimo a una vida digna, a un hogar digno, y eso pasa por garantizar el suministro energético. El derecho a la energía es un derecho básico que es necesario asegurar mediante acciones decididas de los poderes públicos.
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