El 15 de febrero marcó un antes y un después tras la masiva manifestación celebrada en Madrid por los miles de interinos y temporales en fraude de ley. Defendieron su derecho a la transposición a las leyes españolas (de obligado cumplimiento) de la directiva europea que sanciona estas practicas y piden trasformar su condición temporal a fija.
Poco tiempo de reacción le queda al Gobierno progresista para reaccionar ante esta enquistada situación ya que la sentencia del Tribunal Europeo se espera para este 19 de marzo.
El 'problema de Estado' generado por las Administraciones al incumplir sus propias leyes es mucho más profundo de lo que se pudiera atisbar ya que la estabilidad del empleo del empleado público se tiene no como privilegio, sino como defensa de su independencia del poder político y garantía de imparcialidad frente al ciudadano. La falta de esta estabilidad favorece la corrupción, y no es difícil relacionar el hecho de que no sea casualidad que en la Europa del Sur se dé el mayor índice de corrupción al tiempo que falta una mayor estabilidad en el empleo público.
La indemnización a los 800.000 trabajadores en fraude como sanción sería inasumible para un Estado Español que alcanza su déficit público casi a la altura de su PIB. Es decir, debemos casi el país y la solución pasaría por trasponer la directiva europea 1999/70 a nuestra legislación y trasformar toda relación laboral en fraude por abuso de la temporalidad en fija. Esto supondría una sanción lo suficientemente ejemplar para que esta situación no se volviera a repetir. De esta manera, no repercutiría la mala gestión político-sindical a un ciudadano que esta harto de pagar errores y, desde luego, no hacérselo pagar al trabajador que no es el que ha generado el fraude.
En esto cabe la esperanza de la mayor sensibilidad que plantea Podemos tanto en Castilla-La Mancha para Sanidad y Educación como para los trabajadores del servicio madrileño de salud un concurso de méritos como método de provisión de las plazas en fraude. Esto lo permite nuestro actual marco legislativo, pero desde luego no supone una sanción, como viene a reflejar el informe de la abogada de la UE, ni traspone la directiva europea 1999/70.
Ya sabemos que reconocer errores no es el fuerte de los gobiernos ni de los sindicatos que cobran subvenciones de estos, pero quiero suponer el valor “como en la mili” a este Gobierno que se autodenomina progresista que lo sea de un modo algo más que nominativo y que gobierne de forma que no haga pagar ni al trabajador ni al ciudadano los errores que no han cometido, condición que se necesita para que España deje de pertenecer a la Europa del Sur.
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