La comunidad educativa de la Región de Murcia está que arde. Maestras, maestros, profesores, pero también conserjes y personal de limpieza. Nadie entiende como, después de cinco meses desde el comienzo de esta pandemia, no se ha tomado ni una sola medida efectiva para garantizar una vuelta segura a las aulas. Lo cierto es que nunca hemos tenido la sensación de que la Consejería de Educación tuviera la intención de poner más recursos a disposición de los centros para hacer realidad esta vuelta.
Una vuelta al cole segura pasa necesariamente por reducir las ratios de alumnos por aula y aumentar las plazas de profesorado. Es la única manera de que se cumplan las medidas de distanciamiento social, así como desdoblar grupos ampliando los espacios con los que cuentan los centros. Para que esto sea posible se necesita más profesorado y también inversiones para adaptar nuestros coles e institutos a este nuevo Escenario. No es ningún misterio para nadie que lo que necesitamos es más docentes y medios.
No se trata de un problema nuevo. Murcia arrastra la tercera ratio más alta de alumnado por aula en todas las etapas educativas, desde infantil a bachillerato. Solo estamos por detrás de Ceuta y Melilla. Las comunidades que llevan tiempo invirtiendo más que Murcia en educación están más cerca del objetivo. Aquí vamos a pagar muy caro los años de recortes y un maltrato sistemático a la educación pública. No olvidamos, pero ahora es tiempo de mirar al futuro inmediato: si reducir esta ratio de la vergüenza ya era algo imperativo para mejorar la calidad de la enseñanza, ahora es un punto innegociable para garantizar la salud de docentes y alumnado.
Frente a esta necesidad objetiva, nos encontramos con un muro de excusas, lamentos y promesas vanas por parte de la consejera Esperanza Moreno. El 10 de julio se anunció unilateralmente la contratación de 500 profesores extra. Desde entonces, nada más se supo. Ni están ni se les espera. ¿Qué pasa entonces con los 73 millones de euros transferidos a la Región de Murcia por el Ministerio de Educación? ¿Dónde piensan meterlos? Ese importe bastaría para contratar a unos 3.000 profesores durante todo un curso académico. El fondo del Ministerio no puede quedar al arbitrio de un gobierno regional del que la comunidad educativa ya no se fía. Debe tener un carácter finalista e ir destinado a la contratación de profesorado.
Garantizar la vuelta segura al cole no es una opción. Es una obligación. El derecho a la educación es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Española. Si algo se ha demostrado durante los meses de confinamiento es el papel fundamental que desempeñan los docentes en el aula, un valor añadido que no pueden compensar las nuevas tecnologías. También la existencia de una gran brecha digital, que se solapa con la brecha social que en esta Región cobra la dimensión de un auténtico abismo.
Una vuelta segura al cole es innegociable, porque el derecho a la educación es innegociable. La Consejería de Educación no puede escudarse ahora en la situación sanitaria para tapar meses de inacción y años de recortes. Lo que tiene que hacer es lo que debería haber hecho ya hace meses: sentarse con el conjunto de los representantes de la comunidad educativa (AMPAs, sindicatos, centros, asociaciones de docentes y representantes del alumnado) para hacer un diagnóstico de los recursos necesarios para que podamos volver al cole y quedarnos. Movilizar todos los recursos necesarios, los transferidos por el Estado y también medios propios. Septiembre está al caer. Se acabaron las excusas.
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