Los juzgados, a favor del cuidado de las colonias felinas durante el confinamiento

En España en muy pocas ocasiones han llegado casos de gatos ferales o de colonias felinas a los juzgados. Hay casos contados, como el de la  sentencia histórica de 2014 en la que el Ayuntamiento de Madrid fue condenado a devolver las multas impuestas a gestores de colonias felinas, así como a pagar las costas judiciales.

O la sentencia del juzgado de Cartagena en la que se tildó de grosera la actitud del Ayuntamiento de Cartagena en la tramitación de un expediente administrativo en el que se acordó la captura de varios gatos ferales controlados, esterilizados y atendidos por una protectora de animales sin darle el trámite de audiencia previa a la entidad que  los cuidaba. El juez declaró nulo el citado expediente y, por ende, la captura de los pobres gatos ferales citados.

Hoy, para fortuna de muchas personas que amamos y respetamos a los animales y por supuesto también a los gatos ferales, estamos de celebración por la rápida justicia que se ha hecho durante el estado de alarma en esta materia.

Varios Ayuntamientos que citaré a continuación fueron llevados a los juzgados de lo contencioso- administrativo de su partido judicial por parte de protectoras de animales cuyos voluntarios se sentían como fugitivos cada vez que tenían que salir de sus casas para atender a gatos ferales de colonias felinas de su municipio. Gatos que, por cierto, no son suyos, sino que son de todos los vecinos de los municipio y, sobre todo, son responsabilidad de su  Ayuntamiento tenerlos bien atendidos.

Pues bien, como consecuencia de la inexistente protección de las colonias felinas de los municipios de Villajoyosa y San Juan en Alicante, Sevilla capital, San Bartolomé de Lanzarote y Arrecife en Las Palmas de Gran Canarias, las entidades de protección animal que velaban por el cuidado de los gatos ferales en los respectivos municipios han tenido que acudir a los juzgados para poder cuidar de los gatos ferales durante el estado de alarma.

Las protectoras de animales no han acudido por gusto a los juzgados, sino que lo han hecho porque estaban ya más que cansados de la falta de actuación al respecto por sus respectivos municipios, así como por el miedo ante la amenaza constante de ser multados con una multa mínima de 601,00 euros la primera vez y con una multa mínima de 10.401,00 euros si se reincidía.

Es increíble a día de hoy, que por el mero hecho de hacer una labor social, tal y como lo es, la labor de cuidado, alimento, rescate y proporcionar asistencia veterinaria a gatos ferales, muchos ciudadanos y voluntarios de entidades de protección animal hayan sido multados y/o se hayan sentido amenazados de ser multados cuando se trata de una conducta que estaba legitimada por el Tobierno durante el estado de alarma, así como por la propia directora de salud pública.

Porque atender a las colonias felinas es una cuestión de sanidad pública y por supuesto, también de protección animal.

Bueno, pues como decía anteriormente, algunas protectoras de animales se han visto practicamente obligadas durante el estado de alarma a acudir a sus respectivos juzgados de lo contencioso- administrativo para pedir una autorización de su Ayuntamiento para poder dar de comer, llevar al veterinario y/o rescatar gatos ferales de colonias felinas de sus municipios, que se hallasen en sitios o espacios públicos, abiertos o cerrados durante el estado de alarma.

La respuesta de los juzgados de lo contencioso administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla y Alicante han sido impresionantes. La mayoría de ellos, en aproximadamente 24 horas, han dictado medidas urgentes, conocidas popularmente como órdenes judiciales, y jurídicamente como medidas cautelarísimas reguladas en el artículo 135 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, acordando lo siguiente:

“Requerir a los Ayuntamientos citados para que dieran acreditaciones urgentes a las protectoras de animales que los habían llevado al juzgado,  para que durante el estado de alarma, pudieran alimentar, rescatar y llevar al veterinario, a los animales abandonados y extraviados de sus municipios, principalmente a las colonias felinas y también a otros animales, como por ejemplo, patos, gallinas o aves, que habiten en parques públicos u otros espacios públicos, tanto si estuvieren abiertos como cerrados durante el estado de alarma.”acreditaciones urgentes a las protectoras de animales que los habían llevado al juzgado,  para que durante el estado de alarma, pudieran alimentar, rescatar y llevar al veterinario, a los animales abandonados y extraviados de sus municipiosolonias felinashabiten en parques públicos u otros espacios públicos

El primer Ayuntamiento llevado ante el juzgado por una protectora de animales de su municipio fue el de Villayosa en Alicante, de la mano de la abogada Maria Girona.

Sin lugar dudas, hay que estar de enhorabuena por el reconocimiento de los juzgados de las colonias felinas y sus derechos durante el estado de alarma, así como el reconocimiento de los derechos de las protectoras de animales que han pedido auxilio a los juzgados para poder realizar su fin social, como es el hecho de cuidar y atender animales, en este caso, a los gatos ferales.

 

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