El Gobierno regional rinde cuentas por su gestión de los ERTE entre peticiones de dimisión desde la oposición

El consejero de Empleo, Investigación y Universidades de la Región de Murcia, Miguel Motas Guzmán, ha defendido a capa y espada la gestión de su cartera frente a la crisis sanitaria propiciada por la COVID-19 en el nuevo pleno de la Asamblea Regional. La cita tuvo lugar por petición propia y del grupo parlamentario socialista, que le pidió rendir cuentas por la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a nivel regional, entre otras acciones llevadas a cabo para paliar las consecuencias por la crisis del coronavirus.

Según declaraciones de Motas, se han registrado un total de 14.273 expedientes temporales en la Región, de los que se han resuelto un 98 por ciento, una labor conseguida con una plantilla de 231 funcionarios que antes de la crisis sanitaria era realizada por solo dos personas, y dentro de la “complejidad” de hacerlo a través del teletrabajo. La portavoz de su grupo parlamentario (Partido Popular), Miriam Guardiola, ha remarcado el “gran trabajo y la labor incansable” de la consejería en la resolución de la “avalancha de los ERTE para que los empleados pudieran cobrar la prestación”.

Desde la oposición, no obstante, se ha criticado duramente la gestión de Motas en la tramitación de los ERTE. La diputada del grupo parlamentario socialista Virginia Lopo ha denunciado que el retraso en sacar adelante los expedientes de regulación  por parte de la Consejería de Empleo ha supuesto un “perjuicio grave para trabajadores y empresas”.

La diputada ha insistido en pedir la dimisión del consejero por su “nefasta” gestión: “Todos los ERTE de fuerza mayor que se han tramitado por la Comunidad Autónoma, han sido por silencio administrativo positivo, es decir, sin informe de la Consejería en cuanto a la existencia de la fuerza mayor, teniendo la posibilidad de solicitarlo”. Además, ha explicado que los expedientes que se ha tramitado la Consejería son “todos de fuerza mayor”, y que de los solicitados por causas económicas, técnicas u organizativas no se han tramitado “prácticamente ninguno”.

“Esa falta de velar por la legalidad va a traer perjuicios graves a empresas y asesores ya que, en el caso de que se produzcan irregularidades, en los ERTES, no serán ellos [los empleados] los que tengan que devolver las prestaciones, sino las empresas”, ha indicado. “Eso lo sabe el consejero y lo ha reconocido, pero le ha quitado importancia porque no es consciente de la gravedad de la situación”.

Críticas por las ayudas a autónomos

La portavoz de Podemos en la cámara autonómica, María Marín, ha intervenido en la misma línea que la socialista respecto a la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo. Marín ha criticado que el consejero Motas haya comparecido en la asamblea dos meses después del inicio de la crisis, y que lo haya hecho para “presumir de la gestión realizada” y ha cuestionado la “calidad jurídica” de estas resoluciones, cuando “miles de empresas han visto aprobado su ERTE por silencio administrativo de la Consejería”.

La diputada ha expresado que esta situación conducirá a que tras las pertinentes revisiones por parte del Ministerio, “muchos de ellos puedan verse afectados en unos meses por un informe negativo y la anulación del expediente”. Esto supondría para las empresas “la devolución de las cuotas bonificadas y de las prestaciones por desempleo recibidas por los trabajadores afectados”.

En cuanto a los autónomos, Marín ha criticado que la Región de Murcia sólo haya movilizado un 0,1 por ciento del presupuesto autonómico (cinco millones de euros), es decir, “ayudas puntuales de 286 euros a autónomos con una disminución de la facturación de entre el 40 y el 75 por ciento”. La diputada ha comparado esta cantidad con las medidas que ha tomado (entre otros territorios) la Comunidad Valenciana, que ofrece entre 750 y 1.500 euros.