La presencia de la mujer en la política murciana, una realidad que avanza lenta pero imparable

En las segundas elecciones municipales de la historia de la democracia, las de 1983, solo cuatro de las 45 alcaldías de la Región fueron ocupadas por mujeres. Murcia, como el resto de autonomías, todas recién constituidas a excepción de Ceuta y Melilla, se desperezaba tras 40 años de dictadura en los que el género femenino había sido relegado en exclusiva al cuidado del hogar y a la crianza. No obstante, a pesar de las particularidades que marcaban aquel contexto económico, político y social, los comicios arrojaron un resultado extraordinario en la Comunidad Autónoma: fue la primera en número de regidoras con un 8,90%, seguida de lejos por Cantabria (3,90%) y muy por encima del dos en que se situó la media de aquel proceso electoral. 

En los ocho lustros que separan la actualidad de la Transición, la cifra de mujeres al frente de las alcaldías murcianas ha crecido a un ritmo lento y caracterizado por un largo periodo de estabilidad a la baja. Tras aquella cifra que situó a la Región a la cabeza en lo referente a regidoras, comenzó una extensa etapa en la que se mantuvo por debajo del porcentaje global del país. Así, en los comicios celebrados en 1987 solo una mujer consiguió hacerse con el bastón de mando de un ayuntamiento, y en los siguientes, celebrados en 1991, dos. En los años posteriores el número varió entre tres y seis y no fue hasta bien entrado el siglo XXI, concretamente en 2007, cuando la representación de las mujeres al frente de los consistorios de la Región rompió por primera vez el techo del 10%. Habían pasado casi cuatro décadas del inicio de la España democrática.

Fue precisamente en 2007 cuando el Gobierno central impulsó la Ley para la igualdad efectiva como respuesta a la preocupación creciente por la discriminación de la mujer en todos los ámbitos, incluido el político. La normativa se amplió al terreno de la legislación relativa a los comicios y, a través de una modificación de la Ley del Régimen Electoral General (LOREG), se pusieron en marcha mecanismos para corregir la desigualdad en la esfera de poder y toma de decisiones. Se estableció así la proporción 40/60 con el objetivo de garantizar un mínimo “equilibrio numérico” entre hombres y mujeres en las candidaturas de los partidos, pero no se introdujeron fórmulas para asegurar un orden equitativo de los puestos, de manera que los primeros podían ser ocupados por hombres y los últimos, por mujeres.

Un estudio elaborado por el Ministerio del Interior sobre el impacto de esta Ley en las elecciones locales de 2011 revela que los consistorios de la Región de Murcia cumplían, aunque con poco margen, la citada proporción en lo referente al número de concejalas. No es el caso, sin embargo, de otros órganos como la Asamblea regional, donde en 2017, por ejemplo, la representación femenina se situó en el 35%, la menor tasa de todas las comunidades autónomas.

En los próximos cuatro años solo 15 casas consistoriales de la Región, el 33,3%, van a ser gobernadas por mujeres. Son las de Águilas; Alhama de Murcia; Archena; Beniel; Bullas; Campos del Río; Cartagena; Cehegín; Fortuna; Fuente Álamo; Jumilla; Molina de Segura; Puerto Lumbreras; San Pedro del Pinatar y Santomera.

Cinco de ellas pertenecen al PP, nueve al PSOE y una a Ciudadanos. A falta de conocer datos actuales sobre el organigrama de todos los equipos de gobierno de los diferentes municipios, la proporción de concejalas ha pasado del 21,6 por ciento en 1995 al 43,6 en 2015. Eso sí, siempre bajo un denominador común: las competencias relacionadas con la cultura o los servicios sociales recaen de forma mayoritaria en las concejalas, frente a otras carteras de acción política 'más determinante' para el imaginario colectivo como la economía o las infraestructuras, que suelen estar dirigidas por hombres.

En el Parlamento autonómico, el porcentaje de diputadas recién constituida la Cámara asciende al 44,4%, una proporción cercana al anhelado 50/50 que, sin embargo, se rompe con rotunda claridad en la Mesa de la Asamblea. En esta nueva legislatura solo formará parte de ella una mujer, la socialista Gloria Alarcón. A su lado, cuatro hombres: su colega de partido Emilio Ivars; el presidente, Alberto Castillo, de Ciudadanos; Miguel Ángel Miralles, del PP, y Francisco José Cabrera, de Vox.

Hasta ahora la lucha por la igualdad se ha librado con especial intensidad en las calles, abanderada por colectivos, movimientos sociales organizados y muchas personas, gran parte de ellas jóvenes, que actúan a título individual. La incorporación de cada vez más mujeres a la vida política murciana es una realidad que avanza, como en el resto de comunidades, de forma lenta pero imparable. La responsabilidad de las administraciones públicas es fundamental, además de obligada, para poner en práctica reivindicaciones históricas recogidas sobre el papel por numerosos organismos incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que incluye entre sus ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) la urgencia de “asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública”.