El Gobierno de Murcia inicia los trámites para controlar los vertidos y el regadío ilegal al Mar Menor

El Consejo de Gobierno de Murcia ha aprobado el inicio de los trámites para solicitar al Estado el traspaso a la Comunidad de las competencias en materia de ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas superficiales y subterráneas que discurran o se hallen íntegramente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, como ya anunció el presidente regional, Fernando López Miras, este pasado viernes. Esta posibilidad se contempla en el artículo 10.8 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y permitiría a la Comunidad asumir la gestión de los cauces, ramblas y escorrentías cuyas aguas vierten en la cuenca del Mar Menor, de forma que el Ejecutivo de López Miras tendría control sobre el dominio público hidráulico que gestiona la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y podría actuar directamente sobre la explotación de los embalses y acuíferos, ha explicado el consejero del área, Antonio Luengo, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La confirmación de esa petición de transferencia de competencias llega un día después de la visita de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, al Mar Menor, ocasionada por la crisis de anoxia del ecosistema que en los últimos diez días se ha materializado en la muerte de toneladas de peces. El consejero Luengo ha adelantado que en los próximos días se hará un balance total, por lo que la cifra será mayor a las 5 toneladas que se anunciaron a principios de esta semana.

La Comunidad Autónoma ya tiene las competencias del regadío, de los vertidos directos tierra-mar, de la ordenación territorial, el medio ambiente y la gestión de la laguna: “Y no se ha hecho absolutamente nada”, critican científicos como Julia Martínez, profesora de la Universidad de Murcia, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua y exmiembro del comité cientı́fico el Mar Menor, dependiente del Gobierno murciano.

La intención del Ejecutivo murciano -que reiteraron este jueves a la ministra durante su reunión en San Esteban- es asumir las competencias de administración y control del dominio público hidráulico y de los aprovechamientos de interés general; las funciones administrativas relativas a la conservación y a la policía de las aguas y sus cauces; la declaración de sobreexplotación de los acuíferos subterráneos o la gestión y la recaudación, en su caso, de todas las exacciones (impuestos, multas, deudas…) relativas al dominio público hidráulico, entre otras cuestiones.

Por otra parte, el Ejecutivo regional ha anunciado que se reunirá nuevamente para sacar adelante el decreto-ley que prohibirá el uso de fertilizantes nitrogenados en la zona más cercana al Mar Menor, junto con la reducción a la mitad de los plazos para restituir las hectáreas de regadío ilegal detectadas por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Para iniciar el proceso de traspaso de competencias, ha dicho Luengo, el Gobierno regional realizará la solicitud formal correspondiente ante el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y convocarán a la Comisión Mixta de Transferencias, donde se concretará qué competencias asume el Gobierno regional. 

En cuanto a la situación de la laguna salada, Antonio Luengo ha sido pesimista al constatar por las mediciones realizadas en las estaciones de agua niveles bajos en la concentración de oxígeno, no ha descartado nuevos episodios de muerte masiva de especies marinas y ha vuelto a reiterar la petición de dragar la gola de Marchamalo -canal que conecta con el Mediterráneo- para oxigenar la laguna.