Hacer público parte del servicio de comedores hospitalarios, un quebradero de 750.000 euros
La disponibilidad presupuestaria comienza a convertirse en el caballo de batalla del Gobierno de Barkos cuando quiere dar la vuelta a alguna actuación de anteriores ejecutivos de UPN. Entendida como falta de dinero en las arcas públicas, la disponibilidad presupuestaria es el condicionante con el que ha topado el consejero de Salud, Fernando Domínguez, en su objetivo de revertir la privatización de las comidas que se sirven en los hospitales navarros.
750.000 euros tienen la culpa. Son el sobrecoste que, según los cálculos de Domínguez, se necesita para que personal del departamento que dirige vuelva a hacerse cargo del aprovisionamiento y elaboración de las comidas de los hospitales. El contrato con la actual concesionaria concluye en septiembre. Así que Domínguez busca financiación extra en un presupuesto que, tras los recortes que introdujo UPN entre los años 2011 y 2013, tiene más que decidido el destino de cada euro de crecimiento que se ha introducido este año.
Sus socios de Gobierno, Bildu, Podemos e I - E, buscarán facilitarle la tarea. Al menos, así debería ocurrir tras reclamar estas formaciones que la reversión a lo público de la cocina hospitalaria sea completa y no parcial, como propone el consejero. Por el contrario, desde la oposición parlamentaria se entiende que ésta no es una cuestión prioritaria.
Revertir a lo público es caro
Domínguez se asemeja más a un consejero de Economía que a uno de Salud cuando habla sobre el servicio de comida hospitalaria. Porque, aunque su objetivo más importante es el de garantizar la sanidad alimentaria de los pacientes, los argumentos de su discurso son mayoritariamente económicos. La reversión parcial de las cocinas a lo público que propone es, reconoce, la búsqueda de un equilibrio entre el beneficio global y el coste económico.
Según sus datos, que las cocinas vuelvan a ser parcialmente responsabilidad pública supondrá un coste añadido de 750.000 euros por encima de los 5,5 millones que actualmente cuesta el servicio privatizado y en manos de Mediterránea de Catering. El proyecto de Domínguez consiste en que personal del departamento se haga cargo del aprovisionamiento y elaboración de las comidas y, en una primera fase, una empresa externa se ocupe de las tareas auxiliares como el emplatado, la distribución de la comida entre los pacientes y la limpieza. Para la puesta en marcha de esta reversión parcial, sería necesaria la creación de 32 puestos de trabajo públicos.
El coste de este modelo sería de 6,3 millones repartidos entre los 2,6 que habría que pagar a la empresa externa, 0,9 millones para gastos de personal y 2,6 millones para consumos y costes directos. Domínguez también tiene calculado el coste de devolver íntegramente a lo público las cocinas hospitalarias: 6,9 millones de euros. Es decir, 1,3 millones de sobrecoste por encima del gasto actual.
Privatizar “no ahorra”
La cuestión del gasto extra que supondrá hacer público el servicio de cocina hospitalaria es el principal argumento en contra de la iniciativa para UPN, artífice de la privatización del servicio en 2013. Su consejera de Salud, Marta Vera, defendió la privatización de las cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra porque permitirían ahorrar 3,5 millones de euros anuales a las arcas públicas.
Pero, a un año de funcionamiento del servicio privatizado, fue la Cámara de Comptos quien le enmendó la plana: si el servicio se hubiera seguido prestando con medios públicos, el ahorro hubiera sido 670.000 euros mayor. Además, Comptos detectó nuevos incumplimientos de Mediterránea de Catering que se sumaron a los cientos de quejas por el servicio desde su puesta en funcionamiento, y que han llevado al Gobierno a sancionar a la empresa en varias ocasiones.
Para seguir la recomendación de Comptos, que propuso una vuelta a lo público de las cocinas hospitalarias, al consejero Domínguez le queda por delante un difícil camino de búsqueda de financiación. Privatizar las cocinas de los hospitales no sólo no supuso el ahorro prometido, sino que ahora significará un desembolso extra para el que no están preparadas las arcas públicas.
