UPN quiere frenar la transparencia en la comisión de investigación de la CAN

El voto en contra de UPN para que la comisión que investiga el final de la Caja de Ahorros de Navarra (CAN) pueda examinar las actas de la entidad financiera, correspondientes a los años 2000 y 2012, no impidió que los grupos del cuatripartito y el PSN aprobasen solicitar al Gobierno foral el acceso a dichos documentos. Así que, en una maniobra de penúltima hora, los regionalistas han presentado un recurso ante el Parlamento solicitando que los documentos a los que pueda tener acceso la comisión de investigación sean sólo los referentes a la Fundación CAN, y no a los que recogen las sesiones de los órganos de gobierno de la entidad financiera.

El pasado 24 de febrero, se dio luz verde a que la comisión de investigación que estudia en el Parlamento foral el final de la antigua Caja Navarra tenga a su alcance las actas de las sesiones que los órganos rectores de la entidad financiera mantuvieron entre los años 2000 y 2012. Finalmente, será el propio Gobierno foral quien decida si las actas de los órganos rectores de la antigua Caja Navarra son una “documentación necesaria” para ejercer la función de “protectorado” que el Ejecutivo tiene asignada sobre la extinta entidad financiera. Y, si así lo establece, pondrá dichas actas a disposición de los grupos.

El Gobierno foral tiene de plazo hasta el día 8 de marzo para responder a la comisión de investigación si la numerosa documentación que figura en poder del Ejecutivo puede ser revisada por los parlamentarios que investigan el asunto. Un reciente informe de los servicios jurídicos del Parlamento determinó que los miembros de la comisión podrían acceder a las actas de la CAN si el Gobierno determinaba que esta documentación era necesaria para la labor de “protectorado” que la ley otorga al Ejecutivo sobre la Fundación CAN.

50.000 folios de actas

Geroa Bai, Bildu, Podemos, Izquierda Unida y el PSN votaron a favor de pedir su parecer al Gobierno y, en el caso de que este diga el próximo día 8 que se trata de documentación relevante para la comisión de investigación, solicitaron al Ejecutivo que habilite un lugar para poder estudiar las actas, que suman casi 50.000 folios.

UPN intenta demorar el acceso del Parlamento a las actas y para ello ha recurrido el informe de los servicios jurídicos solicitando que la información accesible sea exclusivamente la referida a la Fundación CAN, entidad sobre la que ahora ejerce su protectorado el Gobierno.

No obstante, UPN es conocedor que el Gobierno de Navarra ejercía el protectorado que la ley le otorgaba sobre Caja Navarra entre los años 2000 y 2012 (años en los que UPN lideraba el Gobierno de Navarra y muchos de sus más relevantes miembros ocupaban además puestos de responsabilidad en los distintos órganos de gobierno de la extinta CAN), de manera que, anticipándose a que los servicios jurídicos puedan responder de forma negativa a su petición de restricción, los regionalistas hacen hincapié en su recurso en el hecho de que la información contenida en las actas de CAN está protegida por la ley y que su difusión podría ser considerada un delito. Por esta razón, UPN propone que el Parlamento declare a los miembros de la comisión de investigación que examinen las actas “responsables solidarios” de que se mantenga en secreto su contenido.