El Gobierno confirma la clausura de Rozalejo “por seguridad” y comienza a sellar las entradas
El Gobierno de Navarra ha confirmado este jueves su intención clausurar el Palacio del Marqués de Rozalejo en Pamplona por motivos de seguridad. El informe provisional de los técnicos de Patrimonio confirma un “agravamiento” de los riesgos ya detectados en agosto pasado, por lo que los operarios han comenzado ya a sellar con hormigón las entradas al edificio, si bien el vicepresidente Manu Ayerdi ha reconocido que sus características y ubicación “hacen imposible asegurar la impenetrabilidad al 100%”.
Todavía con el recuerdo del primer desalojo y la posterior reocupación del palacio en agosto de 2018 -así como con las diferentes posturas políticas de los socios del cuatripartito al respecto- Manu Ayerdi ha afirmado que “la prioridad” en este asunto es la “seguridad absoluta”. “Lo que dice el informe técnico es que en estos meses se ha producido un agravamiento importante de las condiciones de seguridad del edificio”, ha expuesto el vicepresidente, para afirmar que ante esta situación “el Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer”.
La plaza de la Navarrería y sus aledaños seguían el jueves por la tarde bajo un importante dispositivo de seguridad, que ha sido criticado por los comerciantes de la zona por dificultar la vuelta a la vida cotidiana. También el sindicato abertzale LAB ha considerado la actuación “un desalojo encubierto”, y ha pedido la dimisión de la consejera de Interior, María José Beaumont, por las cargas policiales. Desde Orain Bai, Laura Pérez ha pedido la comparecencia de la presidenta, Uxue Barkos, en el Parlamento.
Las dotaciones antidisturbios de la Policía Foral y la Policía Nacional seguían vigilando para que los operarios puedan trabajar en el edificio. Durante la jornada de hoy han apuntalado las zonas más críticas de la estructura, eliminado la precaria instalación eléctrica, sacado escombros, levantado suelos y han comenzado con el sellado de las entradas.
Según el informe, todavía provisional, no existe “ningún tipo de garantía estructural” ni se conocen las posibles prestaciones de la estructura ante sobrecargas, por lo que el riesgo de uso es “muy elevado”.
Junto con el estructural, el eléctrico es el segundo factor de riesgo más importante pues se ha comprobado que, además del enganche ilegal, la instalación eléctrica no cumple ningún punto de la normativa y se aprecian cuadros sin protecciones diferenciales, así como cableado y conexiones sin protección y al alcance de cualquier persona.
Ambos riesgos son calificados de “extrema gravedad”, a los que se añaden la posibilidad de incendio por acumulación de productos inflamables, riesgo de caídas, instalaciones contraincendios sin garantías. Asimismo, advierte de que en caso de aglomeración de personas en el interior no existen accesos adecuados. Las obras realizadas por los okupas durante el año y medio que utilizaron el edificio acaban de comprometer la precaria situación.
El Gobierno de Navarra adquirió el edificio en el año 2005 y, como recoge el informe, en 2014 se llevó a cabo la obra de restauración de las cubiertas y en cuanto a los forjados, a pesar de la existencia de daños evidentes que requerían la sustitución de amplios tramos de viguetas, la intervención se limitó a colocar unas pocas líneas de apeo de la estructura en zonas donde la rotura de las piezas de madera o las señales de pudrición eran más evidentes.
Tanto la visita de los técnicos como las medidas correctoras se han confrontado in situ con el responsable de la Oficina de Rehabilitación del Ayuntamiento de Pamplona así como con el jefe de la Sección de Patrimonio Arquitectónico de Príncipe de Viana. Las actuaciones se han llevado a cabo respetando en todo momento los elementos protegidos del edificio.
El Gobierno sería responsable civil y penal
La consejera de Interior, María José Beaumont, ha manifestado que el Gobierno “sería responsable civil y penalmente en el supuesto en que hubiera ocurrido alguna circunstancia desafortunada como ha ocurrido en Badalona”. “Eso se tiene que entender”, ha comentado, informa Europa Press.
Beaumont ha manifestado, además, que el Ejecutivo “lamenta” las “molestias que todo esto está causando al vecindario”. “La propia Policía Foral es la primera que lo lamenta y por eso ha dicho que esta tarde ya no va a estar allá”, ha comentado.
La consejera ha indicado, preguntada por los incidentes en el Casco Antiguo, que “debió haber cargas de la Policía Nacional” y dos de la Policía Foral. “No se han utilizado por Policía Foral pelotas de goma, eso es radicalmente falso”, ha dicho, para añadir que “se utiliza una munición, unos cartuchos con punta de espuma deformable”.
Ha aclarado también que “no se ha disparado a ninguna ventana, fue una salva, que se disparan al alto, para evitar el cuerpo a cuerpo”. “Nos van a hacer un informe escrito con todas las actuaciones”, ha añadido, para exponer, ante las críticas de algunos partidos, que “ojalá se hubiera evitado las cargas, lo dicen los propios policías forales”. “Entienden que han actuado como debían”, ha expuesto, para indicar que “hasta este momento no nos consta que tengamos que abrir ningún expediente a ningún policía foral”.
Finalmente, la portavoz del Gobierno, María Solana, ha explicado que, en este tema, “se han tomado acciones legales desde el principio, desde septiembre de 2017 y en esas acciones legales se incluye todo, y se está a la espera de juicio”.
