De Montejurra a Hartza, el terrorismo oculto en Navarra: 24 de los 26 atentados de la extrema derecha no tienen víctimas reconocidas

El atentado en Montejurra (Estella-Lizarra) en 1976 en el que dos personas fallecieron y otras cuatro resultaron heridas por arma de fuego fue un hito en la historia del carlismo pero también dio comienzo a diez años en los que la extrema derecha cometió, al menos, 26 atentados terroristas en Navarra. “El convencimiento de tener que 'defender el orden establecido' y corregir varias 'libertades democráticas que comenzaban a instaurarse, como la libertad de pensamiento, de expresión y de opinión' llevaron a estos grupos a atacar a unos objetivos claros”, entre los que se encontraban representantes y militantes de la izquierda social, periodistas, libreros, abogados laboralistas y sindicalistas. Muchas de estas acciones violentas “quedaron impunes, sin denuncia ni procedimiento judicial”. Por ello, muchas de las víctimas “aún temen ofrecer su testimonio”. Para profundizar en el derecho a la verdad y conocer si el daño causado ha sido realmente reparado y reconocido legalmente, un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III ha presentado el informe 'El terrorismo desconocido. Atentados terroristas de extrema derecha en Navarra (1975-1985)' .

El estudio elaborado por Javier Dorado Porras, Ignacio Ángel Pérez Macías, Carlos Villalba Ángel y Lidia Señarís Cejas, cuatro investigadores del Instituto de Derechos Humanos “Gregorio Peces-Barba”, fue encargado por el Departamento de Relaciones Ciudadanas a través de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos. Ana Ollo, consejera de Relaciones Ciudadanas, ha señalado en la presentación que este trabajo forma parte de los estudios encomendados “en un intento de clarificar el pasado y contribuir a la reparación de las víctimas del terrorismo, en este caso vinculadas al GAL y a los grupos de extrema derecha. Todo ello desde el derecho a la verdad que debe ayudar a concienciar a la sociedad sobre esta realidad”.

Las acciones terroristas cometidas fueron “autojustificadas” con el llamado 'mesianismo católico'; creían ser “elegidos para la salvación ajena”, porque, como subraya el estudio, “no hay cabida a una mentalidad alternativa, a la disidencia, a soluciones propuestas por otros. Se aprecia una manipulación excesiva e interesada del ideario religioso y un marcado desprecio a la cultura, a las fuentes del saber y de progreso”. Grupos como los Guerrilleros de Cristo Rey y el Comando Adolfo Hitler atentaron hasta en cuatro ocasiones contra librerías pamplonesas. La primera de las acciones violentas contra El Parnasillo llegó en febrero de 1976. Cuando todavía no se había cumplido un mes de aquel atentado, los Guerrilleros de Cristo Rey volvieron a ejercer la violencia, tomando como objetivos las librerías El Parnasillo y Aritza. Dos años después, el 12 de febrero de 1978, el denominado Comando Adolfo Hitler acabó quemando la librería El Parnasillo, situada hasta entonces en el número 45 de la calle Castillo de Maya.

La revista Punto y Hora de Euskal Herria se convirtió en otro de los enemigos de los grupos terroristas de extrema derecha. En septiembre de 1976, la directora de la revista fue amenazada de muerte, aunque no se llegó a esclarecer quiénes fueron los autores. El 5 de octubre de 1977, Alianza Apostólica Anticomunista, más conocido como Triple A, hizo explotar una bomba en la sede que la revista tenía en Pamplona. “Sus pretextos funcionan como una 'suerte de legitimidad' a la irracionalidad de las acciones cometidas: desde reivindicaciones territoriales o separatistas, la extensión e imposición de un determinado credo religioso o la necesaria represalia por una acción previa de tipo militar, política, judicial o penitenciaria”. Así, estos grupos atentaron contra las sedes de LKI (Liga Komunista Iraultzailea), PCE (Partido Comunista Español) y UGT (Unión General de Trabajadores) en la capital navarra. Concejales de izquierda y HB –de Tafalla y Altsasu– también se vieron entre los blancos de los grupos de extrema derecha.

La desaparición de José Miguel Etxeberria Álvarez 'Naparra', exmiembro de ETA y miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas en el momento de su desaparición, en Iparralde en 1980 reivindicada por el Batallón Vasco Español y el asesinato de Ángel Gurmindo Lizarraga 'Stein', miembro de ETA, en 1984 a manos del GAL forman parte, asimismo, de la lista de atentados recogidos en el informe. El bar Lacalle de la calle Jarauta, lugar de referencia para la izquierda abertzale, también fue atacado con una bomba durante la transición española, si bien tampoco fue posible identificar al grupo que lo cometió. El último atentado del informe lo sufrieron las propietarias del restaurante Hartza. Después de varias amenazas, una de ellas resultó gravemente herida de bala.

Sin resolución judicial no hay víctimas

Solamente dos de los 26 atentados recogidos en el informe tienen resoluciones administrativas de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Ministerio del Interior. “La falta de determinación de los partícipes provoca una casi generalizada ausencia de resoluciones judiciales condenatorias”, subraya el informe, lo que causa que las personas perjudicadas por estos hechos no hayan sido reconocidas como víctimas. El Real Decreto Ley 3/1979 de Protección de la Seguridad Ciudadana desarrollado en 1982 “declaró indemnizables los daños sufridos a consecuencia del fenómeno terrorista”. Esta fue la “única disposición jurídica en materia de asistencia a víctimas del terrorismo”. Aunque el sistema de reparación se creó para “hechos sucedidos con posterioridad”, se permitió aplicar la norma a 'las reclamaciones que se hallaren en trámite' de hechos ocurridos con anterioridad. Sin embargo, el informe señala que “ninguna de las personas entrevistadas tuvo conocimiento de estas ayudas”.

La Resolución 60/147 de la ONU, en cambio, “considera 'víctima' a 'toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos”. Además, a diferencia de la disposición de asistencia a las víctimas desarrollada en 1982, la ONU “establece que 'una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima”. 

El grupo de investigadores subraya que “la actividad terrorista de grupos como ETA, GRAPO, FRAP, ha contado con una atención mayoritaria por parte de investigadores y estudiosos, tanto por el terrible balance de sus acciones como por la extensa duración de su actividad. Por el contrario, las acciones de grupos de extrema derecha —Triple A, Batallón Vasco Español, etc.— han tenido una menor repercusión social”. Por ello, los autores de la investigación recalcan en más de una ocasión que los resultados obtenidos en el estudio no son “exhaustivos” sino “aproximados”. Muchos de los datos provienen de testimonios “prestados por las víctimas”, aunque muchas de ellas siguen mostrando “temor a ofrecer su testimonio”, y hacen un llamamiento a “cualquier persona o familiar que pueda ofrecer datos o detalles sobre la violencia de extrema derecha en Navarra, a dirigirse a la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos”.